Operación Cóndor: Justicia italiana posterga para el 12 de marzo el inicio del proceso a militares latinoamericanos, varios de ellos chilenos

12/02/2015 | Por Verónica Romero
La idea es esclarecer la desaparición y asesinato de más de 20 italianos que fueron capturados en este operativo en América Latina entre 1970 y 1980. Entre los requeridos por la justicia en Italia se encuentran 11 exagentes de la dictadura chilena.

La Operación Cóndor se gestó desde Estados Unidos, pero fue puesta en marcha por Augusto Pinochet, quien propinó la unión de otras dictaduras reinantes en Latinoamérica en la década de 1970.

En ella se coordinó la represión política entre 1970 y 1980 en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia y tuvo como fin el exterminio de los militantes de oposición a los regímenes totalitarios.

Para ello los países intercambiaban información para secuestrar y hacer desaparecer a los contrarios a estos gobiernos, lo que incluía a ciudadanos extranjeros.

Finalmente el plan afectó la vida de 106 personas que hasta hoy continúan desaparecidas sin pistas sobre su paradero. Entre ellas hay 23 chilenos, aunque la mayoría de las víctimas son uruguayos. Además de 23 italianos, entre los que se cuenta a Juan Maino, Omar Ventureli y Juan Montilio, éste último era miembro de la guardia presidencial de Salvador Allende.

En este proceso, por el secuestro y asesinato de ciudadanos italianos, se acusó a 33 personas de participar de estos crímenes que van desde expresidentes hasta altos funcionarios de la Juntas Militares de la época.

La primera audiencia por la Operación Cóndor en Italia se postergó para el 12 de marzo, para analizar peticiones de los abogados. El fiscal Giancarlo Capaldo, quien lleva más de diez años investigando los hechos cree que el proceso se extenderá por un año. Además explicó que los imputados rechazaron comparecer ante la justicia italiana, ya sea en persona o por videoconferencia.

Entre los chilenos imputados  están el exprefecto de la policía Daniel Aguirre Mora; el militar Sergio Víctor Arellano Stark; el general (r) y exjefe de la DINA, Manuel Contreras; el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito; el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez.

El cargo por el que se les acusa a estos represores es el de homicidio agravado, lo que significaría una condena de cadena perpetua. De ser encontrados culpables, la justicia italiana pediría la extradición para poder hacer cumplir la pena.

En cuanto a la importancia que el caso tiene, el fiscal Capaldo expresó que "más que por las condenas es que servirá para aclarar las responsabilidades de este sistema que funcionó en América Latina".

Respecto de esta acción judicial, Margarita Maino, hermana de Juan Maino, una de las víctimas en la citada operación, desaparecido en 1976 valoró este procesamiento y manifestó que "lo encuentro maravilloso, no puedo creer que un país como Italia proteja más a los ciudadanos que en Chile".

Consultado sobre el juicio que se inicia en Italia por la Operación Cóndor, el jefe jurídico del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rodrigo Lledó, en entrevista con Cambio21 manifestó "estos son crímenes contra la humanidad, por lo que aún cuando los delitos se hayan cometido en Chile, existe el principio de jurisdicción universal en virtud del cual cualquier país del mundo que tenga un vínculo con estos sucesos puede hacer justicia si es que no se ha hecho previamente".

"Es una situación similar a la que ocurrió en España cuando el juez Baltasar  Garzón también tenía una causa en contra de la dictadura chilena y argentina por las violaciones a los derechos humanos que habían ocurrido en Sudamérica; había una investigación similar en Bélgica y en otros países. Italia ha continuado con estas investigaciones a pesar de que el Estado de Chile ha hecho esfuerzos por hacer justicia pero en muchos casos ha demorado mucho tiempo" añadió Lledó.

Con respecto a cuál es su opinión respecto de esta situación, el jurista comentó "me parece un poco lamentable que a pesar de los avances que se han hecho en materia de derechos humanos Chile aún está al debe con estas causas, de modo que hay otros países que cumplen con este deber internacional de hacer justicia tratándose de crímenes contra la humanidad".

En cuanto a la posibilidad de extraditar a quienes sean declarados culpables por la justicia italiana, el abogado dijo "habría que evaluarlo en su momento, ya que ellos tendrían que elevar la petición de extradición y ésta debiera ser diligenciada formalmente ante la Corte Suprema. La mejor forma que tendríamos de evitar estas extradiciones es que estos sujetos ya estén condenados en nuestro país y habría que verificar que se trata de los mismos delitos y que efectivamente existan condenas y que estas sean adecuadas".

Al respecto de la misma situación Cambio21 conversó con la vicepresidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, quien declaró "yo creo que Italia tiene todo el derecho de investigar los crímenes contra la humanidad cometidos en el Cono Sur de Latinoamérica en relación a sus ciudadanos y por lo tanto es un proceso que se ajusta al derecho judicial y ético que tienen los países de buscar justicia para sus conciudadanos o sus familiares. Creo que es una gran iniciativa, que ya lleva varios años, en un camino que finalmente comienza a tomar forma en este juicio donde ya hay imputados y que seguramente van a ser condenados y que corresponde a los nombres de los individuos que ya conocemos, muchos de los cuales están procesados o condenados en nuestro país y que tienen que responder en esta otra arista".

En cuanto a la posibilidad de extradición, García expresó "en general creo que los pedidos de extradición finalmente terminan con resoluciones denegatorias y por lo tanto es muy improbable, de acuerdo a como se han dado las cosas, que se de curso a extradiciones, sin embargo van a quedar condenados para el mundo y eso es parte de la justicia reparatoria más allá de lo estrictamente judicial".