El 29 de enero del 2015 se entregó en La Moneda una carta para la Presidenta Bachelet firmada por Oscar Yáñez, Arturo Villagrán y Víctor Concha, dirigentes nacionales de ASEMUCH, organización sindical que representa a la mayoría de los trabajadores municipales de todo el país. Por su presencia en las 346 comunas de Chile, las municipalidades y sus trabajadores, son el primer peldaño en la comunicación de los ciudadanos con el Estado y que, por su composición social, profesionales, técnicos y administrativos, son un buen reflejo del Chile plural y diverso.
Acusa
AFP AC, la modesta organización que presido, se siente muy interpretada
por esta carta y se congratula que Víctor Concha sea vicepresidente de
nuestra organización y Arturo Villagrán sea también socio de ella y por
ello cooperamos a su difusión.En su carta, los dirigentes sindicales le piden a la Presidenta dos acciones concretas:
1.-que presente un proyecto de ley para darle a los funcionarios públicos antiguos afiliados a las AFP, que fueron víctimas de la subcotización de sus remuneraciones en los años ochenta, el mismo trato que el gobierno del Presiente Aylwin le concedió por la ley 19.200 de 1993 a los funcionarios en esa condición que estaban afiliados al INP, y
2.- que no postergue el plazo para que la comisión que ella nombró sobre las AFP entregue su informe.
La presentación es respetuosa, tanto para las autoridades como para la pluralidad de opciones políticas que se dan en los trabajadores. En efecto, le informan que aunque la mayoría de esos trabajadores votaron por la Presidenta Bachelet, reconocen que, ejerciendo su legítimo derecho, otros colegas lo hicieron por otras opciones. Lo relevante es que señalan que todos, sin distinción, necesitan una solución para sus graves problemas.
La carta que comentamos entrega argumentos muy sólidos para comprobar lo justo de sus dos peticiones. Para fundamentar su primera demanda recuerdan que hay un trato desigual para personas que sufrieron el mismo daño. Citan la ley 19.200 de 1993, que permitió a los trabajadores beneficiados jubilar con el 80% de su remuneración y recuerdan que el afiliado en las AFP jubila con el 30% o menos.
Los dirigentes informan a la Presidenta que hay un apoyo político transversal para esta medida, incluso de las propias AFP, aunque existen dos opciones básicas. Una de las AFP, apoyada por el derecha que exigen un nuevo Bono Especial, que ellas administrarían, sacando las ganancias habituales y ellos respaldan el derecho de elegir entre irse al ex INP o permanecer en las AFP.
La carta menciona fuentes de financiamiento indiscutibles que permitirían hacer justicia a cerca de 100 mil trabajadores del sector público podrían elegir entre quedarse en las AFP con un Bono especial o irse al sistema de los trabajadores de la ley ya citada, terminando con el drama actual que viven esas personas que prefieren quedarse trabajando hasta los 70 o más años, porque sus pensiones serían del 25% de sus últimas remuneraciones. Además, dicen los trabajadores municipales, permitiría ascender a otros tantos por las vacantes que se liberan y miles de trabajadores nuevos podrían ser contratados e empleos decentes.
La misiva que resumimos, le menciona a la Presidenta que ella ha dicho que este tema corresponde una decisión política, con inevitables estudios técnicos, pero esencialmente la decisión es política. Recuerdan también que José Piñera pensaba lo mismo y por ello, en dictadura, nos impuso un sistema basado en los principios liberales, desconocido en el mundo y que dejó la Seguridad Social vigente sólo para las Fuerzas Armadas y de Orden.
Los dirigentes expresan que ninguna Comisión técnica podrá resolver este asunto político, ya que le corresponde al Ejecutivo y al Parlamento. La realidad la conoce ella muy bien, afirman los firmantes. Las pensiones que entregan las AFP equivalen a menos del 50% del salario mínimo, según las cifras de la Superintendencia de Pensiones. Reconocen que ella sabe que la pensión promedio de un oficial de las Fuerzas Armadas es superior a $ 1. 600.000 y que un médico del sector público jubila con cerca de $ 400 mil pesos al mes.
También mencionan su discurso del 11 de marzo de 2014, al asumir el mando de la nación, cuando dijo que el principal enemigo de Chile es la desigualdad. Le señalan que la raíz de la desigualdad está en las AFP, ya que con los recursos de los trabajadores, grupos económicos controlan cerca de 280 grandes empresas, incluidos Bancos, y por ello manipulan la parte de la economía que no está impactada por la crisis externa para presionar al gobierno.
Los dirigentes de ASEMUCH agregan que después de la Reforma Tributaria y la Reforma Educacional, se atrincheran para defender sus privilegios, Le recuerdan a la Presidenta que 6 gerentes generales de AFP manejan recursos equivalentes a 3 presupuestos nacionales, al 68% del PIB de Chile, sin control de los dueños del dinero, los trabajadores, el Congreso Nacional o la Contraloría. Tampoco son controladas por los grandes medios a prensa, porque son los principales avisadores, y mencionan algo que ha quedado vergonzosamente en evidencia en estos días: La gran influencia política conseguida con platas de los afiliados.
La sólida argumentación de los dirigentes mencionados nos lleva a repetir que la cuestión central no es compleja, es muy simple: ¿El gobierno restablecerá la Seguridad Social para todos los civiles que libremente así lo expresen, poniendo fin a la discriminatoria diferencia con los uniformados, o nos mantendrá encadenados a las AFP para condenar a los trabajadores viejos a la pobreza indigna?
Las informaciones que conocemos nos dicen que se postergará la discusión sobre las AFP y las Isapres. Incluso la promesa programática de la AFP estatal. ¿Qué opina la CUT, la ANEF y otras entidades sindicales? ¿Aceptan mantener intocables estos abusos?
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