23/02/2015 | Por Verónica Romero
Los antecedentes que se han considerado en el caso de torturas contra Harry Cohen han demostrado la participación del exalcalde de Providencia en crímenes de lesa humanidad realizados en Valdivia entre octubre y noviembre de 1973.
Los antecedentes que se han considerado en el caso de torturas contra Harry Cohen han demostrado la participación del exalcalde de Providencia en crímenes de lesa humanidad realizados en Valdivia entre octubre y noviembre de 1973.
Careo
en Valdivia entre el coronel (r) Cristián Labbé y Harry Cohen Vera por
apremios ilegítimos realizados en contra de Cohen. Las mentiras del
exalcalde de Providencia continúan desmoronándose debido a los testigos
que lo ubican en el lugar al momento de ocurrido los hechos.
Harry Cohen Vera, 22 años por aquel tiempo, fue detenido el 7 de noviembre de 1973 cuando se dirigía desde Santiago a Futrono, donde residía parte de su familia. El pelo largo y la barba destacaban en la desgarbada figura de un muchacho de aquella época, ajeno a la política, más preocupado de su trabajo como técnico eléctrico y de ayudar a los suyos. Fue secuestrado, torturado brutalmente y acusado de ser terrorista sin siquiera ser militante de algún partido político, cuando militares armados rodearon su casa apuntando a su familia y lo tomaron prisionero.
El ministro en visita extraordinaria, Juan Ignacio Correa Rosado, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, en contra de Cristián Labbé, ordenó su comparecencia para ser careado con Harry Cohen.
El exalcalde de Providencia se ha destacado por negar cualquier acusación en su contra que se refiera a apremios ilegítimos realizados por él cuando era miembro del Ejercito donde alcanzó el grado de coronel. Fue integrante de la DINA, guardia personal de Pinochet y también en algún momento ministro de la dictadura.
En este caso, Labbé no pudo negar lo hechos y reconoció que sí estaba en la zona en aquella época. Esto debido a la gran cantidad de testigos que lo ubicaron en el lugar y la fecha en que se sucedieron los ilícitos. Sin embargo, en su nuevo testimonio negó haber participado en torturas: "Nunca en mi vida he aplicado apremios a persona alguna", señaló el exDINA.
El problema con este caso es que se han identificado varias contradicciones por parte del coronel (r), entre ellas el negar los hechos que aparecen en su declaración de fojas 134: "Mi labor se limitó a comandar la reserva estratégica de esta unidad, circunstancias en que nunca se empleó esta unidad, no tuvo acción alguna, no tuvo contacto con fuerzas irregulares y se mantuvo acantonada exclusivamente en el sector de Panguipulli reportaba al teniente coronel Alejandro Medina Lois" para evitar su relación con los hechos.
También existe otra declaración a fojas 135 en la que Labbé dijo: "Mi unidad destacó por ser la mejor de la división, aparecí en reiteradas oportunidades en la prensa local". Aquí surgen varias dudas, pues si era una unidad de "reserva estratégica", que estuvo "exclusivamente acantonada" y "sin contacto con fuerzas irregulares", ¿por qué fue elegida "la mejor de la división"? ¿Cómo se ganó las felicitaciones que aparecen en su hoja de vida y apariciones en la prensa? ¿Sin hacer nada?.
Luego de este careo, el tribunal deberá pronunciarse acerca del procesamiento de Labbé, el que a la luz del expediente tenido a la vista en exclusiva porCambio21, es inminente.
Como se recordará, el exedil de Providencia se encuentra además procesado por asociación ilícita en la causa por torturas y crímenes de varios prisioneros en Tejas Verdes, la cuna donde naciera la DINA, comandada por Manuel Contreras.
En este caso también se acusa a Eduardo Hunter Abarzúa, expresidente de Renovación Nacional, actual concejero del partido y exsecretario de Carlos Larraín cuando fue senador, quien interrogaba a las víctimas.
Consultado respecto de la importancia que tiene este proceso, uno de los abogados querellantes en la causa, Roberto Ávila, en entrevista con Cambio21 manifestó "es importante porque pone término a la acumulación de antecedentes que acreditan el delito de tortura que habría sido cometido por Cristián Labbé Galilea y Eduardo Hunter Abarzúa. Es la etapa final del proceso investigativo, ya que la coartada de Labbé se ha ido desmoronando, puesto que hubo varios testigos que lo obligaron a reconocer que estaba en el lugar, sin embargo sostiene que no enfrentó ninguna acción de combate y que no detuvo a nadie".
Sobre cuales son los pasos a seguir en este caso, Ávila dijo "creemos que se han acumulado antecedentes suficientes para pedir su procesamiento (de Labbé). Nosotros ya tenemos una enorme cantidad de medios probatorios para pedir esto en los próximos días ante la Corte de Apelaciones de Valdivia".
En cuanto a lo que arriesga Labbé en este caso, el querellante explicó "Labbé tiene un procesamiento ya por asociación ilícita por matar y torturar. Si a eso se le suma una acción por tortura, la estricta aplicación del derecho, no teniendo irreprochable conducta anterior, constituiría un peligro para la sociedad y debiera recibir prisión preventiva".
También fue consultada por esto la presidenta de la Comisión de Ética contra la Tortura, Juana Aguilera, quien en conversación con Cambio21 dijo "es algo por lo cual hemos estado presionando para que finalmente el Estado reconozca que se ha cometido un delito y lo guardó por 40 años".
"Lo que están haciendo los tribunales tienen que ver con lo que están haciendo las propias víctimas que fueron prisioneras y torturadas, pero en realidad desde el 2004 el Estado tomó conocimiento de lo sucedido y se debió entregar a los tribunales para que los hechos fueran investigados, pero no se hizo", finalizó Aguilera.
Harry Cohen Vera, 22 años por aquel tiempo, fue detenido el 7 de noviembre de 1973 cuando se dirigía desde Santiago a Futrono, donde residía parte de su familia. El pelo largo y la barba destacaban en la desgarbada figura de un muchacho de aquella época, ajeno a la política, más preocupado de su trabajo como técnico eléctrico y de ayudar a los suyos. Fue secuestrado, torturado brutalmente y acusado de ser terrorista sin siquiera ser militante de algún partido político, cuando militares armados rodearon su casa apuntando a su familia y lo tomaron prisionero.
El ministro en visita extraordinaria, Juan Ignacio Correa Rosado, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, en contra de Cristián Labbé, ordenó su comparecencia para ser careado con Harry Cohen.
El exalcalde de Providencia se ha destacado por negar cualquier acusación en su contra que se refiera a apremios ilegítimos realizados por él cuando era miembro del Ejercito donde alcanzó el grado de coronel. Fue integrante de la DINA, guardia personal de Pinochet y también en algún momento ministro de la dictadura.
En este caso, Labbé no pudo negar lo hechos y reconoció que sí estaba en la zona en aquella época. Esto debido a la gran cantidad de testigos que lo ubicaron en el lugar y la fecha en que se sucedieron los ilícitos. Sin embargo, en su nuevo testimonio negó haber participado en torturas: "Nunca en mi vida he aplicado apremios a persona alguna", señaló el exDINA.
El problema con este caso es que se han identificado varias contradicciones por parte del coronel (r), entre ellas el negar los hechos que aparecen en su declaración de fojas 134: "Mi labor se limitó a comandar la reserva estratégica de esta unidad, circunstancias en que nunca se empleó esta unidad, no tuvo acción alguna, no tuvo contacto con fuerzas irregulares y se mantuvo acantonada exclusivamente en el sector de Panguipulli reportaba al teniente coronel Alejandro Medina Lois" para evitar su relación con los hechos.
También existe otra declaración a fojas 135 en la que Labbé dijo: "Mi unidad destacó por ser la mejor de la división, aparecí en reiteradas oportunidades en la prensa local". Aquí surgen varias dudas, pues si era una unidad de "reserva estratégica", que estuvo "exclusivamente acantonada" y "sin contacto con fuerzas irregulares", ¿por qué fue elegida "la mejor de la división"? ¿Cómo se ganó las felicitaciones que aparecen en su hoja de vida y apariciones en la prensa? ¿Sin hacer nada?.
Luego de este careo, el tribunal deberá pronunciarse acerca del procesamiento de Labbé, el que a la luz del expediente tenido a la vista en exclusiva porCambio21, es inminente.
Como se recordará, el exedil de Providencia se encuentra además procesado por asociación ilícita en la causa por torturas y crímenes de varios prisioneros en Tejas Verdes, la cuna donde naciera la DINA, comandada por Manuel Contreras.
En este caso también se acusa a Eduardo Hunter Abarzúa, expresidente de Renovación Nacional, actual concejero del partido y exsecretario de Carlos Larraín cuando fue senador, quien interrogaba a las víctimas.
Consultado respecto de la importancia que tiene este proceso, uno de los abogados querellantes en la causa, Roberto Ávila, en entrevista con Cambio21 manifestó "es importante porque pone término a la acumulación de antecedentes que acreditan el delito de tortura que habría sido cometido por Cristián Labbé Galilea y Eduardo Hunter Abarzúa. Es la etapa final del proceso investigativo, ya que la coartada de Labbé se ha ido desmoronando, puesto que hubo varios testigos que lo obligaron a reconocer que estaba en el lugar, sin embargo sostiene que no enfrentó ninguna acción de combate y que no detuvo a nadie".
Sobre cuales son los pasos a seguir en este caso, Ávila dijo "creemos que se han acumulado antecedentes suficientes para pedir su procesamiento (de Labbé). Nosotros ya tenemos una enorme cantidad de medios probatorios para pedir esto en los próximos días ante la Corte de Apelaciones de Valdivia".
En cuanto a lo que arriesga Labbé en este caso, el querellante explicó "Labbé tiene un procesamiento ya por asociación ilícita por matar y torturar. Si a eso se le suma una acción por tortura, la estricta aplicación del derecho, no teniendo irreprochable conducta anterior, constituiría un peligro para la sociedad y debiera recibir prisión preventiva".
También fue consultada por esto la presidenta de la Comisión de Ética contra la Tortura, Juana Aguilera, quien en conversación con Cambio21 dijo "es algo por lo cual hemos estado presionando para que finalmente el Estado reconozca que se ha cometido un delito y lo guardó por 40 años".
"Lo que están haciendo los tribunales tienen que ver con lo que están haciendo las propias víctimas que fueron prisioneras y torturadas, pero en realidad desde el 2004 el Estado tomó conocimiento de lo sucedido y se debió entregar a los tribunales para que los hechos fueran investigados, pero no se hizo", finalizó Aguilera.
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