En conmemoración del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Comisión Ética Contra la Tortura presentó su informe de Derechos Humanos, donde a través de casos concretos se evidencia esta situación y se insta al Estado Chileno a reconocerla y enfrentarla.
Actualmente en Chile se sigue torturando, como demostró el informe anual de Derechos Humanos presentado por la Comisión Ética Contra la Tortura, donde se demuestra la forma en que, en plena democracia, se continúa ejerciendo la violencia institucional y cómo aún se producen tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El informe trata los principales focos de tortura en nuestros días en Chile, tales como son la criminalización del pueblo mapuche en lucha, también el Caso Bombas, el que ha sido catalogado como un montaje por diversos abogados y defensores de Derechos Humanos.
En ambas instancias se ha utilizado la ley antiterrorista como arma jurídica, lo que fue condenado por el presidente de la Comisión, Hervi Lara, quien declaró que “la existencia de la Ley Antiterrorista es una expresión bastante patética de tortura vigente. Hay denuncias de tortura con resultado de muerte los últimos años, además de tortura doméstica y represión irracional contra las manifestaciones sociales que salen a la calle, lo que es una injusticia”.
El informe indica que la prensa y los medios de comunicación tradicionales, han apoyado la estrategia de criminalización y control social del Estado: estigmatizando, levantando perfiles de supuestos terroristas, armando falsas investigaciones periodísticas y apoyando a los fiscales en la aplicación de leyes especiales e irregulares.
Justamente ese es uno de los puntos del informe: el rol que cumplen autoridades como las fiscalías y el ministerio público, porque, ¿Quién fiscaliza a los fiscales en Chile?, ya que hoy estas autoridades, que además poseen amplias atribuciones, habitan en un territorio sin ley y donde sus actos quedan impunes.
El informe insta al estado a revisar estas situaciones, le recuerda temas pendientes sobre Derechos Humanos, como la derogación del Decreto de Ley de Amnistía, y lo llama a crear una Comisión Nacional Contra la Tortura, como está estipulado en el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional, el que fue ratificado por Chile, pero no ha sido debidamente implementado.
Lucía Sepúlveda, quien trabajó en la elaboración de este informe, se refirió a la posición del gobierno de negar las actuales situaciones de tortura, al señalar que “eso quedó en el pasado o que desde el retorno a la democracia que no se viven estas situaciones”.
“El informe reafirma que el Estado de Chile no ha tomado las medidas para cesar con la tortura. Por más que el gobierno diga que no existe, tenemos información de golpizas donde las autopsias indican que la gente fallece por resultado de golpes por violencia policial. Esto responde a tratos crueles, inhumanos y degradantes que son tortura”, sostuvo.
La especialista advirtió que si bien antes la violencia estatal era abierta y desmedida, hoy se ha transformado en una “violencia institucional”. Sin embargo, aclaró que más allá de los efectos físicos, la tortura deja huellas sicológicas igualmente dañinas y afirmó que “la tortura de hoy y la antes son igualmente graves”.
En este sentido, la violencia policial, muy en boga por estos días, atenta contra la integridad, la libertad de expresión, de asociación y el derecho a participar del diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, lo que va mermando la democracia. Por ello hizo un llamado a todos los chilenos a decir ¡No a la tortura!, y no permitirla “a nadie, en ningún lugar, y en nombre de nada”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario