Paula Correa
Diversos especialistas nacionales e internacionales se refirieron al estado y los actuales conflictos en materia de tortura y violencia en América Latina, en el marco de la consulta regional del Relator de Naciones Unidas sobre este tema.
Hasta el jueves 17 se está desarrollando en nuestro país la primera reunión regional de expertos convocada por el Relator Especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, que busca generar un diagnóstico de la situación en América Latina y fortalecer los mecanismos de prevención y protección de la tortura en la región.
El relator realizará un análisis de situación en tres áreas: el estado de las rectificaciones que hicieron sus antecesores, un estado situación sobre la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en las investigaciones de delitos, además de la situación carcelaria de cada nación.
En este sentido, el relator Juan Méndez conversó con Radio Universidad de Chile sobre el actual desafío de la región en esta materia y la necesidad de generar conciencia en estas sociedades. “El principal desafío de la región es, a diferencia de otras épocas, luchar contra una falta de consenso social por estar contra la tortura. Nuestras sociedades están impregnadas de la sensación de inseguridad ciudadana y ello favorece la brutalidad policial, además de condiciones carcelarias agravantes, porque se les ha hecho creer que así estamos más seguros y conlleva a un nivel de tolerancia mayor que en otros años”, declaró.
Con esto coincidió la representante de la ONG Brasileña Conectas, Vivian Calderoni, para quien el mayor de los retrocesos es la relación entre tortura y delitos perpetrados en dictadura, siendo que aún se practican distintas formas de tratos degradantes.
“El tema de la tortura en Latinoamérica es muy grave. Los Estados utilizan el recurso de negación, pero la tortura ha aumentado en los niveles democráticos”, señaló.
Carola Carrera, sicóloga de la Corporación Humanas, una de las ONG organizadoras del evento, afirmó que en la sesión introductoria pudo constatar como el abuso policial y la represión ciudadana no sólo está siendo criticada en Chile, sino que en todo el continente, quien señaló que “varios países de la región pasan por el mismo fenómeno, la criminalización de la protesta social y las consecuencias que ésta tiene. Tanto para el tema indígena, que tiene las mismas consecuencias del Caso Bombas o cualquier grupo que aparezca con reivindicaciones sociales, lo que es normal. Es anormal que en Chile tengamos imputados por seis u ocho meses sin resolver su situación, en condiciones similares a los procesados”.
A esto se le suma también en la región el problema de las condiciones carcelarias, vejaciones a los familiares, la poca transparencia de los procesos judiciales y la agresión a los defensores, todos problemas presentes también en nuestro país.
Y si bien Chile tiene una buena imagen a nivel internacional por su disposición a implementar medidas para enfrentar el problema, Silvia Vázquez, abogada y defensora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos cuestionó esta situación.
Vásquez recalcó que “quienes iniciaron las transiciones democráticas e implementan los mecanismos van dando pasos atrás en Latinoamérica. Si existe un mecanismo o una autoridad, pero no se investiga, entonces quedamos ante una simulación de que estamos investigando”.
Justamente este encuentro busca que los distintos países puedan compartir experiencias para mejorar sus leyes y las políticas públicas dirigidas a terminar de una buena vez con la tortura y los malos tratos.
El relator realizará un análisis de situación en tres áreas: el estado de las rectificaciones que hicieron sus antecesores, un estado situación sobre la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en las investigaciones de delitos, además de la situación carcelaria de cada nación.
En este sentido, el relator Juan Méndez conversó con Radio Universidad de Chile sobre el actual desafío de la región en esta materia y la necesidad de generar conciencia en estas sociedades. “El principal desafío de la región es, a diferencia de otras épocas, luchar contra una falta de consenso social por estar contra la tortura. Nuestras sociedades están impregnadas de la sensación de inseguridad ciudadana y ello favorece la brutalidad policial, además de condiciones carcelarias agravantes, porque se les ha hecho creer que así estamos más seguros y conlleva a un nivel de tolerancia mayor que en otros años”, declaró.
Con esto coincidió la representante de la ONG Brasileña Conectas, Vivian Calderoni, para quien el mayor de los retrocesos es la relación entre tortura y delitos perpetrados en dictadura, siendo que aún se practican distintas formas de tratos degradantes.
“El tema de la tortura en Latinoamérica es muy grave. Los Estados utilizan el recurso de negación, pero la tortura ha aumentado en los niveles democráticos”, señaló.
Carola Carrera, sicóloga de la Corporación Humanas, una de las ONG organizadoras del evento, afirmó que en la sesión introductoria pudo constatar como el abuso policial y la represión ciudadana no sólo está siendo criticada en Chile, sino que en todo el continente, quien señaló que “varios países de la región pasan por el mismo fenómeno, la criminalización de la protesta social y las consecuencias que ésta tiene. Tanto para el tema indígena, que tiene las mismas consecuencias del Caso Bombas o cualquier grupo que aparezca con reivindicaciones sociales, lo que es normal. Es anormal que en Chile tengamos imputados por seis u ocho meses sin resolver su situación, en condiciones similares a los procesados”.
A esto se le suma también en la región el problema de las condiciones carcelarias, vejaciones a los familiares, la poca transparencia de los procesos judiciales y la agresión a los defensores, todos problemas presentes también en nuestro país.
Y si bien Chile tiene una buena imagen a nivel internacional por su disposición a implementar medidas para enfrentar el problema, Silvia Vázquez, abogada y defensora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos cuestionó esta situación.
Vásquez recalcó que “quienes iniciaron las transiciones democráticas e implementan los mecanismos van dando pasos atrás en Latinoamérica. Si existe un mecanismo o una autoridad, pero no se investiga, entonces quedamos ante una simulación de que estamos investigando”.
Justamente este encuentro busca que los distintos países puedan compartir experiencias para mejorar sus leyes y las políticas públicas dirigidas a terminar de una buena vez con la tortura y los malos tratos.
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