La Ley Antiterrorista, aplicada contra los comuneros mapuche y contra los jóvenes del llamado “caso bombas”, es una ley que fue creada por la dictadura pinochetista para juzgar y castigar delitos considerados políticos, teniendo como propósito central estigmatizar con el mote de terroristas a las agrupaciones sociales –en particular a los partidos de la Izquierda- que luchaban por recobrar la democracia en la década del ochenta. Posteriormente el primer gobierno de la Concertación, encabezado por Patricio Aylwin, en vez de derogar la ley, sólo la modificó para aplicarla a “delitos violentos” ejercidos contra las personas. Como se comprenderá, esto resulta bastante ambiguo y se presta para interpretaciones antojadizas tal como ha venido sucediendo hasta ahora con los dos casos mencionados.
La Ley Antiterrorista existente en Chile es ilegítima puesto que nació en el seno de una de las peores dictaduras de las que se tenga conocimiento. Al ser una ley ilegítima debió ser derogada –como muchas otras leyes- por los gobiernos de la Concertación. Pero como este conglomerado se derechizó, ha utilizado esta ley contra el pueblo mapuche y otros actores sociales críticos al sistema neoliberal. El período en que comenzó a aplicarse con mayor virulencia fue durante los gobiernos de Ricardo Lagos Escobar y Michelle Bachelet, dos ejemplos concretos del actual socialderechismo que impera en la política chilena. Ante este cambio de rumbo –o vuelta de chaqueta- se puede comprender el motivo de porqué no aplicaron la Ley Antiterrorista a los violadores de los derechos humanos, y tampoco a Pinochet. Los dirigentes de la Concertación, al aferrarse al poder en beneficio propio, acogieron los postulados de la derecha aunque en su discurso dijeran lo contrario. La inmensa mayoría de los dirigentes concertacionistas no se sienten incómodos con la estrategia, impuesta por RN y la UDI, que apunta a criminalizar la protesta social y reprimirla con violencia. Los pataleos de algunos PS, PRSD y PPD son sólo para la foto. Por su parte, la gran mayoría de la DC siempre ha coqueteado con la derecha en estos asuntos.
Criminalizar la protesta social a través de una Ley Antiterrorista fundada en la ilegitimidad, es una práctica que debe ser erradicada del país y, para que eso suceda, debemos comenzar por cambiar la Constitución de 1980.
No hay comentarios:
Publicar un comentario