Se
trata de 11 denuncias por la tortura y muerte de 13 personas entre 1973
y principios de 1974. En su mayoría fueron trabajadores o dirigentes,
además de dos funcionarios de Carabineros que fueron detenidos por
llegar tarde y en estado de ebriedad a la comisaría donde trabajaban. Su
paso por Tejas Verdes fue corto y algunos continúan desaparecidos.
Otros aparecieron brutalmente, como Carlos Carrasco, cuyo cuerpo fue
dejado un 31 de diciembre en una urna sellada frente a la casa que
compartía con su esposa embarazada.
El viernes 17 de octubre la Corte de Apelaciones de San Miguel dictó un fallo histórico en Derechos Humanos: decretó que existen “presunciones fundadas para estimar que Cristián Labbé Galilea ha tenido participación, en calidad de autor, en el delito de asociación ilícita”. En base a 11 denuncias que buscan esclarecer la verdad sobre la detención y muerte de 13 personas, la Ministra en visita, Marianela Cifuentes, dictó en el documento que “resulta justificado que, a partir del día 11 de septiembre de 1973, se formó una agrupación jerarquizada, integrada por funcionarios de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, junto a civiles, que, inicialmente, funcionó en el Regimiento de Ingenieros Militares de Tejas Verdes y sus dependencias anexas, lugares en que se mantuvo privadas de su libertad, sin derecho, a personas opositoras al gobierno recién instalado, se les torturó y se les ejecutó”.
El fallo añade que en las cercanías del recinto se realizó instrucción militar a miembros de dicha agrupación ilícita “entregándoles preparación en labores de inteligencia, seguimientos y métodos de interrogatorio y tortura”. Labbé, sin embargo, fue el único que no es sindicado como autor ni coautor de aplicación de tormentos, homicidio calificado o secuestro calificado como sí aparecen los demás acusados de asociación ilícita, entre los que figuran Manuel “Mamo” Contreras -quien comandaba el regimiento-, los tenientes coroneles de Ejército retirados Klaudio Kosiel, Raúl Quintana, el coronel de Ejército de Sanidad , médico Vittorio Orvieto, el suboficial mayor de Ejército en retiro Ramón Carriel, el coronel de Carabineros en retiro Rodolfo Vargas y al funcionario de la Policía de Investigaciones en retiro Nelson Valdés.
Las víctimas
Apenas pasado un día del Golpe de Estado, el 12 de septiembre fueron detenidos Oscar Gómez y Ceferino Santis. Uno en Cartagena y el otro en Llolleo. Óscar era administrador de obras sanitarias de Cartagena y militante del Mapu. A su lugar de trabajo llegaron, a eso de la una de la tarde, personas de civil y se lo llevaron a la cárcel de San Antonio. Desde ahí fue llevado dos veces al Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes para ser interrogado, según consta en el Informe Rettig. La segunda fue cerca del 20 de diciembre y lo llevaron al subterráneo del Casino de Oficiales, donde acostumbraban a torturar a los prisioneros. Lo desnudaron y lo tuvieron colgado de los brazos y le aplicaron corriente durante unos tres días. Sus familiares debieron retirar el cadáver de la morgue del Hospital de San Antonio luego de que el 24 de diciembre falleciera por “múltiples heridas de bala”.
A Santis lo detuvieron cerca de las 21:30 en su casa, donde estaba con su esposa y sus dos hijos. Tenía 31 años, era militante del MIR y presidente del sindicato de la empresa Rayon Hill. Al día siguiente, tras ser requerido por un bando militar, Luis Norambuena se presentó en la Comisaría de Carabineros de San Antonio. Era casado, tenía 30 años y un hijo cuando lo llevaron a la cárcel de San Antonio y luego a Tejas Verdes. Se desempeñaba como regidor y era secretario regional de la CUT. Santis y Norambuena salieron del regimiento en una camioneta de la Pesquera Arauco y nunca más se supo de ellos.
El 5 de octubre al menos tres jóvenes fueron ahogados en el río Rapel: Jorge Ojeda, estudiante de la Universidad Técnica del Estado y conductor del diputado socialista Matías Núñez; Víctor Mesina, empleado de una panadería; y Florindo Vidal, funcionario de Vialidad de San Antonio. Ese día, una camioneta de la Pesquera Arauco los sacó del centro de torturas y el primer cuerpo apareció al día siguiente: era el de Víctor Mesina, había muerto a los 25 años de edad. Los restos de Florindo Vidal, de 25 años, aparecieron el 17.
Ojeda (20) y Jorge Cornejo, inspector de la Dirección nacional de Industria y Comercio, fueron detenidos el 16 de septiembre en Huechún Bajo, en la comuna de Melipilla. En la comisaría de ese sector Ojeda fue torturado por Carabineros y luego ambos fueron trasladados a la cárcel de San Antonio para llegar finalmente a Tejas Verdes. Cornejo fue sometido a un supuesto Consejo de guerra “del cual no existe constancia alguna”, según dicta el fallo. Fue ejecutado el 18 de noviembre en el fundo Atalaya por personal de la cárcel de San Antonio. Tenía 26 años.
Gustavo Farías tenía 23 años cuando llegó a Tejas Verdes a fines de septiembre. Era militante del MIR y había sido requerido por un Bando Militar. Según Arturo Farías, José Muñoz y Jaime Farías, quienes también fueron detenidos pero lograron sobrevivir, Gustavo Farías fue “brutalmente torturado” hasta que “fue sacado del lugar en una camioneta de la Pesquera Arauco, en dirección desconocida, sin que a la fecha existan indicios acerca de su paradero”.
Para octubre de ese año Aquiles Jara (30) y Jenaro Mendoza (25) eran funcionarios de Carabineros en la 10º Comisaría de Algarrobo. El día 12 llegaron varias horas tardes a su turno y en estado de ebriedad. En el recinto tuvieron “un incidente” con el Capitán Gustavo Godoy, el que “tras un diálogo, fue superado”. Sin embargo, ambos fueron detenidos y llevados primero a la Comisaría de San Antonio y luego al temido regimiento. Ahí, Manuel Contreras junto a Carlos Silva determinaron la pena de muerte para los uniformados. Fueron ejecutados el 16 de octubre.
La mujer de Carlos Carrasco (26) estaba embarazada para el 14 de diciembre del ’73. Ambos estaban en su casa en Cartagena cuando a eso de las diez de la noche funcionarios del Ejército llegaron para llevarse a Carrasco. El joven empleado de la Dirección de Obras Sanitarias de Cartagena pasó la Navidad en Tejas Verdes pero no llegó a ver la llegada de 1974. El 31 de diciembre falleció en el subterráneo del Casino de Oficiales “a causa de múltiples heridas de bala, siendo su cadáver dejado en la vía pública, frente a su domicilio, al interior de una urna sellada”.
Carlos Galaz y Miguel Moyano fueron detenidos a principios de 1974. El 3 de enero Galaz, que era un obrero de la construcción de 22 años, fue trasladado a la Comisaría de Algarrobo por Carabineros y luego a Tejas Verdes. Ahí fue torturado hasta que el 5 de enero murió por una “anemia aguda por hemorragia pulmonar”. Moyano tenía 24 años cuando fue detenido el 16 en su casa en Quinta Normal. Tras ser torturado, falleció el 4 de febrero “a manos de funcionarios del Ejército de Chile a causa de anemia aguda por un hemoperitoneo”, esto es un derrame de sangre en la cavidad peritoneal.
El exalcalde de Providencia, Cristián Labbé, ha negado haber estado en Tejas Verdes y aunque ha reconocido haber sido instructor de futuros integrantes de la DINA en Rocas de Santo Domingo, su abogado, Cristian Espejo ha señalado que “él fue a un curso de instructor de educación física” a Brasil desde principios de 1972 hasta inicios de 1973 y no a una escuela de tortura para luego traspasar esos conocimientos en el país, como se ha señalado. Sin embargo, habría sido precisamente un buzo de color azul con inscripciones en portugués el que habría permitido su identificación por parte de prisioneros de Tejas Verdes, según señalan en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
También han sido claves les testimonios de Héctor Patricio Salvo y Samuel Fuenzalida. Salvo es un ex militar que declaró haber visto a Labbé usando un delantal blanco en el subterráneo del Casino de Oficiales de Tejas Verdes, quien estaba ahí “para prestar asesoría en seguridad y trato de prisioneros”. En entrevista con Cooperativa>/strong>, Salvo además señaló: “Mi oficial superior, que era el capián Mario Jara Seguel, un día que íbamos me dijo ‘tengo que pasar por acá’ y me lleva al subterráneo que quedaba bajo el Casino de Oficiales. Se puso un delantal blanco, bajamos hasta llegar a una sala donde había tres a cuatro oficiales (…) había detenidos en el suelo, se veían en malas condiciones, todos encapuchados y amarrados. Me presentó a distancia, no sé lo que se hablaron entre ellos y, a la salida, Jara Seguel me dice que ‘él es Cristián Labbé y nos viene a ayudar'”.
Fuenzalida, por su parte, señala haber participado de los cursos impartidos por Labbé antes de ingresar a la DINA: “Los cursos consistían en inteligencia, guerra urbana, enfrentamiento, cómo tratar a los detenidos, detener personas, entre otras cosas que no se enseñaban en la formación regular del Ejército”, declaró.
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