Magnicidio de baja intensidad

José Rodríguez Elizondo

Periodista, diplomático y escritor

 En 2002, se presentó ante la justicia una querella por el presunto asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. En diciembre de 2009, el ministro Alejandro  Madrid convirtió dicha querella en certeza judicial. Cerrando la primera etapa del proceso, dictaminó que Frei Montalva fue asesinado en su lecho de posoperado, en una clínica de la capital, durante el gobierno del general Augusto Pinochet. Tres años después ≥el pasado viernes– cerró el sumario respectivo, mencionando autores, cómplices y encubridores.

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Han sido 14 años con escasa reacción mediática y de opinión pública. Inferior, en todo caso, a la que capta cualquier crimen espantoso cometido por gente común. Sin embargo, de lo investigado se desprende un contexto más que espeluznante: terrorismo de Estado, servicios secretos tenebrosos, infiltración de gérmenes patógenos (textuales “bacterias oportunistas”) y médicos escapados del gabinete del doctor Caligari.
En una democracia desarrollada, los políticos estarían tratando las alternativas del proceso en todos sus foros, los cineastas habrían encontrado financiamiento para un filme rápido, los guionistas competirían para proyectar una secuela, algún escritor estaría dando los toques finales a una gran novela  y la prensa nacional e internacional daría cuenta cumplida de lo que sigue sucediendo.

Pero, por lo visto, los chilenos estamos en otra. En el país de los hechos, la información no ha conmocionado la conciencia nacional. La atención se ha concentrado en la tecnología de las pruebas de laboratorio y en la improbable culpabilidad de los sospechosos instrumentales (a través de los cuales podría llegarse a los autores intelectuales). Además, como en 2009  Chile estaba en pleno proceso electoral, en lugar de privilegiarse el tema de fondo –la certeza judicial del crimen– se levantó una advertencia de coyuntura: la resolución del juez podía influir en el comportamiento de los electores, favoreciendo al candidato Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del Presidente asesinado. Es decir, Madrid debió manejar los tiempos del proceso, buscando uno que fuera políticamente oportuno.
Afortunadamente, nuestra Corte Suprema reivindicó, entonces, los fueros de la juridicidad y del orden natural de los acontecimientos. Ratificando lo obrado por el juez, dejó en claro que los tiempos judiciales no pueden ni deben ser manipulados, para no chocar con los tiempos políticos. “Sería muy grave que los jueces tuvieran que buscar fechas para dictar sus resoluciones”, dijo su presidente Milton Juica.
En cualquier caso, la reacción nacional acorde con la gravedad del caso sigue en suspenso. Incluso pareciera que sólo los hijos y nietos de Frei Montalva son los ofendidos directos por el presunto magnicidio.
Un hecho relevante de nuestra historia compite, desventajosamente, con la crónica roja de la coyuntura.