escrito por José Venturelli
La necesidad de buscar caminos para resolver un conflicto que nos avergüenza a todos y cuya no-solución tiene responsables claramente identificables entre los victimarios es absoluta.
Los resultados predecibles son inaceptables para el país entero. El que no se hayan resuelto antes, por cinco siglos, no quita, para nada, la urgencia prioritaria en este momento. Las víctimas no son las culpables. Ellos no crearon la tela de araña judicial con la Ley Anti-Terrorista (LAT), y malamente se les puede exigir a ellos aceptar el “ofrecimiento” de una no solución. Veamos.
El gobierno, con el Ministro del Interior en especial, vuelve a su posición original:
· El Ministro Rodrigo Hinzpeter, desde “su altura y desdén superior” nunca ha querido resolver estas demandas: a los 40 días de huelga de hambre al preguntarle los periodistas sobre ésta, ya decía que “que no sabía nada”. Es decir, “no quería saber”. Peor, siempre puso la culpa en el lado de las víctimas, pretendiendo que Chile es un ejemplo de bondades, de justicia y hasta como Estado de derecho. No ha mencionado nunca tampoco que el Relator de Naciones Unidas para Asuntos Indígenas, James Anaya, que estuvo en Chile, como el anterior en el 2003, hizo recomendaciones clarísimas sobre el rollo represivo legal chileno y que las repitió la semana pasada. La solución no está en que los presos en huelga de hambre la resuelvan. Es tarea del gobierno.
· Luego, a cada paso, hace todo para que no se avance: siempre poniéndose por encima de los presos mapuche. Ahora, nuevamente, dice “los presos mapuche son intransigentes” y que por serlo, “por su torpe exigencia de querer subvertir el orden constitucional él se queda tranquilo de no poder hacer lo imposible”. La torpeza, maldad e intentos de confundir son legibles en estas nuevas amenazas. Sus imposibles son las típicas maniobras de un Estado que, por definición, es represivo, intransigente y con el sesgo de un poder económico que lo controla. Los poderes se echan la culpa entre ellos y tratan de acusar a los comuneros como responsables del “impasse” pretendido. En estos días el Ministerio Público sigue mostrando su inclinación por la represión y no por la Justicia: persiguen abogados, como es el caso de la abogada Karina Riquelme en Temuco. La acusan y formalizan en el medio de su trabajo que es en defensa de comuneros mapuche perseguidos políticamente –y que logran bloquear- pretendiendo también que ella es delincuente. El “diálogo” que el Presidente trató de vender en el país y en la ONU en Nueva York es un fracaso: nació muerto. Sin participación mapuche no hay diálogo sobre sus problemas. No se trata de que se hable de lo que el gobierno quiera hablar y con quienes: debe respetar las normas mundiales del Convenio 169 de la OIT. Es decir, debe planificar con ellos y reconocer a sus dirigentes, no usar a potenciales yanaconas que pueda encontrar como ha ocurrido en la historia. Pero ahora ni eso consiguió.
· Los presos en huelga de hambre, sin embargo, identifican con claridad que los juicios orales van a ser marcados por una pretendida contradicción existente entre el Ministerio Público y la (limitada voluntad) del Ejecutivo, (mitigada por el Legislativo) que los puede mantener en una situación larguísima y sin seguridad de ser resuelta. Recordemos que estos presos llevan casi dos años sólo por la Ley anti-terrorista usada con saña y discriminación racial que esconde intereses económicos sórdidos de asociados (en las forestales, la celulosa, las hidro-eléctricas). Por eso, si en el gobierno quieren que haya Justicia, debe voluntad y no buscar excusas de lo imposible.
· Es el Estado, y no una pretendida independencia de poderes del Estado que juegan a “que deben ser respetados”, el que debe resolver. Y cada uno tiene la obligación urgente de -cómo conjunto- resolver esto ya. Juegan a una Ruleta Rusa Política que sólo puede ser considerada como inmoral.
· Dado que el Ministerio Público indica, mediante el Ministro Chahuán, quien ha sido siempre de los que actúa con insistencia agresiva, “que ellos seguirán aplicando la Ley Anti-Terrorista porque ésta existe y ya fue aplicada en las formalizaciones”. Es decir, pretende que él, por sí y ante sí, puede eternizar esta atrocidad legal y humana. Esto se puede hacer mediante la derogación de la ley en cuestión inmediata. Luego pueden iniciar una nueva etapa para ver la necesidad y forma que pudiese tener una ley de ese tipo, si fuera necesaria… (en un país donde el terrorismo se fabrica como contexto para reprimir sin que realmente exista como tal). Y que no vengan con la figura de que “las leyes no pueden ser retroactivas”. Porque lo son: cuando han sido las de una dictadura y se han aplicado en forma discriminatoria y racista no sólo deben serlo sino que deben ser acompañadas de una clara y real reparación a quienes las hayan sufrido. Recordemos que el principio “Pro Reo” determina que si una nueva forma favorece a un preso, esta debe ser otorgada al inculpado.
· Si la LAT es ilegítima e ilegal en el contexto mundial, no se puede usar una excusa como argumento de principio para no eliminarla ahora. La ley y el gobierno deben tener una base lógica: aplicar los principios de respeto a las personas y no encerrarse en la rigidez abusiva que determinó en Chile, la existencia misma de la LAT. El Ministerio Público no debe ni puede ser la piedra que bloquea las negociaciones, especialmente cuando allí se concentra la ilegitimidad judicial que el mundo condena. Los testigos protegidos que usa, -que son comprados, que declaran bajo amenazas y coerción, de que muchos son conocidos delincuentes o, peor aún, que han sido forzados bajo tortura a declarar contra los dirigentes mapuche. Este Ministerio parece concentrar la maldad del sistema –es el brazo legal aunque no legítimo- de la actitud represiva dejado por el dictador y de la propia orientación de la Constitución más represiva de América… Es el que sigue aplicando el sueño de Pinochet de intolerancia y represión eterna.
El Presidente, que es tan presidencialista en muchas cosas, debe ahora mostrar su capacidad de estadista: Debe dar la garantía de que la LAT no será usada con los presos en huelga de hambre. Especialmente cuando este momento el Ministerio Público insiste en amenazar que no va a ceder en la aplicación de la LAT. Por ello, si cree en su responsabilidad social e histórica, debe impedir que continúe esa aberración legal de testigos sin rostro con los que han montado evidencias para, precisamente, poder acusar de terroristas a quienes platean luchas sociales. Estas aberraciones permiten coimear, sobornar, obligar, reprimir y abusar; usar a delincuentes como José Santos Jonquera -y varios otros testigos protegidos crónicos- que tiene un clandestino de venta de alcohol, que facilitó su “propiedad” (mal adquirida) durante la dictadura para la práctica de la tortura, que sigue inventando formas de persecución odiosas contra familias enteras. Estos testigos son los que luego que el Juez Landeros hubiese eliminado a 36 de ellos por ilegítimos en los Juicios a venir en Cañete, la Corte de Apelaciones de Concepción los restituye en forma inaudita e impúdica. Una verdadera burla y contrasentido.
De este modo el Presidente, los cuerpos sociales y los poderes del Estado son los que tienen la responsabilidad de resolver este largo crimen político, y que debe terminar. Responsabilidad de todos y de cada Poder y de quienes tengan responsabilidades específicas. Pero, por sobretodo, solución que debe dar el Presidente.
No es curioso sino indignante que es este mismo Ministerio que ha hecho todo tipo de arreglines para favorecer a quienes quiere proteger. Sin ir más lejos, no olvidemos las “vueltas de carnero” que se dieron los Poderes para proteger a Pinochet cuando el mundo le había echado la mano en Londres (por crímenes de lesa humanidad y económicos) Arreglines que también usan contra “sus enemigos” apelando hasta poder condenar casos que ya habían sido sobreseídos. Si la ley debe ser igual para todos: debe ser digna y legítima. Así, el Ejecutivo, los legisladores (de un Parlamento mal constituido por el sistema binominal que lo determina) y el conjunto social y político tiene la responsabilidad moral de:
1. Resolver y restituir la justicia para los presos políticos mapuche que llevan casi dos años presos sin juicios justos –lo que es internacionalmente una tortura calificada. Este conflicto lo creó el estado y debe resolverlo; Permitir Juicios Justos para terminar con la violación discriminatoria y racista que la ONU y el mundo identifican y denuncian.
2. Identificar, como tarea urgente para el futuro inmediato, la promulgación de una Nueva Constitución, democrática. Es decir, coherente, hecha en forma participativa, con todos los sectores, con los grupos de Derechos Humanos, sindicatos, trabajadores, juventud, ancianos, pescadores, mineros y otros que deben ser parte de su destino… si queremos que en esta tierra exista una verdadera democracia.
Por eso: ¡paren ya la demonización eterna del pueblo mapuche y de sus presos!. Identifiquen en su propio sistema la inmoralidad que se auto-justifica en su enredo laberíntico de leyes generadas de modo ilegítimo y que han permitido, a quienes mandan en este Estado, gozar de los privilegios que estas les dan.
José Venturelli Barón
Vocero, Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura
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