El todopoderoso presidente de la república de Chile se está lavando las manos, dice que no puede acceder a las peticiones de presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre, ya que él no puede obligar a esos jueces que los juzgan, a no cumplir con la ley local.
Recordemos que a Jesús se le aplicó la ley antiterrorista de la época y pagó con su vida la negativa a responder en el juicio, recordemos que se cumplió también lo que ha dicho Nicanor Parra, eso de que “el que pierde gana”.
Sabemos que a Poncio Pilatos también le llegó su hora. Pagó con el destierro el precio de sus errores. Y sabemos que Jesús enfrentó un tribunal arreglado, con testigos arreglados, con sentencias arregladas. Él rechazó toda defensa, él asintió a toda acusación diciendo: “es cierto si tú lo dices”, después le siguió el silencio, nada contestó y esperó tranquilo la llegada de la muerte.
La última maniobra del equipo creativo de Piñera consistió en el anuncio de “una mesa de diálogo” que nada tenía que ver con la mesa de diálogo que se estaba tratando de establecer con la mediación de un obispo.
La mesa de diálogo homónima fue desechada por Natividad Llanquileo, vocera de los ayunantes de Concepción, quien dijo claramente que se trataba de un volador de luces. Al parecer el presidente Piñera, quién debe concurrir muy pronto a un foro internacional , quisiera aparecer como que está haciendo todo lo posible por solucionar el problema, es decir, quiere en buen chileno, pasar gato por liebre.
El ministro Larroulet después de gastar mucha saliva hablando de “sus hermanos mapuche”, vuelve a fojas cero, y creyendo que ya hizo la tarea de propaganda política necesaria, hace un frío llamado que más bien es una escabrosa advertencia: depongan su actitud, ese es el único camino.
Es decir, cree que su burda manipulación alguien se la ha creído, e invierte las cosas, ahora el gobierno es el que exige, ahora que las vidas de los ayunantes entró en una peligrosa fase, los conmina a deshacer todo lo que con el riesgo de sus propias vidas han logrado hasta el momento, y que ciertamente no es poco.
El gobierno pretende mediante la novísima mesa de diálogo vender la idea que ha llamado pomposamente “Plan Araucanía”, que no es otra cosa que un plan para contrarrestar los efectos del Convenio 169 de la OIT que el estado de Chile suscribió y ratificó, encontrándose en la actualidad en plena vigencia.
El gobierno intenta todo resquicio legal para impedir que la ley internacional haga sentir sus efectos.
La mesa de diálogo es para conversar directamente con los ayunantes, no es para enunciar planes de desarrollo turístico, para incentivos y capacitaciones de Pymes, discutidas en interminables reuniones en esa larga mesa que más parece la “mesa de té club” que integra a obispos,pastores y alcaldes, a ministros de esto y del otro, a funcionarios, a diversas autoridades, civiles y militares, etcétera y etcétera. Y que por supuesto integraría también a las miles de comunidades mapuches que existen después que la Concertación se dedicó a multiplicarlas dando paso a comunidades truchas, comunidades de papel, hechas personalidades jurídicas con el propósito de modificar la correlación de fuerzas que existe en las comunidades históricas.
El gobierno intenta torpedear la ley global, que ahora es ley local.
El convenio 169 de la OIT establece claramente que (1)“ reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos, y establece en su favor un conjunto de derechos políticos (participación, consulta, autogestión y administración), territoriales (derechos a la tierra, reconocimiento de los territorios indígenas y derechos sobre los recursos naturales), culturales (derecho consuetudinario, lengua y educación) y sociales (seguridad social y salud).”
De manera que para implementar esta ley no se necesitan mesas de diálogos, se necesitan formas inéditas de consultas, participación, autogestión y administración.
¡Eso es lo pertinente!
“Así como en otros estados en que este Convenio ha sido ratificado, la obligación para Chile es su implementación a través de políticas públicas y de la adecuación de las leyes internas incompatibles con sus disposiciones, en particular la legislación sectorial referida a materias tales como derechos de aguas, minería, recursos naturales en general, justicia, legislación electoral, entre otras
La negativa de las genuinas comunidades mapuche a participar de esa mesa de diálogo propagandística, se explica al tomar conciencia de lo que establece el convenio 169:
“De acuerdo al artículo 5 inciso 2do de la Constitución Política del país, que establece el deber de los órganos del estado de respetar y promover los derechos humanos garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, se puede sostener que, como lo ha interpretado mayoritariamente la jurisprudencia y doctrina, los derechos establecidos en el Convenio 169 en favor de los pueblos indígenas pasan a tener un rango constitucional, debiendo orientar las políticas públicas y el actuar de los distintos órganos del estado.
El Convenio, por tanto, viene a establecer un nuevo escenario jurídico institucional para abordar las relaciones – así como también los conflictos – entre pueblos indígenas y estado, en particular en un contexto de economía globalizada que se expande de modo desmedido hacia los territorios indígenas, sin que se respete por parte de empresas nacionales, extranjeras y trasnacionales que explotan recursos en dichos territorios, el derecho a la consulta que garantiza este Convenio.”
Los parlamentarios, senadores y diputados, en lugar de trabajar vanamente en la “ley corta” que pretende “arreglar” la ley antiterrorista, arreglo que ya ha sido rechazado por los voceros de los ayunantes, bien podrían comenzar a redactar la acusación constitucional en contra el presidente Piñera, por notable abandono de sus funciones, ya que por lo visto y oído, pretende lavarse las manos con la suerte de estos valientes ciudadanos chilenos, decididos ayunantes, que tienen la fecha de vencimiento rotulada en su piel
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