PC pierde en dos demandas laborales

Sindicato El Siglo:PC pierde en dos demandas laborales Finalmente, tras tres años de incesante pelea en los tribunales laborales, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Editorial Siglo XXI (Semanario El Siglo) ganó los dos primeros juicios laborales por despido ilegal de sus socios.

Se trata de los casos del periodista Cristián Pavez Vera y la agente de suscripciones Eliana Gómez Sáez, ambos despedidos por el gerente general de la época, René Amigo, luego de la constitución del sindicato en marzo de 2007. El conflicto se remonta a la instalación de Francisco Herreros como director del Semanario El Siglo, quien procediera a cambiar todas las formas de trabajo colectivo del periódico, con la intención final de desarmar un equipo de profesionales que venía durante mucho tiempo haciendo esfuerzos por ampliar las temáticas y la línea editorial del medio. Ante los constantes choques entre el director y los trabajadores, se solicitó una reunión con los dueños del periódico, la dirección del Partido Comunista de Chile, la que fue anunciada para los primeros días de marzo de 2007. Sin embargo, a la cita llegó solamente el miembro de la Comisión Política del PC y abogado laboralista, Pedro Aravena, quien procedió a llamar a los trabajadores individualmente a una oficina cerrada. Los primeros en entrar, Iván Valdés, editor de Economía, y Marco Díaz, parte del equipo administrativo, fueron notificados de sus despidos y se les anunció que les sería pagado solamente su último mes de trabajo. Un tercer llamado a la funesta oficina, el periodista Cristián Pavez, se negó a acudir ante el evidente final con que se le amenazaba, siendo notificado de forma verbal y grosera por el director Herreros, delante de todo el equipo, de su próximo despido vía correo, como finalmente sucedió.

Con la constitución del sindicato, los dos primeros despedidos, Valdés y Díaz, lograron negociar el pago de al menos sus meses por año de indemnización, mientras el caso de Pavez pasó directamente a los tribunales laborales, como luego tuvo que hacerlo la siguiente despedida, la agente de ventas de suscripciones Eliana Gómez.

Desatado el conflicto, incluyendo groseros epítetos por teléfono contra el presidente de la organización de parte del dirigente comunista Lautaro Carmona Soto, los sindicalizados se pusieron a defender la legalidad que la empresa les negaba, aduciendo que varios de ellos no eran trabajadores dependientes de la empresa y atacando de forma directa a Julio Oliva García, presidente del sindicato, con el mismo feble argumento, que se caía por su propio peso al ser él mismo el Editor General y tener una antigüedad de más de 17 años en del periódico

Luego de un sinnúmero de acciones antisindicales, todas denunciadas en la Inspección del Trabajo, los trabajadores decidieron presentar un proyecto de contrato colectivo como forma de tener fuero ante la inminente continuidad de los despidos. La empresa respondió negativamente a las peticiones del sindicato, dejando constancia que seguía empeñada en no reconocer su legalidad, a pesar de las acciones de la Dirección del Trabajo que reconocían a la organización. Luego de ser “relegados” a una oficina estrecha y sin ningún contacto con la dirección del periódico o su equipo administrativo, en la otrora Fundación Gladys Marín ubicada en Carmen 340, los trabajadores votaron la huelga y solicitaron los Buenos Oficios de la Dirección del Trabajo, instancia a la que el representante legal de la empresa, Claudio De Negri Quintana, se negó a asistir. Luego comenzó una huelga que duraría 11 meses.

En tanto, el Partido Comunista, a través del miembro de la Comisión Política y abogado laboralista Pedro Aravena, apeló en todas las instancias las resoluciones de la Dirección del Trabajo, logrando que la Corte Suprema desconociera el derecho de esta institución del Estado para señalar si los trabajadores eran dependientes o no de dicha empresa, todo esto bajo los mismos argumentos que presentara CODELCO para desconocer como trabajadores propios a aquellos que laboran en sus faenas bajo la modalidad del subcontrato.

Mientras se desarrollaba la huelga, en un último intento de terminar con el conflicto, los trabajadores del Semanario El Siglo pidieron la mediación de un miembro del Comité Central del PC para hacerle llegar una propuesta de salida el presidente de la colectividad, Guillermo Teillier del Valle. Esta consistía en una suma de 20 millones de pesos a repartir entre 8 trabajadores, como forma de terminar con todo el conflicto, incluidas las dos demandas en curso, pero fue finalmente desechada por el dirigente y el gerente de la empresa, René Amigo.

Al terminar la huelga se procedió al reintegro, lo que fue negado para la mayoría de los sindicalizados, exceptuando los casos de la periodista Ana Muga, en avanzado estado de embarazo, y la secretaria Magdalena Muñoz. Con la primera llegaron a un acuerdo que comprendía el pago de una suma muy cercana a la solicitada anteriormente para ella, a través del sindicato, mientras que a la segunda la sometieron a una serie de humillaciones antes de proceder a despedirla sin respetar el fuero que mantenía, por lo que procedió a presentar la respectiva demanda.

Otros tres trabajadores, el fotógrafo Jorge Zúñiga, el editor de Política Raúl Blanchet y el Editor General, Julio Oliva García, presentaron una demanda colectiva para que los tribunales del trabajo, como lo solicitara la Corte Suprema, definieran la dependencia de ellos con la empresa y se castigara sus despidos ilegales, cuya sentencia está muy cercana a ser dictada por el juez del 6º Juzgado Laboral de Santiago, y en la que confían será positiva para el sindicato por la gran cantidad de pruebas y los buenos testigos presentados durante el proceso.

Por estos días, una voz femenina que dijo ser abogada del equipo de Pedro Aravena, ha solicitado al abogado demandante, Jorge Blas Morales, algún tipo de acuerdo para pagar las indemnizaciones de Cristián Pavez y Eliana Gómez, cosa que ellos han descartado pues el momento de negociar había sido propuesto hace mucho rato por el sindicato de trabajadores. El abogado Jorge Blas Morales también estuvo de acuerdo, “la inconsecuencia debe tener algún costo”, señaló.