Chile, un país corrupto

Sergio Fernández

 

 

La duda surgió, explotó más bien, en Icare 2015. ¿A qué país se habrá referido el ministro Peñailillo cuando afirmó, de manera tan tajante, tan suelto de cuerpo, que “Chile no es un país corrupto”?

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Desde luego, no hablaba del Chile que conocemos la inmensa mayoría de los chilenos. Este Chile, el cotidiano, esa larga faja con vista al mar donde vivimos nuestra rutina diaria, no tiene esa cualidad. No merece semejante calificativo. ¿Un alcance de nombre, tal vez? Tampoco. Como es fácil de comprobar, el único país llamado Chile que existe en el orbe, es éste. ¿Cómo entendemos, entonces, la temeraria afirmación del ministro?
Descartando de antemano que Peñailillo esté, a propósito, propalando falsedades, se me ocurren dos explicaciones: o el ministro insiste en incursionar en el humor político (habría que pedirle que no persista, ya que, de manera definitiva, no tiene condiciones para ello) o está, lisa y llanamente, equivocado.
Porque ocurre que Chile, sin ninguna duda, es un país corrupto.
Permítame exponerle mis argumentos.
Lo primero que habría que señalar es que no existen los países incorruptos. Ninguna nación del orbe está libre de que algún sinvergüenza pretenda aprovecharse de su poder, político o económico, para ordeñar al Estado. Y las vías para hacerlo son, fundamentalmente, tres: utilizar recursos públicos en provecho propio; hacer uso de la posición que uno ocupa (y de la información que maneja) para favorecerse, o favorecer a los cercanos, indebidamente; e influir en los legisladores para obtener normas o granjerías que beneficien los propios intereses, en perjuicio del interés común.

Sin embargo, y en eso tiene razón el ministro, es posible hacer la distinción entre países corruptos y no corruptos, ya que ella no tiene que ver con el hecho de que existan o no casos de corrupción –siempre van a existir–, sino con el énfasis que la sociedad pone en evitar que los haya.
Así, un país no corrupto es aquel que establece los controles adecuados para impedir o detectar los actos de corrupción y que, cuando los detecta, primero los transparenta y luego los sanciona drásticamente.
Por el contrario, un país corrupto es aquel que no cuenta con los mencionados controles y donde, si se llega a detectar accidentalmente algún acto de corrupción, primero se intenta ocultarlo y luego, si ello no es posible, se establece una mínima sanción para quien lo comete o, derechamente, no se le sanciona.
Ahora, la pregunta del millón: ¿a cuál de esos dos tipos de países, le parece a usted, se asemeja más el Chile de hoy?
Lo invito a que ahondemos en tan relevante tema.

Lo primero: ¿existen en Chile los controles adecuados para impedir o detectar los actos de corrupción?

¿Necesito, de verdad, esforzarme para responderle esa pregunta? No, ¿verdad? La respuesta es más que evidente. La sola creación de este “Consejo Asesor contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción” es prueba fehaciente de que no sólo no existen dichos controles, sino además de que los responsables de desarrollarlos e implementarlos no saben qué hacer al respecto. No tienen idea. Sólo si usted necesita corregir algo que anda mal y no sabe cómo, llama al experto. De lo contrario, va y actúa.
Tenga presente, además, que los casos de corrupción que salen a la luz pública son sólo los que surgen accidentalmente, por descuido de los involucrados. Pero, ¿y los que no surgen? ¿Los que ignoramos? ¿O usted se atrevería a asegurar que los pocos que conocemos son los únicos que existen? En el mismo caso Penta, por ejemplo, se conocen las aristas Soquimich, Alsacia, Ripley y CorpBanca, pero Michel Jorratt acaba de notificarnos que hay doscientos casos más, de empresas y personas naturales, donde el SII detectó eventuales evasiones con características similares a las que dichas aristas presentan. ¡Doscientos casos más! ¿En un país no corrupto? Por favor, hablemos en serio. De una vez por todas.
Y respecto de Caval, ¿cuántos cavales más andan dando vuelta por ahí? ¿Cuántos negocios millonarios se efectuaron, a partir de información privilegiada, en el ámbito financiero, en el inmobiliario, en el de pensiones y en el de obras públicas? ¿Cuántos que no hemos detectado aún?
Y el uso de la estructura administrativa del Estado para pagar favores políticos y situar en él a parientes y familiares (hay miles de casos), ¿me va a decir que no es corrupción? ¿Según cuál definición de corrupción? ¿Cuál será aquella tan flexible y relajada que usa el ministro? Y si es corrupción, ¿por qué no se controla? ¿Dónde están los mecanismos que permiten hacerlo? Estimado lector, para efectuar el acto corrupto de usar el aparato estatal como bolsa de trabajo en beneficio de parientes y correligionarios, en Chile hay chipe libre.
Y el brutal incremento que se aplicaron en sus rentas los parlamentarios aprovechando el MOPGate (140%; multiplique su sueldo por 2,4 para que tenga una idea de lo que significa), ¿no es un acto de corrupción? ¿No es legislar en beneficio propio y en contra del interés común? ¿Y quién controla ese tipo de actos? ¿Cómo se fiscaliza en Chile a funcionarios públicos que han demostrado que, cuando tienen la oportunidad, no vacilan en utilizar el poder de que disponen para favorecerse?
Usted lo percibe igual que yo, estoy seguro: esto, lo que estamos viendo, es la punta del iceberg; es la basura que está oculta en el extremo de la alfombra. Si pudiésemos ventilar, si llegásemos a levantar completa la alfombra, le encargo lo que encontraríamos. Chile, ¿un país no corrupto? No me haga reír.
De manera que la primera condición para ser un país no corrupto, aunque le pese al ministro, Chile, nuestro Chile querido, no la cumple. Ni por asomo.

Lo segundo: cuándo se descubren actos de corrupción, ¿se transparentan?

A ver… ¿de verdad es necesario que profundice al respecto? ¿No basta con la aplastante evidencia que hemos conocido respecto de la arista Soquimich del caso Caval? Sólo a manera de recordatorio le detallo algunos de los esfuerzos efectuados para sepultar el caso, e impedir que se le investigue y la verdad salga a la luz: hace unas semanas se intentó sacar de la investigación al fiscal encargado; el SII ha dilatado hasta el límite la entrega de información a la Fiscalía y hasta la semana pasada, pese a todo el tiempo transcurrido, aún no efectuaba las denuncias que la ley le exige (ojo, denuncias que tiene la obligación legal de efectuar y que debió haber interpuesto hace meses); el mismo SII ha intentado imponer soluciones administrativas al caso, tratando de evitar que éste se penalice; Soquimich se ha negado a entregar información a la Fiscalía y su ex gerente general ha recurrido al TC en procura de reafirmar su postura.
Dígame, ¿podemos llamar transparencia a este verdadero engendro creado para dilatar y ocultar eventuales delitos y a sus autores y cómplices?
Y este no es un hecho aislado. Revise hacia atrás y verá que en todos los casos de corrupción detectados, que son muchos, nunca hemos sabido toda la verdad. Siempre se han tendido espesos mantos para ocultarla. Partiendo por el más emblemático de todos: el caso MOP-Gate.
Ahora, respecto de esas 200 empresas que, según Jorratt, habrían usado las mismas figuras delictivas que Penta, ¿por qué no se hacen las denuncias? ¿No hay, acaso, obligación legal de efectuarlas cuando se está en presencia de un eventual delito? ¿No obliga a eso, por lo demás, la transparencia?
Así que la segunda condición para ser un país no corrupto, aunque le siga pesando al ministro, tampoco la cumple nuestro Chile querido. Vamos bien hasta el momento, ¿verdad?

Lo tercero: ¿se sancionan drásticamente los casos de corrupción descubiertos?

Veamos… ¿le suena algún caso donde este requisito se haya cumplido? De todos los hechos de corrupción descubiertos, que son bastantes, ¿recuerda aunque sea uno en el que se haya sancionado a los culpables como corresponde (a todos los culpables, no sólo a algún chivo expiatorio)? ¿Uno solo? ¿Siquiera uno?
No necesita esforzarse en demasía, porque no hay ninguno. Respecto de la corrupción, en Chile, campea la impunidad más absoluta.
Como puede usted observar, y para espanto del ministro Peñailillo, Chile tampoco cumple la tercera condición. Peor aún, está muy lejos de cumplirla.
Y si no se da en nuestra querida nación ninguna de las tres condiciones que debe, necesariamente, cumplir un país no corrupto, ¿en qué antecedente concreto se basa el ministro Peñailillo para sostener que Chile merece esa calificación? ¿En su apreciación personal? ¿En su olfato? ¿O lo que planteó no era una aseveración sino un deseo? ¿Nada más que un anhelo?
Porque, si es así, ese anhelo lo tenemos todos.
Ahora, para cumplirlo, concordemos, no basta con desearlo. Se requieren cambios drásticos. Y aunque el recién creado “Consejo Asesor contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción” pueda parecer, dada la experiencia anterior de Michelle Bachelet en materia de comisiones, una pérdida de tiempo (o una ganancia de tiempo, depende del punto de vista), a mi parecer puede transformarse en una valiosa oportunidad. Siempre y cuando el Consejo esté a la altura, por supuesto. ¿Y qué tendría que hacer, como mínimo, el Consejo para estar a la altura? Pues, me comprometo a abordar el tema en mi próxima columna.
Mientras tanto, si usted conoce al ministro Peñailillo, aconséjelo (estamos en época de consejos) que se aleje del ámbito del humor y que revise su concepto de “país no corrupto”. Porque, verdaderamente, deja mucho que desear.