18/03/2015 | El
tribunal de alzada, además, resolvió que se realice una nueva autopsia
por parte del personal del Servicio Médico Legal, con exclusión del
médico legista señor René López Pérez, quien evacuó el primer informe
respecto a la muerte del cantante.
Luego
de la reapertura de la causa por la muerte del cantautor uruguayo
Gervasio, ocurrida el 28 de octubre de 1990 en una zona campestre en el
kilómetro 42 de la carretera entre Santiago y San Antonio, la Corte de
Apelaciones de San Miguel ordenó la exhumación del cuerpo del artista
-que se encuentra sepultado en el Cementerio Parque del Sendero de
Maipú- solicitada por su hijo Leandro Viera, querellante en el caso.Ello, en el marco de las diligencias tendientes a aclarar el deceso del uruguayo sobre la base de un nuevo peritaje encargado al criminalista Jaime Brieba Quintana que concluyó que el intérprete no pudo ejecutar por sí mismo una acción para atentar contra su vida, como resolvió la investigación judicial efectuada por el Primer Juzgado del Crimen de Talagante.
El tribunal de alzada, además, resolvió que se realice una nueva autopsia por parte del personal del Servicio Médico Legal, con exclusión del médico legista señor René López Pérez, quien evacuó el primer informe respecto a la muerte del cantante, ordenando también que en el análisis participe el perito propuesto por la parte querellante, Luis Ravanal, según informó Emol.
Por último, se ordenó la ubicación y posterior citación del oficial en retiro de la PDI, Francisco Antonio Vega Valles, para que declare respecto a la presunta participación de terceros en la muerte de Gervasio, quien al momento de su deceso tenía 42 años y una acusación por su supuesta participación en dos casos de violación.
En octubre pasado, Viera presentó una querella contra los dos presuntos autores materiales de la muerte del cantautor uruguayo Gervasio, tras la aparición de nuevos antecedentes que -a su juicio- son suficientes para establecer la participación de los sujetos en cuestión en la muerte del intérprete.
La acción judicial -patrocinada por el abogado Rubén Jerez- buscaba procesar por el delito de homicidio calificado en calidad de autor a dos ex agentes de seguridad del Estado de la época -de iniciales H. y O.- y a todos quienes tengan responsabilidad en la muerte del artista. En el escrito, se asegura que ambos agentes requeridos se encontraban en Santiago y uno de ellos estaría involucrado directamente en la muerte del ex ministro de Salvador Allende, José Tohá, en 1974.
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