Se fijó el límite para acuerdo político que define reglas del juego a futuro

Oficialismo cierra la puerta a “perdonazo” e “impunidad” en casos Penta y SQM

En las huestes de la Nueva Mayoría y el Gobierno algunos concuerdan en privado en que se debe frenar la “caza de brujas” y “andar disparando a la bandada”, incluso responsabilizan de ello a los fiscales, pero pese a eso reconocen que no hay cómo “echar bajo la alfombra” todo el destape de irregularidades en el financiamiento de las campañas políticas. No habrá borrón y cuenta nueva.

por Marcela Jiménez

Desde el momento en que estalló el caso Penta y luego derivó en la arista SQM que salpica a todos los sectores políticos, el fantasma de un posible acuerdo político entre cuatro paredes para hacer borrón y cuenta nueva, ha estado rondando. Cada cierto tiempo, la idea retoma fuerza y consigue adeptos, como en estos días con uno de los principales involucrados en el Pentagate, el fundador de la UDI Jovino Novoa. Sin embargo, el intento siempre choca con el mismo muro y en esta ocasión no fue la excepción. No hay piso, espacio ni legitimidad en la Nueva Mayoría para avalar una amnistía ni perdonazo que neutralice la premisa del caiga quien caiga que zanjó hace dos semanas la propia Presidenta Michelle Bachelet.
“Se requiere un acuerdo nacional para superar esta crisis y generar una institucionalidad más sólida. Aquí el caiga quien caiga es el eslogan de los irresponsables. Lo que se requiere urgente es salir de este marasmo”, dijo Novoa el domingo en El Mercurio. No se quedó ahí, el líder del gremialismo reflotó el acuerdo político que hubo en el Gobierno de Ricardo Lagos a raíz del caso MOP-Gate, cuando “la UDI salvó” al Mandatario: “Por razones más graves que las de ahora, la gente decía ¿va a terminar este gobierno o no? Y lo que hizo (Pablo) Longueira fue lo que hace cualquier patriota: fue donde Lagos y le dijo que debían arreglar este asunto, y se arregló, se hizo una ley. Si ahora no existe la misma disposición a asumir ese liderazgo, no nos quejemos si las cosas en Chile comienzan a ir de mal en peor”.
Ya en las primeras semanas, cuando estalló públicamente el Pentagate –durante el último trimestre del 2014–, la directiva de la UDI, en ese momento liderada por Ernesto Silva, trató de crear un clima político que permitiera llegar a un acuerdo, tendió puentes y busco con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, la posibilidad de lograr un pacto político, esfuerzo que fracasó con el rechazo de La Moneda.
La razón entonces y ahora es la misma: no existe el espacio político para reflotar un entendimiento entre cuatro paredes como se hizo el 2003 con el MOP-Gate, época en que no estaba vigente en la Región Metropolitana la reforma procesal penal, por ende, no estaba operativo el Ministerio Público con la autonomía que ahora le conocemos.

Nadie desconoce que la arista SQM puso nerviosa a toda la Nueva Mayoría, por eso hay más de uno en las huestes oficialistas que no ven con malos ojos los planteamientos de Novoa. Hay quienes incluso comparten –en privado– la crítica que hizo el ex senador UDI al trabajo del Ministerio Público, acotando que “los fiscales están a la caza y eso hay que pararlo”.
Pero lo cierto es que es transversal en el oficialismo, tanto en los dirigentes de partido, parlamentarios, como autoridades de La Moneda, recalcar e insistir en que no habrá “blanqueo”, tampoco “perdonazo”, ni menos se gestionará una “autoimpunidad”.
Incluso, algunos en el propio Gobierno concuerdan en que se debe frenar la “caza de brujas” y “andar disparando a la bandada” –aludiendo a la incertidumbre que hay por la magnitud que tendría para la Nueva Mayoría la investigación en el caso SQM–, pero reconocen que no hay cómo “echar bajo la alfombra” todo el destape de irregularidades en el financiamiento de las campañas políticas.
“La apuesta de Jovino Novoa no tiene viabilidad”, precisó un alto dirigente del PPD, mientras que desde la DC otros agregaban que “no hay forma de no sancionar las culpas”, al tiempo que en La Moneda advierten que cualquier cosa parecida a un “arreglín político” sería un error político y estratégico, porque “en estos días es algo imposible de ocultar”.
Esas opiniones son coincidentes con lo que planteó públicamente ayer el timonel del PS, Osvaldo Andrade: “No hay ninguna condición política que permita legitimar un acuerdo de impunidad y dejar sin efecto las investigaciones judiciales y las sanciones, es una opción absolutamente imposible. Hay que avanzar en la verdad y en las sanciones de quienes cometieron delitos”, señaló.
Hace quince días, la Presidenta Bachelet optó por zanjar las discrepancias internas en La Moneda sobre la mejor fórmula para sortear el impacto de la arista SQM y definió ahí la premisa de que no habrá defensas corporativas ni institucionales, sea quien sea y “caiga quien caiga”.
En el PC recalcan que con eso es imposible “desdecirse” y dar un paso atrás, porque ha sido la propia Mandataria la que ha fijado la pauta de acción. Postura compartida por el presidente de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló, quien sentenció que “en las actuales circunstancias, luego que el país ha conocido las gravísimas irregularidades en los casos Penta, Caval y SQM y vaya a saber en qué otras aristas más, la Presidenta ha adoptado un camino que es el único posible en nuestro país, que es el camino que la justicia (…) y (se) aplique sanciones ejemplificadoras en cada uno de los casos, caiga quien caiga”.
Más allá de los matices y ambigüedades de las declaraciones de algunas figuras oficialistas sobre el tema, hay otro antecedente no menor que termina por cerrar la puerta a un acuerdo político que implique un perdonazo. Los dirigentes de la Nueva Mayoría entregaron ayer al consejo asesor liderado por el economista Eduardo Engel y al ministro Peñailillo, su “Agenda de Probidad y Transparencia”, 33 propuestas legislativas y administrativas sobre la materia y que en su introducción sentencia que la coalición da “todo nuestro apoyo a las instituciones de la República que, dentro de sus competencias legales, deben investigar y eventualmente sancionar todas las irregularidades y delitos. Aquí no cabe tapar nada, empatar nada ni amnistiar nada”

Rayado de cancha 

La jefa de la bancada de senadores DC, Carolina Goic, hizo ayer una salvedad no menor: pidió “no contaminar el término acuerdo” al ponerlo como sinónimo de “impedir que la justicia haga su trabajo”.
El rayado de cancha, según la Nueva Mayoría, radica ahí precisamente. Las conclusiones que arroje el Consejo Asesor al que convocó Bachelet hace tres semanas, el mismo documento que entregó ayer la Nueva Mayoría y el cúmulo de declaraciones del oficialismo que abogan por un acuerdo político para salir de la crisis de credibilidad que desataron los casos Penta, SQM y Caval, requieren necesariamente de sentarse a conversar con la derecha y llegar a consensos, tanto para aprobar los respectivos proyectos en el Congreso como para darles continuidad –en gobiernos futuros– a las medidas administrativas que se adopten.
El electo timonel de la DC, Jorge Pizarro, dijo ayer que “es esencial un acuerdo normativo institucional  que permita garantizar probidad y transparencia en la gestión pública en el uso de los recursos, financiamiento de la política, conflictos de interés, la relación entre privados y el sector público, y dentro del sector público. Es claro que nuestra democracia necesita perfeccionarse en esa materia” y agregó que “la esencia de la política es generar diálogo y acuerdos en esta línea y creo que los partidos no podemos obviar esta situación.  Y hay que actuar con la seriedad que se requiere y mientras  antes se haga tanto mejor”.
Ahí caben –precisan en el oficialismo– posibles mesas de diálogo, no se descarta una reunión con todo el espectro político, incluso liderada por la propia Presidenta Bachelet, como piden algunos sectores. También propuestas –recogidas en la agenda de probidad entregada ayer a Peñailillo– como la pérdida del cargo de autoridades elegidas que transgredan norma de gastos electorales, probidad o transparencia, limitar el número de reelecciones de las autoridades, fijar la inhabilidad obligatoria para todo cargo de elección popular en caso de conflicto de intereses.
Aún más, se puede llegar a establecer una línea para diferenciar los “errores, omisiones y fallas institucionales por prácticas habituales que no cumplen en estándar ético actual” de los que son los delitos e irregularidades flagrantes cometidos en el marco del financiamiento de campañas. Eso, destacan, está a tono con lo que ha sido y es la política que ha definido La Moneda para enfrentar la situación de personeros involucrados en casos de boletas que han surgido en los casos Penta y SQM: solo se respalda a quien pueda justificar las boletas, quien tenga respaldo; al resto, no.
Ese es el límite, el rayado de cancha. “Todo es posible, menos fijar una amnistía en materia de corrupción que deje en jaque la premisa del caiga quien caiga en caso de delitos”, sentenciaron en el oficialismo.