“El Ministerio Público está literalmente investigando en el aire”, acusa el texto.

Exclusivo: el informe con que Soquimich rechazó entregar contabilidad a la Fiscalía

Jorge Molina Sanhueza 23 Marzo, 2015 Fotos: The Clinic Online

El autor es el abogado Gabriel Zaliasnik, quien luego de analizar el Código Tributario y señalar que la fiscalía carece de atribuciones para indagar delitos de la especie, escribió: “El Ministerio Público está literalmente investigando en el aire”. Fue este documento, que publica The Clinic Online, el que determinó que la minera derivara la información contable sólo al SII, evitando con ello acceder a la solicitud de la fiscalía para una entrega “voluntaria”. El profesional explica que si el órgano perseguidor sigue inmiscuyéndose en las atribuciones del fisco, el caso podría terminar en una contienda de competencia que debería ser resuelta por la Corte Suprema.

Cuando el lunes 16 de marzo Soquimich resolvió no entregar la información contable 2009-2014 a la fiscalía, no fue un capricho del controlador y exyerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou. La decisión de la mayoría del directorio de la minera no metálica -que se impuso a los minoritarios de la canadiense PCS- se basó en un pormenorizado estudio en derecho preparado por el abogado Gabriel Zaliasnik.
En el documento de 17 páginas, que publica en exclusiva The Clinic Online, Zaliasnik analiza en detalle las normas del Código Tributario y por qué el Ministerio Público, a su juicio, no tiene las facultades de investigar delitos de la especie sin la presentación de una denuncia o querella del fisco. Y además, calificó como “grave la pretensión” de la fiscalía de seguir en esa línea.
“Resulta especialmente grave la pretensión del MINPUB (Ministerio Público), pues aparentemente se invierte el debido orden procesal, según el cual éste sólo puede investigar cuando toma conocimiento de la existencia de un hecho que pueda revestir el carácter de delito. El palabras simples, el MINPUB debe tomar primero conocimiento y luego investigar… Por el contrario todo parece indicar que lo que pretende solapadamente el MINPUB es primero investigar y luego, en caso de advertir hechos que a su juicio exclusivo puedan revestir eventualmente el carácter de delito, recabar del SII una decisión en orden a denunciar o interponer querella a su respecto”, escribió el profesional.
Y remató: “El Ministerio Público está literalmente investigando en el aire”.
En esa línea aseguró que la fiscalía estaría violando las garantías constitucionales, tanto de los posibles imputados, como también de la empresa, toda vez que alertó de las posibles consecuencias procesales, y de cómo, a su juicio, el organismo perseguidor ejecuta conductas más allá de sus facultades. Además planteó que con la solicitud de entrega voluntaria que formuló la fiscalía a SQM -la que finalmente no se concretó- podría configurarse una suerte de autodenuncia, lo que atenta contra el derecho a la defensa.
“En conclusión, la actuación del MINPUB al pretender recabar la entrega de información contable de un tercero en el marco de una investigación por delitos tributarios del todo ajenos a éste, excede con mucho sus potestades, no pudiendo a pretexto de que se indagan igualmente delitos comunes, proceder a llevar adelante una diligencia intrusiva esencialmente grave como sería el acceder a la contabilidad de una empresa en la forma que ha sido requerida”.
Por lo anterior, Zaliasnik reveló un hecho hasta ahora desconocido y que podría adelantar los próximos pasos de la defensa de SQM. En la conclusión 15 del estudio en derecho, el profesional apuntó a que si la fiscalía se inmiscuye en las labores del SII, se traba una contienda de competencia que debe “ser resuelta por la Corte Suprema”.
Las boletas de María
La arista SQM apareció en la investigación madre que lleva Chahuán conocida como el caso Penta, cuando se descubrió una triangulación de dineros a través de la empresa Reactor, que fueron a parar a la fallida campaña a senador del UDI Pablo Zalaquett. En esa línea aún faltan Corpbanca, Ripley y Alsacia del Transantiago.
Otro hecho surgió a través del ex subsecretario de Minería, el ex UDI Pablo Wagner, porque su cuñada María Carolina de la Cerda justificaba los pagos del holding desde 2010 a 2012 cuando estaba en su cargo, sumando un total de 42 millones. Ello ocurrió en momentos en que uno de los dueños del grupo, Carlos Alberto “choclo” Délano participaba en el proyecto minero Doña Dominga. Délano actualmente está formalizado y en prisión por soborno y delito tributario.
Sin embargo, no fueron los únicos documentos que giró la mujer. El SII determinó que una boleta de julio de 2009, por poco más de ocho millones, terminó en la contabilidad de SQM sin que hubiera prestado servicios para esa empresa. Los dineros fueron a parar a la campaña de Joaquín Lavín que ese año perdió en la circunscripción Quinta Costa. La mujer, actualmente, está querellada por el SII.
Zaliasnik se hizo cargo de este último hecho en su informe, explicando que el SII sólo presentó el libelo en contra de De la Cerda en la fecha mencionada, por haber presentado “declaraciones maliciosamente incompletas”.
Al respecto, señaló: “Conforme a los hechos que se conocen públicamente, no es posible sostener que Soquimich pueda enfrentar una imputación por el delito de soborno… Ello toda vez que María Carolina de la Cerda ni don Pablo Wagner eran funcionarios públicos a la fecha de la emisión y pago de la boleta en cuestión”. En otras palabras, escribió Zaliasnik, la fiscalía “no puede exceder dicho ámbito fáctico”. Y asimismo insistió que sólo el SII puede recopilar los antecedentes y desde allí decidir “discrecionalmente si ejercer o no la acción penal”.
Hay que recordar que el 16 de enero pasado, luego de la querella presentada por el SII contra Wagner y de la Cerda que incluía la incautación de la contabilidad 2009-2014, misteriosamente el organismo cambió sobre la marcha el libelo, circunscribiéndolo sólo a julio del primer año. Ese hecho hizo sospechar a la fiscalía de que una posible estrategia contra la investigación estaba en camino.
Por la interposición de la mencionada acción legal es que Wagner está formalizado por lavado de activos, cohecho y delito tributario y se encuentra en prisión junto al “choclo” y otro de los dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín.
Pronta entrega
Como sea, el informe fue clave en varios hechos ocurridos el lunes pasado. El primero, que la entrega de la contabilidad mencionada se hiciera al SII, rechazando así la petición del fiscal nacional Sabas Chahuán, para que fuera en forma voluntaria. Segundo, el razonamiento de Zaliasnik va en la misma línea argumental usada por el abogado Samuel Donoso, patrocinante del ex gerente Patricio Contesse ante el Tribunal Constitucional (TC) ese mismo lunes, cuando también fue despedido.
Este criterio jurídico fue el que predominó la semana pasada y -en parte- es el mismo con el que el SII defiende su facultad de ser el titular de la acción penal en materia impositiva. E incluso más, se trata del mismo que instaló el SII 12 de marzo, cuando lanzó una campaña de fiscalización a grandes contribuyentes, donde deslizó que privilegiaría la salida administrativa en vez del ámbito criminal.
El hecho encendió las alarmas en el Ministerio Público, porque implicaba una suerte de encubrimiento a la investigación y un cambio del cielo a la tierra en la actitud colaborativa que había tenido el SII en el caso Penta.
En suma, la fiscalía sospechó que la maquinaria política estaba en marcha, porque detrás de Soquimich, entonces, no estaba sólo la derecha, sino también personajes ligados a la Nueva Mayoría. Hasta ahora se sabe que un hijo del diputado DC Roberto León, otro del embajador en la República Checa, Marcelo Rozas y la easesora del PS Fulvio Rossi, están en la lista.
Por eso informe de Zaliasnik también permite comprender la estrategia que Chahuán inició el miércoles 18, luego que el Octavo Juzgado de Garantía -un día antes- evitara resolver la orden de allanamiento solicitada, esperando a que el TC paralizara cualquier diligencia en materia tributaria de la arista Soquimich, lo que coincidentemente así ocurrió.
Sucede que ese miércoles, Chahuán envió un oficio al SII otorgándole 48 horas al organismo que dirige Michel Jorratt, basándose en delitos de cohecho y apropiación indebida -evitando la mención a los tributarios- para que entregara la información contable antes referida. Ello, previa advertencia que de no hacerlo, lo obligaría a llevarlo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusándolo de desacato.
El apretón de clavijas hizo efecto y el viernes 20 -viéndose en la encrucijada- el SII llevó a Chahuán el pendrive con la información. Eso, sin contar que el propio Jorratt anunció que a fines de mes presentarían una querella en la arista Soquimich. Todo indica que la acción legal irá dirigida a los participantes del episodio, donde a través de la empresa Reactor, se hizo llegar las platas a Zalaquett.
Los ejecutivos
Ahora que Chahuán y el fiscal Carlos Gajardo tienen la información contable, comenzará el desfile de ejecutivos de SQM para declarar.
De esta manera se inicia la segunda fase del caso de corrupción más importante que haya conocido el país. No sólo porque involucra a la clase empresarial, sino también política de todos los colores.
Si se sigue la lógica usada en el caso Penta, todo indica que quienes emitieron boletas sin haber realizado trabajos para SQM, podrían ser formalizados, al menos, por delito tributario. También Ponce Lerou, Contesse, como jefes de la firma y por quienes pasó la autorización de pagos que finalmente fueron a parar a campañas políticas, podrían seguir la suerte de Lavín y Délano.
Por esta razón las alarmas están encendidas en La Moneda, porque la crisis se sumaría al caso Caval, donde está involucrado Sebastián Dávalos, el hijo de la Presidenta, en la supuesta compra ilegal de terrenos en Machalí, VI Región, que le produjo una ganancia de $2.500 millones -que aún no llegan a su bolsillo- donde el fiscal regional Luis Toledo ha realizado allanamientos e incautaciones. Entre ellas, a la casa del propio Dávalos.
Con todo, parece ser que el vendaval está a la vuelta de la esquina. Y Chahuán, como lo hiciera su colega italiano a principios de los 90 -el fiscal general Antonio di Pietro con el llamado “proceso manos limpias”- está ad portas de destapar, lo que en Roma se conoció como la “Tangentópoli”. En español, “la ciudad de los sobornos”. En Chile, por ahora, se conoce como Penta… y quién sabe si en pocos meses, también se le agrega Soquimich.
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