Los vínculos y nombres tras el negocio de Caval
Diversos son los personajes
que, directa o indirectamente, han tenido palco en la historia que se
convirtió en una pesadilla para el Gobierno de Michelle Bachelet por el
rol de su hijo, Sebastián Dávalos. Andrónico Luksic, el empresario
Gonzalo Vial Concha, el síndico Herman Chadwick, algunos funcionarios
públicos y una empresa que hace años estuvo envuelta en el MOP-Gate, son
algunos de ellos.
Así lo relató el hijo del dueño de Agrosuper a El Mercurio, detallando que rechazó la oferta porque no estaba en condiciones de invertir, y negando haber sido él quien dateó al matrimonio de Compagnon y el hijo de la Presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, sobre estos terrenos, ubicados en la región donde está el corazón de los negocios de su familia.
Según el empresario, Caval realizó un estudio de mercado en unos predios que él posee en Machalí. Pero el vínculo no es solo laboral: la pareja contrajo matrimonio el 14 de octubre de 2012 en el fundo Haras de Callanas en Paine, propiedad de Vial Concha. Favor que habrían logrado, según relató, luego de que Compagnon le dijera en una reunión que “si algún día me casara, me gustaría que fuera aquí”.
Vial Concha también comparte con los Dávalos-Compagnon haber comprado terrenos en Machalí al matrimonio de Patricio Wiesner y Helga Riffat, a quienes adquirió 30 hectáreas el año 2001.
El convenio judicial preventivo entre Caval y Agrícola Wiesner, la sociedad propiedad del matrimonio Wiesner-Riffat que vendió los tres predios a la sociedad perteneciente 50% a Natalia Compagnon, se realizó a través del síndico de quiebras Herman Chadwick, hijo del dirigente gremialista del mismo nombre y primo del ex Mandatario Sebastián Piñera. El mismo síndico que asesoró a Vial Concha para repactar unos pasivos en septiembre del año pasado y a través de quien –según detalló el propio Vial– se enteró que la sociedad de Natalia Compagnon y Mauricio Valero adquirió los terrenos.
La familia Weisner-Riffat no solo estuvo vinculada a Caval por la venta de sus predios Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena a través de la sociedad Wiesner S.A. Uno de sus miembros, Cynthia Ross Wiesner, tuvo múltiples nexos en esta historia.
La arquitecta es sobrina de Patricio Wiesner, socio y representante legal de Wiesner S.A. –según publicó Ciper–, a quien asesoró elaborando un informe de tasación de los terrenos, que fue parte de los antecedentes que manejó Caval a la hora de hacer el negocio. El estudio se refería a la modificación que la Seremi de Vivienda y Urbanismo estaba tramitando del Plan Regulador Intercomunal que afectaba a los predios de su tío, adelantando que se planificaba la aprobación para julio de 2013 por parte del Consejo Regional (Core), detallando las ventajas que tendría a la hora de vender los terrenos y entregando un dato clave para hacer atractivo el negocio: que los predios pasarían a tener la condición de urbanos, con una densidad promedio de 120 habitantes por hectárea.
Mientras realizaba este trabajo, Cynthia Ross trabajaba en la Dirección de Obras de Machalí, y entre sus funciones se contaba justamente realizar propuestas a futuras modificaciones al Plan Regulador Comunal y el Plan Regulador Intercomunal. La prestación de servicios de la arquitecta –que entre 2006 y 2008 trabajó en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo– a la Municipalidad de Machalí se inició en febrero de 2013 y terminó en diciembre de 2014.
Pero las proyecciones de la profesional no se concretaron. En agosto de 2013, el Concejo Municipal de Rancagua, en contra de todo lo esperado, rechazaba la propuesta enviada por el Seremi de Vivienda, Wilfredo Valdés, para cambiar el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, fundamental para que los predios cambiaran su uso de rural a urbano y el negocio se transformara en una mina de oro.
Wilfredo Valdés –que antes de asumir el cargo público tasó en 2013 los terrenos que compró Caval, mientras prestaba servicios a una empresa que realizaba tasaciones para el Banco Santander– llamó a una licitación para elaborar un nuevo Plan Regulador cinco meses después de que Caval inscribiera los terrenos a su nombre, en marzo de 2014.
La tarea se la adjudicó la consultora Habiterra Ltda., empresa cuyos dueños estuvieron involucrados en el MOP-Gate. Esto, porque –según publicó The Clinic–, durante el escándalo que sacudió al Gobierno de Ricardo Lagos, la empresa –que en ese tiempo se llamaba Habiterra S.A.– estuvo acusada de prestar boletas para pagar a un funcionario del Ministerio de Obras Públicas por trabajos que jamás se realizaron, aunque no enfrentaron sanciones.
El martes pasado, y en medio de la tormenta que ha generado el negocio, investigado por el Ministerio Público por posible tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible, el Seremi informó a los consejeros regionales, que, de acuerdo a la consultora Habiterra Ltda., los predios vendidos al empresario Hugo Silva por la nuera de Bachelet en 9.500 millones de pesos, no se transformarán en urbanos.
Pese a que desde Caval han rechazado que funcionarios públicos entregaran información a la empresa mientras gestionaba el negocio, un mail enviado por el ex director de Obras de Machalí, Jorge Silva Menares, dice lo contrario.
Silva, que ha impulsado férreamente el cambio al Plan Regulador de la zona, enviaba un correo electrónico en octubre de 2013 al socio de Compagnon, Mauricio Valero, respondiendo una consulta del director general de Caval, relativa a la densidad de habitantes por hectárea que se esperaba para los terrenos que buscaban adquirir, detallando los pasos que se seguirían para alcanzar los “120 hab/ha señalados por usted”.
Jorge Silva, que actualmente es jefe de Finanzas de la Municipalidad de Machalí y que enfrenta un sumario interno por la situación, ha rechazado el traspaso de información privilegiada, asegurando que era información que se entregaba en forma abierta a todos los empresarios de la comuna.
EL FACTOR LUKSIC
El 4 de noviembre de 2013, Patricio Bustos –que el año pasado inició una demanda laboral contra Caval– llamaba a María Teresa Errázuriz, secretaria del vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, para solicitar una reunión con el fin de discutir el polémico crédito que por esos días intentaba conseguir la empresa Caval para comprar tres terrenos en Machalí.Según detalló Bustos en la llamada, a la cita asistirían el gerente general de Caval, Mauricio Valero, su socia, Natalia Compagnon, y su esposo, Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet.
Dos semanas antes, según relatan fuentes que conocen detalles de la reunión, el ejecutivo que lidiaba con el entonces asesor crediticio de Caval, había advertido a la secretaria que recibiría esa llamada, ya que desde la primera vez que Bustos pidió una reunión con el dueño de Canal 13 –cuya familia este año lidera nuevamente el ranking Forbes de chilenos más ricos del mundo–, dijo que era para el hijo de la actual Mandataria.
El encuentro, que se concretó el 6 de noviembre de ese año, duró 25 minutos, y se habría realizado –de acuerdo a la versión de las mismas fuentes– porque “Andrónico lo hace para mandar el mensaje que no los discrimina por ser PPE (Personas expuestas políticamente). Le advierte a su equipo que hay que irse con cuidado, pero que si los números dan, los traten como cualquier cliente. Andrónico no participa en un comité de decisiones de crédito desde que tenía el Banco O’Higgins”.
Tras la reunión con Luksic, Bustos desapareció de las negociaciones, que fueron asumidas por Valero.
Las mismas fuentes señalan que el 18 de noviembre el crédito es rechazado, porque los números “no dan”. En ese momento pedían un poco más de 300 mil UF. Desde el Chile le habrían pedido a Caval volver con otra propuesta, tras lo cual y luego de tasar los terrenos, decidieron entregarle un crédito de 265.980 UF un día después de que Bachelet ganara las elecciones, el 16 de diciembre de 2013. Préstamo que permitió concretar el millonario negocio.
UN PRÉSTAMO ILÓGICO
El ex alcalde de Rancagua y ex presidente de la Fundación Pinochet, Mario Barrientos, fue quien le habló al empresario Hugo Silva por primera vez de los terrenos que Caval tenía en Machalí.Silva –que entre otros negocios construyó el Terminal de Buses O’Higgins, tiene la concesión del terminal de buses rural municipal de Rancagua y levantó el edificio de estacionamientos que está cerca del mall del centro en dicha ciudad– consiguió el préstamo para comprar los terrenos también en el Banco de Chile.
Un excelente negocio, ya que el banco no solo le prestó el dinero a Caval para la compra, sino que volvió a prestarle el dinero a la empresa Silca, de propiedad de Hugo Silva, para que comprara el mismo terreno a la referida Caval.
Como garantía el Banco de Chile exigió una hipoteca sobre los tres terrenos vendidos a la empresa de Compagnon y Valero. Al respecto, un abogado experto en este tipo de préstamos, que revisó los contratos de compraventa del negocio, asegura que “el crédito otorgado a Caval no es lógico, porque es una sociedad que no tiene patrimonio ni flujo. En general, cuando se garantiza con un predio, los bancos tasan y prestan hasta un 80% del valor de la tasación como una forma de cautelarse de variaciones en el precio de mercado”.
En el caso de Silca, agrega, “el Banco de Chile se aseguró el pago con garantías reales que van más allá de los tres lotes –como era el caso de Caval– y le pidió otras que están en una escritura anexa entregada por Ruta 86”, la inmobiliaria de Hugo Silva a través de la cual compró los terrenos.
Negocio que por estos días ha cuestionado públicamente, ya que decidió querellarse contra los representantes de Caval por estafa.
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