Penta de cuello y uniforme: miembros del Ejército y Carabineros repiten las prácticas del Choclo y Lavín presos del holding

10/03/2015 | Por Equipo Cambio21
Más de seis mil millones de pesos habrían sido desfalcados por una sola persona gracias a las ya conocidas facturas ideológicamente falsas. En coordinación con un civil, un mayor en retiro gestionó y validó decenas de documentos.

No es sólo el sector privado el que abusa del sistema para sacar dividendos propios. Al ya conocido caso Penta-UDI, en que se destapó una amplia red de fraude tributario por medio de boletas falsas, Cambio21 publicó en su edición impresa, como se desenredó el negocio que armó un funcionario del Ejército para defraudar a su propia institución bajo el mismo formato utilizado por el holding de Carlos "Choclo" Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Se trata de los delitos cometidos por el mayor en retiro Mauricio Lazcano Silva, ex jefe del Comando de Bienestar, quien participó en millonarios desfalcos mediante el uso de facturas ideológicamente falsas, en coordinación con una empresa externa la que descontaba en bancos de la plaza dichos documentos firmados por Lazcano. Así, generaba liquidez factorizándolos y el Ejército aparecía como obligado frente a la banca.

El mayor (r) actuaba junto a la empresa Power TI, la que emitió millonarias boletas, justificadas por el exuniformado, alcanzando la suma de seis mil millones de pesos, preliminarmente. El hecho fue detectado a tiempo por la institución, lo que significó que Lazcano se autodenunciara, en búsqueda de atenunantes a su favor. Hoy el proceso es investigado por la Fiscalía Centro Norte, tras la denuncia del Ejército.

Por su parte, Carabineros, una de las instituciones más confiables para los chilenos, también tiene su propio caso Penta. En este el coronel Enzo Coppa Astorga habría "reclutado" uniformados para prestar servicios a una empresa privada, Eurocopter, lo que además le sirvió para la ganar una licitación por una nave.

Una grieta en el espejo de las FF.AA

En los últimos meses han quedado en evidencia el proceder de verdaderas "redes delictuales", la que según parece ser, atañe a distintos aspectos del país. Desde la comisión de Defensa, el diputado Jorge Tarud (PPD), lamentó que hechos como estos ocurran, pero destacó que los entes fiscalizadores lograron actuar de manera idónea y evitó que el delito se prolongara en el tiempo. "Lo veo con preocupación, como un tema sensible para nosotros, como es la defensa", consideró.

El mayor en retiro Mauricio Lazcano Silva, ex jefe del Comando de Bienestar, participó en millonarios fraudes con facturas falsas.

El parlamentario agregó que es "preocupante que esto esté pasando; siempre pensábamos que éramos un país que estaba exento en términos generales de corrupción, pero estamos viendo que también acontece. Todas las personas que estén involucradas en el aparato público, tienen que tener una mayor transparencia y mayor respeto con cumplir la ley".

En otro punto, Tarud desacredita la idea que el episodio, sumado a otros, signifique una pérdida de confianza en las instituciones de las FF.AA. "No veo que por un caso, se vea deteriorada la imagen, también hemos visto casos de coimas por los tanques Leopard y de los (aviones) Mirage, pero esos han sido hechos individuales dentro de las Fuerzas Armadas y no haría una generalización sobre corrupción al interior de la rama, en eso hay que ser cuidadosos, pero sobre estos casos, debemos aumentar los controles y focalización para que esto vuelva a suceder".

Una balanza desequilibrada

En entrevista con Cambio21, el abogado Mauricio Daza, explicó que, además de las altas penas que los involucrados arriesgan, la raíz de estos problemas está en que hay "procedimientos y fueros" que dan mayores garantías a los miembros de las FF.AA que al ciudadano corriente, por lo que postula que es necesaria su eliminación.

"Los delitos tributarios tienen asignados las mayores penas en el sistema penal, incluso, son mayores que atentar contra la vida o estabilidad física de las personas. Por lo tanto, fácilmente, dependiendo de cuál es el supuesto en que se haya concretado este tipo de ilícitos, las penas pueden llegar a más de 10 años de sanciones de cárcel, sin derecho a beneficio alguno", explicó el profesional.

Sobre esta red de "irregularidades" que ha salido a la luz en los últimos meses, Daza cree que "es importante que se garantice que las investigaciones criminales se lleven bajo la igualdad de la ley, lo que significa que se tiene que investigar con el mismo rigor a los pequeños y a los grandes contribuyentes, o aquellos que teniendo una posición de poder en el ámbito público han incurrido en delitos del Código Tributario del sistema legal. Ese es un desafío importante para el sistema penal. Si estamos a la altura, está por verse".

"El problema radica en que son ámbitos cerrados en que ni siquiera los organismos de fiscalización de Estado pueden acceder con facilidad, como es este caso. Bajo esa perspectiva es necesario avanzar en eliminar aquellos procedimientos y fueros especiales con que se garantiza  a los miembros de las Fuerzas Armadas", concluyó, refiriéndose a la justicia militar.