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domingo, 29 de marzo de 2015

Desafíos para el Chile de hoy: consolidar la democracia.

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Cientista Político y Diplomado en América Latina, Desarrollo y Cultura: Desafíos de la Globalización.
 
 Como hemos visto en el último tiempo Chile ha estado sacudido por una seguidilla de escándalos que ponen de manifiesto la complicidad entre el dinero y la política. A partir de los sucesos del caso Dávalos, Penta y SQM (por nombrar los más relucientes), el debate sobre la consolidación y la calidad de la democracia cobra nuevos bríos.
La imposibilidad de ver en Chile una democracia consolidada se explicaría fundamentalmente por la escasa modernización de las estructuras de los actores políticos y la desconfianza de la sociedad civil hacia las instituciones públicas. En términos estrictos, en un contexto donde las coaliciones de la Nueva Mayoría y la Alianza se encuentran desacreditadas, en que las instituciones históricas que gozaban de mayor popularidad se desploman abruptamente y la existencia de un descontento generalizado hacia las formas en que se conducen los asuntos públicos, induce a que exista una disociación radical entre una sociedad que demanda más y mejor democracia y una clase política -desacoplada de su presunta función democrática- que se constituye justamente en un obstáculo para consolidar dicha democracia. Lo señalado anteriormente se refleja en que ya en sus normas procedimentales para actuar (rule of law) está profundamente cuestionada (a la luz de que la normativa electoral es restrictiva, el financiamiento de la política opera como talón de Aquiles y el divorcio de la política con la ética pública conduce inexorablemente al establecimiento de prácticas corruptas).

Frente al cuestionamiento explícito por parte de la sociedad (que en su mismo ADN está el gen de la desconfianza extendida), uno de los desafíos entrañables para el Chile de hoy es precisamente lograr la tarea de una consolidación democrática. Pero, ¿qué comprendería esto? Básicamente la generación de ciertas condiciones para que existan espacios e instancias de involucramiento en los asuntos públicos, abriendo de por sí el debate sobre el desafuero parlamentario, la interdicción del mandato imperativo, la iniciativa popular de ley (es decir, que cada ciudadano recolectando cierta cantidad de firmas puedan presentar una iniciativa de ley) y la revocación de mandato (para que los representantes sientan la presión de realizar debidamente el ejercicio de su función pública atendiendo a los principios de probidad, transparencia y accountability).
En consecuencia, la consolidación democrática no es sólo una democracia que no tenga o posea vicios autoritarios (algo comúnmente llamado “enclaves autoritarios”), sino que también forjar la apertura para concebir la participación ciudadana como una parte inherente de las reglas del juego y una hipotética fórmula para aplacar los bajos índices de confianza depositados en la “política institucional” (Congreso, partidos políticos y actores). En ese sentido, si bien es cierto que mejorar la transparencia es una de las tareas pendientes, la consolidación requiere de manera ineludible preguntarse sobre las formas en que son conducidos los asuntos públicos y el modo en cómo se toman las decisiones.  Por ahí se comienza o cabría orientar la discusión.



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