ALEJANDRO CHAPARRO: DEL CASO COIMAS AL CASO PENTA

Empresa que emitió facturas falsas para campañas cobró $126 millones en asesorías a parlamentarios UDI y oficialistas

Por : Pedro Ramírez en Actualidad y Entrevistas Publicado: 16.03.2015

FUENTE. CIPER CHILE.CL

Parlamentarios del PS, UDI, PPD y DC figuran entre los clientes del otrora operador político y ahora experto en campañas electorales, Alejandro Chaparro, condenado por cohecho en el “Caso Coimas”. Hoy está bajo la lupa de Impuestos Internos y la Fiscalía por múltiples facturas que emitió la empresa Asesorías Cristina Zúñiga para encubrir aportes ilegales a campañas. Chaparro es el motor y “estrella” de esa empresa. Hasta ahora aparece con cinco facturas pagadas por Soquimich y una por Corpbanca para la campaña de Zalaquett. Entre sus clientes figura Javier Macaya, actual timonel de la UDI. 


Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL, una de las empresas que entregó facturas falsas para financiar campañas políticas y que actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público y por Impuestos Internos, fue contratada por el presidente interino de la UDI, diputado Javier Macaya, para sus asesorías legislativas. Si es ratificado por la Comisión Política de este lunes 16 de marzo, Macaya encabezará la UDI al menos hasta el próximo 10 de abril, fecha en que está programado un Consejo General del partido que deberá determinar la nueva directiva que enfrentará la crisis por la que atraviesa el gremialismo. Y Macaya figura como uno de los rostros que podría integrar la nueva mesa.
En los 25 días que tendría por delante como timonel de la colectividad, Macaya deberá enfrentar los corcoveos y cuestionamientos por el juicio a los dueños del Grupo Penta y que afecta también a parlamentarios y dirigentes de su partido. El último remezón fue la renuncia del presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva, con quien Macaya había forjado una estrecha alianza como secretario general de la directiva descabezada el miércoles 11 de marzo.

Javier Macaya

La tarea puede complicarse para Macaya, pues su nombre ya figura en el expediente de la Fiscalía como receptor de aportes legales de empresas del Grupo Penta, por la vía del Servicio Electoral –al igual que Silva-, para su campaña de 2013. A eso se suma su vínculo con la empresa de Cristina Zúñiga, la que emitió múltiples facturas y boletas de honorarios que están bajo investigación judicial y tributaria, pues habrían servido para encubrir aportes a candidaturas. Hasta ahora, en la investigación de las irregularidades del Grupo Penta hay constancia de que al menos seis de sus facturas habrían enmascarado aportes ilegales a la campaña senatorial de Pablo Zalaquett (UDI) por Santiago Poniente.
Macaya encargó trabajos de asesoría comunicacional a la empresa de Cristina Zúñiga Paredes por un total de $10,1 millones en los años 2013 ($5,3 millones) y 2014 ($4,8 millones). Esos montos fueron pagados por la Cámara de Diputados con cargo a las asignaciones parlamentarias del ahora presidente de la UDI.
El nuevo timonel gremialista no es el único diputado que ha contratado los servicios de Cristina Zúñiga. En la nómina figuran otros parlamentarios y no sólo de la UDI: Mónica Zalaquett (UDI), con $18,8 millones; Carlos Recondo (UDI), con $22,5 millones; Denise Pascal (PS), con $21,4 millones; Clemira Pacheco (PS), con $9,7 millones; Maya Fernández Allende (PS), con $3,2 millones; Daniella Cicardini (PS), con $4,8 millones; Tucapel Jiménez (PPD), con $5,6 millones) y Matías Walker (DC), con $5 millones.
En total, la Cámara de Diputados ha desembolsado $101,8 millones en asesorías pagadas a Cristina Zúñiga.
El Comité de Senadores de la UDI también ha contratado los servicios de la empresa de Cristina Zúñiga Entre 2013 y lo que va de 2015, el Senado le pagó con los dineros asignados al comité UDI una cifra global de $24,8 millones.
En suma, desde 2012 a la fecha el Congreso Nacional ha pagado más de $126 millones por asesorías de Cristina Zúñiga (hechas a través de sus empresas o como persona natural), de acuerdo a los registros que figuran en las páginas de transparencia de ambas cámaras.
La justificación formal del servicio prestado por Cristina Zúñiga al diputado Macaya indica que el trabajo consistió en “una asesoría comunicacional, administración de plataformas web y redes sociales”. Los trabajos realizados para distintos parlamentarios son de similar tenor, incluyendo otros ítems del mismo rubro: “desarrollo y producción de herramientas de comunicación”, “producción de plataforma multimedia de comunicación en internet”, “diseño y elaboración de manual gráfico de comunicación”, “elaboración de los contenidos de difusión y comunicación del trabajo parlamentario” y “producción de material de prensa en el distrito”, entre otros descriptores.
Para el comité de senadores de la UDI, la empresa ha desarrollado trabajos que se justifican bajo la siguiente glosa: “Asesoría comunicacional y política: Definición de plan de trabajo comunicacional; definición de plan de difusión parlamentaria en la región; propuestas gráficas (de) herramientas de comunicación y difusión; gestión y administración del sitio web y redes sociales; actualización de plataformas digitales de comunicación; actualización y generación de contenidos comunicacionales y políticos en redes sociales (fotos, videos, entre otros)”.
Además, las empresas de Cristina Zuñiga -Pecado Kapital y Asesorías Cristina Zúñiga- figuran en los registros del Servel como proveedoras de distintas campañas en la última elección parlamentaria. CIPER revisó las rendiciones de cuentas de los candidatos de la campaña de 2013 y estableció que en esa elección las sociedades de Cristina Zúñiga recibieron un total de $78,8 millones.
Los archivos del Servel indican que entre los candidatos que contrataron los servicios de Cristina Zúñiga para la campaña 2013 también figura el nuevo presidente interino de la UDI, Javier Macaya, quien le pagó $3,1 millones. A él se suman el senador Guido Girardi (PPD), con $23,8 millones; el senador Jorge Pizarro (DC), con $21,4 millones; la diputada Maya Fernández Allende (PS), con $4 millones; el derrotado aspirante a senador Pablo Zalaquett (UDI), con $5,2 millones; la consejera regional María Antonieta Saa (PPD), con $14,2 millones, y el Partido Démocrata Cristiano, con $7 millones ($2 millones para la campaña de consejeros regionales y $5 millones para la campaña de senadores).

CHAPARRO, EL EXPERTO

Si bien la empresa figura a nombre de Cristina Zúñiga, el verdadero motor de su transversal participación en asesorías a partidos es Alejandro Chaparro Cavada, un antiguo operador político que militó en el PPD, experto en diseño y planificación de campañas. Hace una década su nombre saltó a las primeras páginas cuando estuvo involucrado en la investigación por cohecho conocida como “Caso Coimas” y que dio pie a la indagación del escándalo político-financiero del Mop-Gate. Chaparro es la carta de presentación de Asesorías Cristina Zúñiga Paredes en el mundo político.
En el “Caso Coimas”, Chaparro fue acusado de recibir un vale vista proveniente del pago de sobornos para permitir la instalación irregular de plantas de revisión técnica. Entonces era jefe de gabinete del ministro de Obras Públicas y Transportes del gobierno de Ricardo Lagos, Carlos Cruz.
En 2007 la Corte Suprema confirmó la condena de Chaparro por “cohecho aceptado” y lo sentenció a “sesenta días de prisión en su grado máximo, más una multa a beneficio fiscal de $5 millones, que corresponde al tanto del cohecho aceptado; y a la pena de inhabilitación especial perpetua para cargo u oficio público”.

Alejandro Chaparro

Cristina Zúñiga aparece en el Diario Oficial como periodista, constituyendo empresas en el área de las comunicaciones, producción de eventos, servicios audiovisuales y diseño gráfico. En 2004 formó con cinco socios su primera empresa: Grupo Cinco. Dos años más tarde creó Pecado Kapital junto a Paola Lecaros Álvarez, quien poco después, en 2007, le cedió su parte. Fue en esta empresa que se inició su vínculo con Alejandro Chaparro.
De su etapa de militante del PPD –partido del que fue separado cuando se vio envuelto en el juicio por cohecho-, a Chaparro se le reconoce una gran experiencia en la administración de campañas, lo que le ha permitido a la empresa de Cristina Zúñiga gozar de un prestigio inusualmente transversal en el arco político.
En la declaración que prestó ante la Fiscalía el 15 de octubre del año pasado, por la investigación de boletas falsas para financiar campañas, el propio Chaparro indicó: “Trabajo en campañas políticas desde hace mucho tiempo (…). Desde 1995 o 1996 decidí profesionalizarme en algo que antes hacía de manera voluntaria. He asistido a cursos y seminarios para perfeccionarme (…). Con la ley de financiamiento político de 2002 o 2003 se me abre una oportunidad, por cuanto empieza a existir un financiamiento a las campañas, tanto estatal como privado. Trabajé en consultoras en este tema asesorando tanto a personas naturales y jurídicas”.

FACTURAS BAJO INVESTIGACIÓN

Fue la diputada Mónica Zalaquett, quien contrató asesorías legislativas de Cristina Zúñiga desde 2012 a 2014, la que recomendó la empresa a su hermano, Pablo Zalaquett, para que la empleara en su campaña senatorial de 2013. Según señala una persona que trabajó en esa candidatura directamente con Zalaquett, Chaparro llegó precedido de la fama de conocedor de la circunscripción Santiago Poniente: “Decían que tenía mapeado todo el sector, que conocía en detalle los puntos donde debía desplegarse la publicidad y fortalecer la campaña”.
Ante la Fiscalía, Chaparro declaró que a través de la empresa Pecado Kapital trabajó en más de 50 campañas, primero con candidatos PPD y PS, para luego ampliarse hacia la derecha. También afirmó que fue Pablo Zalaquett quien se comunicó con la empresa tras su derrota en la elección municipal de 2012, cuando perdió la alcaldía de Santiago. La primera misión que les encomendó fue un estudio para medir sus posibilidades de ser senador. En marzo de 2013, declaró Chaparro, se integraron formalmente al grupo que trabajaba en esa campaña.
La investigación de la Fiscalía ha acreditado hasta ahora que Asesorías Cristina Zúñiga Paredes recibió pagos de dos empresas para las que no prestó servicios y que, en realidad, esos dineros eran para cancelar sus trabajos para Zalaquett. Esas empresas son la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) y Corpbanca. Esta última es controlada por Álvaro Saieh, principal financista de CIPER.
Las facturas que emitió la empresa de Cristina Zúñiga a Soquimich fueron cinco; a Corpbanca, una. Respecto de cómo se gestaron esos pagos, Chaparro indicó a los fiscales: “En abril de 2013 nos efectuaron (Zalaquett) el primer pago por lo ya hecho. Este pago se hizo con una factura por $10 millones de Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL (…). Se facturó a nombre de Corpbanca. No recuerdo como se llegó a eso, pero me parece que debió haber sido a través de una conversación de ‘Coca’ de Castro (Carmen de Castro, jefa de la campaña) o con Cristina (Zúñiga). El pago se hizo mediante una transferencia electrónica a la cuenta de la empresa. No hay ningún servicio que se le haya prestado a Corpbanca”.

Pablo Zalaquett

En el entorno de Zalaquett explicaron a CIPER por qué la factura fue pagada por Corpbanca: Pablo Zalaquett había hecho una asesoría personal a Corpbanca que aún estaba pendiente de pago. Cuando llegó el momento de cancelar los primeros servicios de Cristina Zúñiga, en abril de 2013, la campaña aún no tenía dinero en caja, por lo que al propio Zalaquett decidió que la empresa de Zúñiga extendiera la factura a nombre de Corpbanca, para que se pagara con el monto que él debía cobrar a ese banco por su asesoría. Según esta versión, fue el propio Zalaquett el que presentó a Corpbanca la factura de Cristina Zúñiga en lugar de una suya.
Cristián Canales, director Legal y Control de Corpbanca, señaló a CIPER que efectivamente Pablo Zalaquett había hecho una asesoría al banco. El trabajo encomendando a Zalaquett fue un estudio de varias licitaciones realizadas por municipalidades para la apertura y mantención de las cuentas corrientes comunales en las que Corpbanca había participado sin éxito.
Al momento de cursar el pago por la asesoría, explicó Cristián Canales, fue Zalaquett quien presentó al banco la factura de Asesorías Cristina Zuñiga.
-Lo importante es que hay un servicio prestado y que la persona que debía recibir el pago es la que presentó esta factura. Pudiera haber una falta de rigurosidad por no haber chequeado la relación de esta persona natural con la persona jurídica que facturó -señaló Cristián Canales a CIPER.
El ejecutivo explicó que es común que los profesionales que forman parte de una sociedad o que están contratados por una sociedad, presenten facturas de esa sociedad. Por eso, dijo, si el mismo profesional es el que presenta la factura y el trabajo está hecho, como habría ocurrido en el caso de Zalaquett, habitualmente se procede al pago sin mayores cuestionamientos.
Después de ese pago inicial, la jefa de campaña, “Coca” de Castro, determinó que el trabajo de Asesorías Cristina Zúñiga se cancelaría en mensualidades de $3,5 millones, según la versión que entregó Chaparro a la Fiscalía. En su declaración, el asesor adjuntó un correo de “Coca” de Castro en el que pidió que facturaran a Soquimich esas mensualidades:
“Para ello nos envío un contrato tipo para que lo firmara Cristina (Zúñiga) que venía vacío en cuanto al otro contratante, que era Soquimich (…). Tampoco hubo ningún servicio que se prestara a Soquimich. Los servicios eran para la campaña de Pablo Zalaquett. Y se facturó mensualmente, con las facturas 21, 27, 28, 37 y 60 por $3,5 millones cada una”.