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jueves, 26 de marzo de 2015

En esos ciclos electorales hubo cerca de US$ 67 millones en aportes por dicha vía

Pagos reconocidos por SQM equivalen al 20% del total de aportes reservados de 2009 y 2013

Y aunque los US$ 11 millones en gastos que admitió el gerente general son de otra naturaleza, reflejan la magnitud del escándalo y se suman a lo reconocido por Penta.
Si había alguna duda acerca de la magnitud de la crisis del financiamiento político en Chile, ayer el gerente general de SQM lo confirmó.
En una “conference call” con analistas e inversionistas, el gerente general Patricio de Solminihac admitió pagos irregulares por US$ 11 millones.  El ejecutivo reconoció que existen boletas por ese monto “sin justificación suficiente” y reveló que los pagos se realizaron entre 2009 y 2014. Le achacó toda la responsabilidad al ex gerente general, Patricio Contesse.
Más tarde, a través de un comunicado, lo dejaba más claro: “El 20 de marzo de 2015, identificamos ante el SII cerca de US$ 11 millones en pagos que se originaron desde la oficina de nuestro ex Gerente General durante seis años, desde 2009 a 2014, que no reunían los requisitos para ser calificados como gastos bajo la norma chilena, debido a la falta de documentación de respaldo”.
La cifra revelada por De Solminihac –que, como todo indica, fue para financiar a políticos y fundaciones ligadas a ellos– sería el equivalente a cerca del 20% de todo el gasto reservado de los ciclos electorales 2009/2010 y el 2012/2013.  A eso habría que sumarle lo que donan en forma legal y reservada a través del Servicio Electoral (Servel).
De acuerdo a cifras del Servel, en esos ciclos electorales hubo cerca de US$ 67 millones en aportes por dicha vía a la política. Y aunque los pagos que admitió ayer el gerente general de la empresa son de otra naturaleza, reflejan la magnitud del escándalo y se suman a los US$ 2 millones que el grupo Penta aportó a campañas, tanto en aportes irregulares como por la vía legal a través del Servel.
Si uno quiere poner las cifras en un contexto quizás aún más revelador e irónico, el ex yerno del dictador Augusto Pinochet y los herederos ideológicos de su régimen han sido los principales financistas de la política en Chile en los últimos 5 años. Y tanto el primero como los demás, nacieron y crecieron bajo la sombra del gobierno militar.
“Lo revelado por De Solminihac confirma lo que se sospechaba, pero, a mi parecer, es una cifra que no es el total de las platas de la empresa que controla Julio Ponce que ha directa o indirectamente contribuido a financiar políticos”, revela un conocido lobbista con amplias redes en la Nueva Mayoría y también en el sector privado.
Y agrega que aún falta lo que las diversas investigaciones revelan sobre aportes de Alsacia, Ripley y CorpBanca, empresas que ya estarían en la mira de la Fiscalía y SII.
Un miembro de la comisión Engel, que la Presidenta Michelle Bachelet creo para buscar una respuesta a la crisis y ordenar de una vez por todas la relación entre el dinero y la política, afirma que lo de SQM es la gota que rebasó el vaso y es optimista que lo que salga de la comisión será un aporte real a mejorar la institucionalidad.
La necesidad de hacer algo tiene apoyo transversal en el mundo político y en el sector privado.
De acuerdo a una serie de reportajes de Ciper, el 96% de los aportes reservados proviene de empresas privadas. En 2013 los gastos reservados de privados llegaron a $21 mil millones, los que fueron donados por sólo 297 empresas y 12 particulares, de acuerdo a datos entregados por el Servicio Electoral.
Un reportaje de El Mostrador reveló que entre 2005 y 2013 se entregaron más de US$ 60 millones en aportes reservados a los partidos y sus candidatos al Parlamento.
De esa cifra la UDI concentró el 45%. Y desde  que empezaron a operar este tipo de donaciones, la Alianza y la Concertación han recibido más de 35 mil millones de pesos para solventar sus elecciones parlamentarias bajo esta fórmula. En conjunto, RN y la UDI se llevan 73% de esa tajada.
Los ejecutivos de Ponce fueron más ecuánimes y lo que revelan los documentos que han saltado a la luz hasta ahora es que SQM era un financista generoso de políticos y organizaciones vinculados a la vieja Concertación y, ahora, la Nueva Mayoría.

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