Pagos reconocidos por SQM equivalen al 20% del total de aportes reservados de 2009 y 2013
Y aunque los US$ 11 millones
en gastos que admitió el gerente general son de otra naturaleza,
reflejan la magnitud del escándalo y se suman a lo reconocido por Penta.
En una “conference call” con analistas e inversionistas, el gerente general Patricio de Solminihac admitió pagos irregulares por US$ 11 millones. El ejecutivo reconoció que existen boletas por ese monto “sin justificación suficiente” y reveló que los pagos se realizaron entre 2009 y 2014. Le achacó toda la responsabilidad al ex gerente general, Patricio Contesse.
Más tarde, a través de un comunicado, lo dejaba más claro: “El 20 de marzo de 2015, identificamos ante el SII cerca de US$ 11 millones en pagos que se originaron desde la oficina de nuestro ex Gerente General durante seis años, desde 2009 a 2014, que no reunían los requisitos para ser calificados como gastos bajo la norma chilena, debido a la falta de documentación de respaldo”.
La cifra revelada por De Solminihac –que, como todo indica, fue para financiar a políticos y fundaciones ligadas a ellos– sería el equivalente a cerca del 20% de todo el gasto reservado de los ciclos electorales 2009/2010 y el 2012/2013. A eso habría que sumarle lo que donan en forma legal y reservada a través del Servicio Electoral (Servel).
De acuerdo a cifras del Servel, en esos ciclos electorales hubo cerca de US$ 67 millones en aportes por dicha vía a la política. Y aunque los pagos que admitió ayer el gerente general de la empresa son de otra naturaleza, reflejan la magnitud del escándalo y se suman a los US$ 2 millones que el grupo Penta aportó a campañas, tanto en aportes irregulares como por la vía legal a través del Servel.
Si uno quiere poner las cifras en un contexto quizás aún más revelador e irónico, el ex yerno del dictador Augusto Pinochet y los herederos ideológicos de su régimen han sido los principales financistas de la política en Chile en los últimos 5 años. Y tanto el primero como los demás, nacieron y crecieron bajo la sombra del gobierno militar.
“Lo revelado por De Solminihac confirma lo que se sospechaba, pero, a mi parecer, es una cifra que no es el total de las platas de la empresa que controla Julio Ponce que ha directa o indirectamente contribuido a financiar políticos”, revela un conocido lobbista con amplias redes en la Nueva Mayoría y también en el sector privado.
Y agrega que aún falta lo que las diversas investigaciones revelan sobre aportes de Alsacia, Ripley y CorpBanca, empresas que ya estarían en la mira de la Fiscalía y SII.
Un miembro de la comisión Engel, que la Presidenta Michelle Bachelet creo para buscar una respuesta a la crisis y ordenar de una vez por todas la relación entre el dinero y la política, afirma que lo de SQM es la gota que rebasó el vaso y es optimista que lo que salga de la comisión será un aporte real a mejorar la institucionalidad.
La necesidad de hacer algo tiene apoyo transversal en el mundo político y en el sector privado.
De acuerdo a una serie de reportajes de Ciper, el 96% de los aportes reservados proviene de empresas privadas. En 2013 los gastos reservados de privados llegaron a $21 mil millones, los que fueron donados por sólo 297 empresas y 12 particulares, de acuerdo a datos entregados por el Servicio Electoral.
Un reportaje de El Mostrador reveló que entre 2005 y 2013 se entregaron más de US$ 60 millones en aportes reservados a los partidos y sus candidatos al Parlamento.
De esa cifra la UDI concentró el 45%. Y desde que empezaron a operar este tipo de donaciones, la Alianza y la Concertación han recibido más de 35 mil millones de pesos para solventar sus elecciones parlamentarias bajo esta fórmula. En conjunto, RN y la UDI se llevan 73% de esa tajada.
Los ejecutivos de Ponce fueron más ecuánimes y lo que revelan los documentos que han saltado a la luz hasta ahora es que SQM era un financista generoso de políticos y organizaciones vinculados a la vieja Concertación y, ahora, la Nueva Mayoría.
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