La huelga de hambre de 32 presos mapuches -de Concepción, Temuco, Angol, Lebu y Valdivia, que protestan por la aplicación de la Ley Antiterrorista- estuvo en el centro de la reunión de una hora que sostuvieron en La Moneda , el Presidente Sebastián Piñera y los consejeros del Instituto de Derechos Humanos, a las 18 horas del lunes 30 de agosto.
En la reunión participaron 10 consejeros del instituto, entre ellos el histórico dirigente de los Ex Presos Políticos de Valparaíso, Enrique Núñez Aranda. Solo estuvo ausente el abogado Roberto Garretón, quién se encontraba fuera del país. El presidente estuvo acompañado por el Ministro Secretario General de la Presidencia , Cristian Larroulet.
“El Presidente escuchó nuestra preocupación sobre el tema y efectivamente también manifestó su preocupación, nosotros le hicimos mención a cuáles eran nuestros puntos (fin a la intervención de las Fiscalías Militares y modificación de ley antiterrorista) y él se comprometió a considerarlos”, dijo la directora del instituto Lorena Fries.
Después de 50 días de ayuno, los huelguistas más complicados son los presos de la cárcel El Manzano de Concepción. Según un informe médico, Héctor Llaitul bajó 18 kilos; Luis Menares Chanilao, 16 kilos y 500 gramos ; Jonathan Huillical Méndez, 15 kilos y 300 gramos ; Ramón Llanquileo Pilquiman, 13 kilos y 300 gramos , y José Huenuche Reiman, 13 kilos y 100 gramos .
En declaraciones a Radio Cooperativa, Lorena Fries señaló ayer que “todo el país debe preocuparse de esta situación; así como recuperamos a 33 mineros en el norte, no podemos darnos el lujo de que 32 mapuches entren un riesgo vital y en esos términos, tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial, tienen acciones que tomar”.
REUNIÓN CON SENADO
El mismo lunes, la directora del Instituto Nacional de DDHH, entidad autónoma del Estado, se reunió con el presidente del Senado, Jorge Pizarro. En la cita, el parlamentario pidió que el gobierno tome medidas urgentes “para después no estar lamentando situaciones que pueden ser muy graves. Perfectamente podrían morir si siguen en esa situación y el Estado chileno no puede permitir que eso suceda”. Pizarro anunció además que impulsará una modificación a la Ley Antiterrorista , de modo que los mapuches sean procesados por la justicia ordinaria.
En ese sentido, Fries recordó que “los organismos de Naciones Unidas, en particular el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura , han realizado recomendaciones al Estado chileno en función de modificar la Ley Antiterrorista , por no ajustarse a estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
También señaló que el Instituto Nacional de DDHH ya emitió una declaración pública para reclamar “una reforma a la Ley Antiterrorista , fin a la justicia militar, fin a los excesos policiales y garantías del debido proceso para que el pueblo mapuche pueda seguir adelante con sus procesos reivindicativos”.
Integran la coordinadora: Agrupacion ExPP de Copiapó, Agrupacion ExPP V Región, Agrupación Ex Menores Víctimas de PP y T, Coordinadora ExPP Santiago, Coordinadora ExPP VIII Región, Agrupacion ExPP IX Región, Agrupacio Ex PP Purranque, Agrupación Ex PP Paillaco, Coordinadora Expp de Osorno. Coordinadora Ex PP Valdivia.
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INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS SE CONSTITUYE Y ELIGE DIRECTORA
Un nuevo paso en la creación de una institucionalidad para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos se dio con la constitución formal del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos - el martes 20 de julio - y la elección de Lorena Fries Monleón como Directora de dicha entidad.
Se trata de un organismo público y autónomo, que de acuerdo a la Ley 20.405 tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas que habiten en el territorio de Chile, de acuerdo a la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Dentro de sus principales funciones se encuentra la de elaborar un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Chile, promover la adopción de legislación y políticas públicas acordes con los estándares internacionales en esta materia, difundir su conocimiento y favorecer su enseñanza en el sistema educacional, presentar recursos de amparo o protección, llevar a la justicia crímenes de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad que pudieran ocurrir, y custodiar los antecedentes reunidos por las distintas instancias verdad, justicia y reparación en materia de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990.
Los Consejeros fueron designados en consideración a sus trayectorias en el ámbito de los derechos humanos por los siguientes estamentos: Por la Presidencia de la República, María Luisa Sepúlveda y Manuel Núñez; por el Senado, Luis Hermosilla y Pamela Pereira; por la Cámara de Diputados, Roberto Garretón y Miguel Luis Amunátegui; por las organizaciones de la sociedad civil; Lorena Fries, Sergio Fuenzalida, Enrique Nuñez y Claudio González y por las Facultades de Derecho de las universidades, Eugenio Díaz.
En esta primera sesión, el Consejo eligió a la consejera Lorena Fries Monleón como Directora del Instituto, de acuerdo a lo que establece la ley.
La ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue promulgada el 10 de diciembre de 2009, publicado en el Diario Oficial el 11 de enero de 2010. Por decreto supremo Nº 60 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial el 2 de julio recién pasado se nombró al último de los Consejeros. A partir del 20 de julio entonces, se inicia el proceso de instalación de dicha entidad que espera estar en funcionamiento en los próximos meses. Se informará a la ciudadanía respecto al lugar en que quedarán transitoriamente ubicadas sus oficinas (Alameda 478) así como de las funciones y tareas que se llevarán a cabo en esta etapa.
Recordemos que el Instituto de Derechos Humanos se constituyó luego de cuatro años de debate parlamentario teniendo como horizonte el cumplimiento de los “Principios de París” de Naciones Unidas, que establece la necesidad de que dichas entidades sean independientes, pluralistas, autónomas y estables.
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