A la opinión pública nacional e internacional.
Al Pueblo de Chile.
Ante el informe entregado por la Comisión Valech al Presidente de la república declaramos:
1.- Nos parece que el informe no refleja la situación acaecida a partir del 11 de Septiembre de 1973, en cuanto a la conculcación de los derechos humanos a que se vio sometida la sociedad chilena al instaurarse la dictadura por el golpe cívico-militar sangriento.
2.- Las denuncias de cientos de miles de víctimas que fueron detenidas desaparecidas, ejecutadas por razones políticas, la prisión política, el exilio, las detenciones masivas en allanamientos a las poblaciones, los secuestros, amenazas, tratamiento inhumano y torturas, construyeron el ámbito del terrorismo de estado, aplicado con recursos del estado, con agentes del estado y con financiamiento estatal, constituyendo la impunidad de dichas acciones.
3.- Desde hace más de veinte años que se espera que el estado tenga una mirada histórica donde la sociedad se haga cargo del quiebre de la constitución política, de los derechos laborales, del cambio de la educación democrática a una rígida y desigual, del respeto a todos por igual y que dé cuenta de las violaciones a los derechos humanos a que fuimos sometidos.
4.- En esta segunda comisión Valech, donde pareciera ser que primó el factor económico sobre la verdad histórica de lo que realmente sucedió en Chile, pensamos que no otorga justicia a los miles de mujeres, hombres y niños que se vieron afectados por el terrorismo de estado, quebrantando para siempre nuestras vidas. No es sólo reparación económica lo que se busca, sino el reconocimiento a una lucha desigual, pero justa que construyó la salida a una democracia imperfecta y negociada.
5.- Los casos que no fueron calificados no significan que no existieron y tampoco serán arrojados bajo la alfombra. Confiamos en personas que suponíamos que tenían un criterio humanista y una mirada desde los derechos humanos, sin embargo aprobar a 9.800 víctimas de un total de más de 32.000, calificar sólo a 30 casos de desaparición forzada y ejecución política de más de 600 casos presentados, nos parece impresentable y pareciera que nuevamente se ha negociado a espaldas de los hombres, mujeres y niños que tuvieron que reabrir su memoria con dolor para volver a pensar y declarar en los pasajes horrendos a que fuimos sometidos.
Los niños que fueron apremiados para que sus padres delataran a sus compañeros, a las compañeras y compañeros que fueron detenidos y encerrados en sus casas para detener a todo el que fuera a golpear su puerta, la mayoría de las llamadas “ratoneras”, no fueron calificadas. Aquellos que su única garantía de vida fueron los que sirvieron como testigos y ayudistas de la resistencia contra la dictadura no fueron calificados, porque el rol del testigo fue negado por esta comisión. Así como estos casos muchos miles quedaron fuera de una mirada sesgada y mezquina, a lo mejor porque no aparecían en ningún código construido por los mismos que abusaron del poder.
6.- Declaramos que hoy se abre el peligroso camino a la impunidad y debilita el “nunca más”, al no continuar el proceso aclaratorio histórico de lo que realmente ocurrió a partir del 11 de Septiembre, ello lo consideramos cobarde, impropio de quienes nuevamente quieren ocultar la verdad y no quieren enfrentar el juicio justo y el castigo reparatorio de quienes se deshumanizaron frente a sus propios hermanos. Sin embargo fueron calificados Estay Reyno y Luz Arce, ambos torturadores y asesinos. Nos preguntamos, ¿ese mismo criterio de calificación se utilizó para las víctimas?
7.- Aquí hay responsabilidades que tiene que asumir la comisión encabezada por la Sra. María Luisa Sepúlveda Edwards, que en variadas ocasiones sostuvimos reuniones donde se comprometió que no se iba a utilizar criterios como los cinco días de detención, se iba a poner atención en el caso de “las ratoneras” y con acuciosidad se iba a tener la declaración de testigos como respaldo para los declarantes. Nada de ello ocurrió, es más, nosotros como ex prisioneros organizados, ofrecimos nuestra ayuda desinteresada para esclarecer algún caso que ameritara dudas, nunca recibimos ni siquiera una llamada telefónica. En concreto creemos que ella queda inhabilitada para trabajar en el ámbito de los derechos humanos.
8.- Impulsaremos todas las acciones a nivel nacional e internacional para denunciar este nuevo atropello donde se intenta poner punto final a la violación de los derechos humanos en Chile.
9.- Demandamos que se abra un espacio para la apelación legítima de las víctimas.
Que se constituya una comisión permanente que acoja los casos que se encuentran sin declarar, abriendo con ello una mayor difusión e información en la sociedad chilena. Que su constitución sea integrada por representantes del mundo de los derechos humanos y de las organizaciones de ex prisioneros políticos.
Los abajo firmantes adhieren a lo anteriormente expuesto:
- Coordinadora de Ex Presos Políticos, Santiago.
31 Agosto del 2011.
Al Pueblo de Chile.
Ante el informe entregado por la Comisión Valech al Presidente de la república declaramos:
1.- Nos parece que el informe no refleja la situación acaecida a partir del 11 de Septiembre de 1973, en cuanto a la conculcación de los derechos humanos a que se vio sometida la sociedad chilena al instaurarse la dictadura por el golpe cívico-militar sangriento.
2.- Las denuncias de cientos de miles de víctimas que fueron detenidas desaparecidas, ejecutadas por razones políticas, la prisión política, el exilio, las detenciones masivas en allanamientos a las poblaciones, los secuestros, amenazas, tratamiento inhumano y torturas, construyeron el ámbito del terrorismo de estado, aplicado con recursos del estado, con agentes del estado y con financiamiento estatal, constituyendo la impunidad de dichas acciones.
3.- Desde hace más de veinte años que se espera que el estado tenga una mirada histórica donde la sociedad se haga cargo del quiebre de la constitución política, de los derechos laborales, del cambio de la educación democrática a una rígida y desigual, del respeto a todos por igual y que dé cuenta de las violaciones a los derechos humanos a que fuimos sometidos.
4.- En esta segunda comisión Valech, donde pareciera ser que primó el factor económico sobre la verdad histórica de lo que realmente sucedió en Chile, pensamos que no otorga justicia a los miles de mujeres, hombres y niños que se vieron afectados por el terrorismo de estado, quebrantando para siempre nuestras vidas. No es sólo reparación económica lo que se busca, sino el reconocimiento a una lucha desigual, pero justa que construyó la salida a una democracia imperfecta y negociada.
5.- Los casos que no fueron calificados no significan que no existieron y tampoco serán arrojados bajo la alfombra. Confiamos en personas que suponíamos que tenían un criterio humanista y una mirada desde los derechos humanos, sin embargo aprobar a 9.800 víctimas de un total de más de 32.000, calificar sólo a 30 casos de desaparición forzada y ejecución política de más de 600 casos presentados, nos parece impresentable y pareciera que nuevamente se ha negociado a espaldas de los hombres, mujeres y niños que tuvieron que reabrir su memoria con dolor para volver a pensar y declarar en los pasajes horrendos a que fuimos sometidos.
Los niños que fueron apremiados para que sus padres delataran a sus compañeros, a las compañeras y compañeros que fueron detenidos y encerrados en sus casas para detener a todo el que fuera a golpear su puerta, la mayoría de las llamadas “ratoneras”, no fueron calificadas. Aquellos que su única garantía de vida fueron los que sirvieron como testigos y ayudistas de la resistencia contra la dictadura no fueron calificados, porque el rol del testigo fue negado por esta comisión. Así como estos casos muchos miles quedaron fuera de una mirada sesgada y mezquina, a lo mejor porque no aparecían en ningún código construido por los mismos que abusaron del poder.
6.- Declaramos que hoy se abre el peligroso camino a la impunidad y debilita el “nunca más”, al no continuar el proceso aclaratorio histórico de lo que realmente ocurrió a partir del 11 de Septiembre, ello lo consideramos cobarde, impropio de quienes nuevamente quieren ocultar la verdad y no quieren enfrentar el juicio justo y el castigo reparatorio de quienes se deshumanizaron frente a sus propios hermanos. Sin embargo fueron calificados Estay Reyno y Luz Arce, ambos torturadores y asesinos. Nos preguntamos, ¿ese mismo criterio de calificación se utilizó para las víctimas?
7.- Aquí hay responsabilidades que tiene que asumir la comisión encabezada por la Sra. María Luisa Sepúlveda Edwards, que en variadas ocasiones sostuvimos reuniones donde se comprometió que no se iba a utilizar criterios como los cinco días de detención, se iba a poner atención en el caso de “las ratoneras” y con acuciosidad se iba a tener la declaración de testigos como respaldo para los declarantes. Nada de ello ocurrió, es más, nosotros como ex prisioneros organizados, ofrecimos nuestra ayuda desinteresada para esclarecer algún caso que ameritara dudas, nunca recibimos ni siquiera una llamada telefónica. En concreto creemos que ella queda inhabilitada para trabajar en el ámbito de los derechos humanos.
8.- Impulsaremos todas las acciones a nivel nacional e internacional para denunciar este nuevo atropello donde se intenta poner punto final a la violación de los derechos humanos en Chile.
9.- Demandamos que se abra un espacio para la apelación legítima de las víctimas.
Que se constituya una comisión permanente que acoja los casos que se encuentran sin declarar, abriendo con ello una mayor difusión e información en la sociedad chilena. Que su constitución sea integrada por representantes del mundo de los derechos humanos y de las organizaciones de ex prisioneros políticos.
Los abajo firmantes adhieren a lo anteriormente expuesto:
- Coordinadora de Ex Presos Políticos, Santiago.
31 Agosto del 2011.
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