Comando pagó a varios de ellos, menos Elizalde y Arenas

Los desconocidos honorarios de los actuales ministros durante la campaña de Bachelet

Ambas figuras emblemáticas no figuran en los registros del comando como funcionarios remunerados ni tampoco existen registros de que desempeñaran sus cargos ad honórem. Si ese fuera el caso, la ley estipula que los trabajos voluntarios deben ser declarados como donaciones. Desde la oposición presionan para que el Gobierno responda: ¿quién les pagó a los actuales ministros de Estado?

por Macarena García Lorca

i

Hasta ahora el Gobierno ha sostenido que todos los gastos de la campaña presidencial de Michelle Bachelet están en regla y rendidos ante el Servel. La empresa a cargo de administrar los fondos, creada exclusivamente para la campaña, fue la Sociedad de Marketing Asesorías y Eventos Limitada, Somae.  Entre sus tareas figuraba pagar los honorarios de las personas que cumplieron funciones en el comando.
En el listado entregado por dicho comando al Servel, aparecen 267 personas remuneradas en el mes de diciembre, nombres que se repiten en los meses anteriores, entre ellos, la ahora ministra del Trabajo, Javiera Blanco, con un sueldo de $3.500.000, y el actual ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, con $2.000.000 mensuales. Todos estos pagos están respaldados con las respectivas boletas de honorarios. Sin embargo, en el listado no figuran dos de sus más emblemáticos miembros: el jefe de comunicaciones y hoy vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, y su jefe programático, actual ministro de Hacienda, Alberto Arenas. No existen boletas de ninguno de los dos en la rendición de gastos.
Si los ministros de Secretaría General de Gobierno y Hacienda trabajaron voluntariamente en el comando y no recibieron honorarios, la Ley 19.884 sobre Transparencia, límite y control del gasto electoral estipula que este trabajo debe ser valorizado y registrado como donación a la campaña; sin embargo, no aparece declarado. Por eso, desde la oposición, el diputado José Antonio Kast emplazó al Gobierno a que aclare bajo qué mecanismo trabajaron Arenas y Elizalde.
Frente a los cuestionamientos, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, consultado por El Mostrador, aclaró que trabajó de forma voluntaria en la campaña y sobre la respectiva declaración de donación, argumentó que ésta no le correspondía a él, sino al área administrativa del comando: “Mi responsabilidad en el comando fue la de jefe programático. Las consultas sobre materias administrativas deben ser dirigidas a quienes estuvieron encargados de esta área”, explicó Arenas.

La administradora y representante del comando ante el Servel, es la histórica militante socialista Ana María Lagos, quien no contestó las llamadas de El Mostrador. Tampoco asistió a la Comisión investigadora de la Cámara sobre financiamiento de campañas electorales y el Caso Penta, a la que fue invitada en dos ocasiones.
Si bien el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, no quiso referirse al tema, desde su entorno explican que “Álvaro ha trabajado en varias campañas y voluntariamente ha decidido no recibir remuneración por ello. Recurrió a sus ahorros y además el ingreso familiar lo complementa su mujer, que tiene un buen sueldo como funcionaria internacional”.

Las boletas que faltan

Actualmente la mayoría de los integrantes del comando ocupan cargos en el Gobierno, cuyas remuneraciones superan entre 3 o 4 veces los pagos que recibieron durante la campaña. Por ejemplo, el jefe de gabinete del Ministerio del Interior, Felipe Barnachea, boleteó por $1.500.000, pero su sueldo actual es de $6.358.060. El asesor de la misma cartera, Flavio Candia, en la campaña cobró $1.350.000 y actualmente sus honorarios son $5.300.000
En medio de las denuncias por las boletas emitidas por Rodrigo Peñailillo a Asesorías y Negocios SpA, propiedad de Giorgio Martelli –reconocido operador político y recaudador de la Nueva Mayoría, que a su vez boleteaba a Soquimich–, otro motivo que ha levantado suspicacias es que, mientras Peñailillo trabajaba en el comando de Bachelet, emitió una serie de boletas cuyo destinatario se desconoce. Esas boletas fueron emitidas entre octubre y diciembre, y están signadas con los números 80, 81, 83 y 85. El Mostrador intentó contactarse con el equipo del ministro para consultarle sobre el destino de estas boletas, pero no recibió respuestas.
En la oposición creen que las remuneraciones del ministro del Interior fueron complementadas por otras vías paralelas a Somae: “Él estaba a tiempo completo en la campaña, faltan boletas. ¿Quién las pagó o fueron anuladas? Es importante saber si Rodrigo Peñailillo ejerció solo como jefe de campaña o también prestaba asesorías a otras empresas. Ya sabemos que le prestaba asesorías a Martelli. Creemos que lo que hay aquí, y el Ministerio Público debe investigar, es una segunda caja pagadora, una segunda sociedad que no estaba declarada, que es la que manejaba el señor Martelli, y quizás hay otras, eso es lo que hay aclarar”, planteó José Antonio Kast, diputado de la UDI.
La misma situación se repite en los casos de la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, y la ministra del Trabajo, Javiera Blanco. Ambas, entre agosto y diciembre, figuran emitiendo boletas adicionales a su trabajo en el comando. Fuentes de Gobierno aclararon que las cuatro boletas adicionales de Villegas corresponden a asesorías sindicales a la secretaria subregional del Cono Sur de la Internacional de Servicios Públicos, Verónica Prado. En tanto, el Ministerio del Trabajo no quiso referirse al tema ni aclarar a qué servicios responden la boletas emitidas por Blanco, correspondientes a los números 55, 56, 59, 60 y 61.
La  pregunta es dónde fueron a parar esas boletas y, sobre todo, ¿quién las pagó? La información está en manos del Servicio de Impuestos Internos, liderado por otro emisor de boletas a Martelli, su director Michel Jorratt.