Parlamento y corrupción: una historia que se repite en la historia de Chile

Edison Ortiz

Dr. y profesor universitario.

 

 Los casos de corrupción que salpican al Parlamento tienen a esta entrañable institución republicana en el ojo del huracán y sumida en una de sus peores crisis de legitimidad. Si bien todos reconocemos su significativo rol en nuestra consolidación democrática y autoafirmación como nación soberana, lo cierto es que hechos como los conocidos a través de los casos Penta y Soquimich, plantean hoy ni más ni menos que una discusión sobre su legitimidad, la eventual necesidad de elecciones anticipadas o el llamado a una asamblea constituyente, resultado de que un número aún indeterminado de sus miembros aparecen involucrados en casos de financiamiento ilegal de campañas y eventuales actos de corrupción.

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La república oligárquica

Es pleno siglo XIX, época en que los vecinos de  las pocas familias influyentes de Santiago controlan la política –votan los varones de más de 25 años que poseen rentas onerosas– y en los debates parlamentarios se hace costumbre que se refieran a ellos mismos como “el diputado por Valdivia” o “por Vichuquén”. Sin embargo, al revisar las nóminas de los asistentes se puede verificar que, casi todos, son vecinos de la capital que se compraban un asiento en el Congreso. Un Ejecutivo fuerte y un modelo electoral afín –las listas cerradas– hicieron que el poder nacional y también local –la ley orgánica de municipalidades de 1854 estableció la primacía definitiva de intendentes y gobernadores sobre los cuerpos edilicios– quedasen a disposición de los grandes terratenientes metropolitanos que controlaban La Moneda. Se impone entonces el famoso “modelo bróker” de la obediencia legislativa de los parlamentarios –casi todos electos en las listas del Ejecutivo– a cambio de la generación de clientelas en la administración y/o negocios que los beneficiaran, siendo el paso del ramal ferroviario, la discusión sobre el código minero o el salitre algunas de las más conocidas.

Víctor León, en su libro Voces a toda máquina, nos relata la instalación del ferrocarril que, como se sabe, después de una inicial participación del sector privado, fue asumida completamente por el fisco. Por entonces estaba en construcción gran parte de los ramales ferroviarios, pues la elite había decidido que “el caballo de acero” conectaría un país con una geografía tan compleja. Es 1869 y por entonces era normal que los senadores  –en su mayoría también terratenientes con haciendas en el Valle Centro-Sur o negocios mineros en el norte– se involucraran y defendieran  los proyectos ferroviarios que podían afectar sus intereses. Ello ocurre en la sesión en que se discute el territorio por donde pasará  el ramal hacia la costa que beneficiará a los productores agrícolas de esos valles, incorporándolos rápidamente al mercado. Se enfrentan los terratenientes Federico Errázuriz Zañartu, del sector de Palmilla, y el senador Concha, quien representaba los intereses de proyectar el ramal por Curicó. En la discusión, Errázuriz reconoce que será uno de los beneficiarios directos del proyecto  –“soy uno de los propietarios que va a beneficiarse con la construcción del ramal que se proyecta”–; sin embargo, en la votación no se abstiene y el ramal se construye por San Fernando-Santa Cruz-Palmilla-Pichilemu. Un par de años después, Errázuriz sería ungido por sus pares –226 votos contra 58 por José Tomás Urmeneta– como presidente de Chile.
Un segundo ejemplo del papel de los parlamentarios-terratenientes se manifestará en la discusión del código minero del 29-30 de septiembre de 1874. El protagonista del debate y quien lo monopoliza en la Cámara es el héroe radical, Manuel Antonio Matta, actor central de la rebelión de 1858, quien había ofrecido su pecho a las bayonetas y calificó al gobierno de Montt como tiránico y corrupto y cuya hazaña concluyó con su condena a muerte, la que luego le fue conmutada por la de extrañamiento. El debate, signado por la aprobación de ese marco normativo y las observaciones presentadas –minerales, agua, inclusión del huano, pertenencias, etc.– por el legislador, buscaba salvaguardar el interés de los propietarios en la nueva compilación. Esta discusión revela de cuerpo entero a un Matta desconocido, debido a su afán por rebajar la edad mínima de los niños y las mujeres que trabajan en las minas, fijada en doce años, según el artículo 115 del proyecto y que buscó reducir a diez:
“Porque hai trabajos mineros en los que puede decirse que los niños trabajan en labores interiores i que sin embargo son en la superficie de la tierra i no alcanzan a dañar la salud de aquéllos; i por esto no es justo privar a las familias de esa ganancia… habiendo una manera tan sencilla de poder conciliar los intereses de la industria minera con los más sagrados de la familia no creo inadecuada la modificación que he tenido el honor de proponer” (sic).
Matta postulaba que la facultad para fijar la edad mínima residiese en los municipios, los que a través de una ordenanza establecerían el tope. Como se sabe, eran los caudillos políticos nacionales los que controlaban los municipios y estaba claro que su aspiración era, en definitiva, que esa función la determinara él. Ramírez Necochea indica que tal criterio, aceptado en la Cámara, fue finalmente rechazado en el Senado, que preservó los doce años.

El fondo de soborno de salitre

Es 1897 y ya ha muerto el rey del salitre John North y un grupo de accionistas de la compañía del ferrocarril salitrero inició una investigación en conformidad a las leyes británicas, con el fin de determinar en qué forma se habían invertido cien mil libras esterlinas. Se constituyó al efecto un comité de accionistas que enjuició a varios directores de la citada compañía, entre los que se encontraban Robert Harvey y un miembro del Parlamento británico. Según relata Ramírez Necochea, el 1 de enero de 1898 el Railways Times publicó el editorial titulado “El fondo del soborno y la corrupción de los Ferrocarriles salitreros”, donde se incluyeron las declaraciones prestadas por Harvey y otros y reproducidas por la prensa chilena de la época. En el interrogatorio a uno de los directores, sir Ashmead Bartlett, a la sazón miembro del Parlamento británico, se destaca el siguiente diálogo con su interrogador:
Pregunta: “¿Podría Ud., darme detalles de la inversión de esos grandes ítems, de modo que se pueda ver cómo se han producido?”.
Respuesta: “No podría distinguir exactamente entre lo que se puede llamar gastos legales legítimos y gastos legales de carácter privado, lo que por supuesto, y no es un secreto para nadie, consistía en dinero regalado a gentes en Chile que se creía pudieran ser útiles al ferrocarril. La administración pública en Chile es, como Ud. sabe, muy corrompida, y como se nos atacaba de todos modos, se nos aconsejó hacer ese gasto para resguardar los derechos”.
Pregunta: “¿Para qué se hacían estas grandes entregas de dinero?”.
Respuesta: “Se le hacían esas entregas de dinero porque él defendía los pleitos de la Compañía y porque afirmaba que gastando esas sumas conseguiría atraerse influencias que nos asegurarían el éxito y que para conseguirlo necesitaba ese dinero. Debe Ud. tener entendido que el modo de proceder de la justicia en Chile no está basado en el alto padrón de pureza que existe en este país. No digo que sea necesario cohechar jueces, pero creo que muchos miembros del Senado, escasos de recursos, sacaron algún beneficio de parte de ese dinero a cambio de sus votos; y que sirvió para impedir que el Gobierno se negara en absoluto a oír nuestras protestas y reclamaciones…”.
En el interrogatorio a E. Manby, el 26 de mayo de 1897, se produce el siguiente diálogo:
Pregunta: “¿Puede usted decirme para qué se contrató los servicios del señor B… y cuánto se le pagaba al año por ellos?”.
Respuesta: “No recuerdo cuánto se le pagaba al año pero puedo obtener el dato. Sus servicios eran más bien de carácter diplomático que de otra cosa. Era un hombre muy influyente en Iquique. Tenía por bajo cuerda bastante influencia política y pensamos que podría sernos útil”.
Más tarde, José Miguel Valdés Carrera dio a conocer la nómina de 23 connotados políticos que estaban al servicio de los ingleses. En el grupo había actores de varias facciones del Parlamento, como Julio Zegers, Eulogio Altamirano, Ignacio Santa María, Pedro Bannen, Manuel Cristi, Carlos Walker Martínez, Julio Segundo Zegers, hijo, o Enrique Mac Iver, entre otros, y que en su mayoría apoyaron, en 1891, el levantamiento contra Balmaceda que le costó al país más de 10.000 muertos y el suicidio del propio Presidente.

El parlamentarismo: cohecho y tráfico de influencias

El régimen que se instaló a partir del derrocamiento de Balmaceda ha sido visto por la historiografía tradicional –también por la de izquierda– como el símbolo de lo “infecundo”, graficado por las “rotativas ministeriales” –hubo siete gobiernos y cada uno de ellos tuvo un promedio de 15 gabinetes–, pues los secretarios de Estado debían contar con su confianza y ésta se perdía rápidamente cuando el Presidente no cumplía “un favor” o “una solicitud” de un legislador influyente, quien, mediante distintas prácticas –debate sin clausura, abandono de la Sala, devolución de los proyectos a comisiones, censuras o interpelaciones, etc.– evitaba el avance legislativo, entrampándolo en eternas negociaciones hasta conseguir sus objetivos. El sistema que más evidenciaba la corrupción y el soborno en este periodo era el de las elecciones, que se caracterizó por el cohecho, cuyos protagonistas eran los terratenientes senadores. Andrés Palma –hijo de un ex presidente del Senado y nieto de Ignacio Palma Smith, legislador del Partido Conservador– cuenta que su abuelo en una ocasión fue mandatado para “ir a pagar los votos” a una elección complementaria en Pichilemu. Viajó en ferrocarril, pero como éste era controlado por los liberales, detuvieron el tren para que Palma no cumpliese su objetivo. Solo el auxilio de un hacendado local le permitió viajar toda la noche y llegar con el maletín al balneario a cumplir “su misión”, que Palma entendía como una actividad normal.
También en esa época se fortalece la práctica de percibir la administración pública como botín de guerra de los parlamentarios, lo que la tornó incompetente, siendo la consecuencia más brutal el vínculo que se estableció, desde entonces, entre negocios y política, en que varios parlamentarios, aprovechando su influencia, actuaban como abogados representando a grandes empresas en juicio con el fisco o los casos aun más graves que involucraron la concesión de cuantiosos trabajos fiscales, la entrega de miles de hectáreas en el sur o la apropiación de tierras fiscales ricas en minerales. Hay algunos que, incluso, llegaron a “ponerle precio” a su apoyo al Ejecutivo. De allí la mala fama del periodo pese al cuestionamiento del historiador británico Harold Blakemore, quien se preguntó: si el parlamentarismo había sido tan malo, ¿cómo es que Chile, a partir de 1891, pudo exhibir muchos logros y gozar de una paz social que perduró hasta 1925? Se trataba, claro, del próspero ciclo del salitre, que permitió mantener sin graves crisis unas instituciones políticas de baja calidad.

“Quien toca Ministerio, no agarra camioneta”

Dicen que la famosa frase es de Ibáñez. Chile viene saliendo de la “era radical”, donde se disparó “la empleomanía” que hizo crecer la dotación a excesos que darían los argumentos a la dictadura militar para iniciar la posterior jibarización del Estado.
El Congreso ya iba aumentando su desprestigio y comenzaban a surgir Estanqueros y otros grupos que, desde 1958, se dedicarían sistemáticamente a hacer caer nuestra vieja democracia. Es la época en que en Clarín trabaja Eugenio Lira Massi y publica sus textos como La cueva del Senado y los 45 senadores y La Cámara y los 147 a dieta, títulos que evidencian la adjetivación negativa que ya por aquella época amenazaba a unas de nuestras principales instituciones democráticas.
Al justificar el título de su texto el autor dirá: “Ya sé que todos están pensando mal y creyendo que  yo estoy relacionando un poder del Estado y sus miembros con el famoso cuento. Falso. Primero porque el Senado es una verdadera ‘cueva’, luego diré por qué. Segundo, los otros eran 40 y éstos 45; además aquellos eran ladrones y estos son ‘honorables’”. Luego agrega que por sus servicios prestados la patria “está en deuda con ellos y hace bien en recompensarlos en parte proporcionándoles dos secretarios, estacionamiento gratuito, entrada liberada al Estadio Nacional, pasajes libres en Lan Chile, en la empresa marítima del Estado, franqueo gratis, útiles de escritorio, oficina, almuerzo, onces, todo cuando pidan en hora de sesión y un micrófono para que cuando tengan que levantar la voz no griten como los rotos”. No es casual que caracterice a uno de ellos como “Don cheque”.

El papel del soborno en el derrumbe de la antigua república

Durante la administración de González Videla, cuando ya Chile quedó enrolado en la Guerra Fría en el bloque occidental, se propuso la creación de una organización secreta anticomunista –que tendría su versión pública como Acción Chilena Anticomunista (ACHA)– y que pedía el apoyo de la embajada estadounidense en Santiago. En un Memorándum estrictamente confidencial de Spruille Braden, asistente, al embajador  Bowers, éste le señalaba que “la organización ya tiene un comité ejecutivo formado por cuatro parlamentarios en ejercicio del Congreso”, y que requerían “colaboración económica para hacer frente a los enormes gastos necesarios para construir esta empresa de interés mutuo”. La decisión de apoyar financieramente al grupo, donde incluso había militantes  con trayectoria socialista, como Juan Bautista Rosetti, fue tomada y direccionada desde entonces por el Departamento de Estado.
El partido o movimiento elegido en Chile fue la Democracia Cristiana. Garcés sostiene que, ya en 1955, dicha agrupación fue articulada en la coalición  occidental, a través de Juan de Dios Carmona, diputado falangista, quien le ofreció al entonces embajador norteamericano en Santiago que su “partido podía demostrar la unidad de propósitos entre EE.UU. y elementos demócratas progresistas que buscan el progreso social [entonces] sería muy útil que algunos líderes democratacristianos pudieran venir desde Europa, dado que los países de Sudamérica pueden aprender de la experiencia directa de los europeos con el comunismo” (“Chilean Political Matters”, Memorandum of Conversation, July 1, 1955, RG Dept. of State 1955-1959).
Ya en 1961, el propio gobierno de Kennedy se encargó, junto con la CIA, de armar un equipo que dirigiera el proceso electoral en la próxima contienda presidencial de 1964, que entraría en coordinación con otro comité en Santiago. El personaje seleccionado  fue nada más y nada menos que el senador Eduardo Frei Montalva: “Con este democristiano la historia moderna de Chile entraba en una nueva etapa, la elección de un presidente de la República en la nómina de pago de potencias extranjeras” (Joan Garcés).
Como ya lo sabemos a partir de 1962 los servicios secretos norteamericanos entregaban 50.000 dólares al Partido Demócrata Cristiano (PDC), y una cantidad superior de 180.000 dólares era enviada a la persona de Eduardo Frei, quien como consta en el informe Covert Action in Chile 1963-1973 (p. 40) la recibió. El mismo Frei, el 1 de marzo de 1962, manifestaba  al entonces embajador estadounidense que “el único camino correcto para EE.UU. era ayudar al actual gobierno [Alessandri] en sus dificultades para asegurar que aguantara hasta 1964, evitar así el posible caos y la posibilidad real y actual de una victoria del FRAP si Alessandri dimitía” (Cole to Secretary of State, Feb. 27, 1962. Box 1564). Por esas mismas fechas el Partido Democrático Nacional (PADENA), integrado en el Frente de Acción Popular (FRAP), tenía al diputado Luis Pareto, quien, ya por entonces, actuaba de enlace con la embajada de Estados Unidos para impedir que el PADENA respaldara la candidatura de Allende en  1964 (“Memorandum of Conversation with Deputy Luis Pareto González”, february, 1, 1962). Cabe recordar que en 1973 Pareto, desde el PDC y como presidente de la Cámara de Diputados, estimuló la insurrección militar contra Allende.
De hecho, en 1964 la CIA financió más del 50% de los gastos de la campaña de Frei, aportando unos 20 millones de dólares, cifra superior a la inversión por elector de los candidatos republicano y demócrata de ese año en EE.UU. El triunfo de Frei, fue aplastante sobre Allende.
El soborno vuelve a hacerse presente nuevamente en 1970, pues pese a que Frei y su equipo habían perdido el control del aparato partidario, la CIA puso el 14 de septiembre 250.000 dólares en las manos del líder falangista  para influir sobre parlamentarios del PDC y evitar que votarán por Allende (CIA, Memo de 9-10-1970, en Alleged Assassination Involving Foreign Leaders, The Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, US Senate, 20 nov. 1975, p. 230).
En definitiva, en la medida que se han desempolvado archivos de ese tiempo queda clara la intención de soborno sobre parlamentarios, constante histórica en la que parece caer periódicamente una parte de la institución.

La Junta y el Poder Legislativo: el asalto a mano armada al fisco de Chile

La dictadura no solo provocó el horror humano conocido sino, y este es un daño inconmensurable, el desfalco del Estado chileno vía la externalización de sus funciones y de las ventas a precio de “chaucha”, con créditos Corfo, a los mismos funcionarios que estaban a cargo de su administración o de los procesos de licitación en curso.
Como se sabe, luego de su primer momento de furia, que Jaime Guzmán describió como “un caballo chúcaro”, se impuso Pinochet como el líder golpista al interior de la Junta y al resto de sus miembros se los decoró con la función legislativa en un régimen donde el Ejecutivo lo era todo, y al que no se le escapaba de sus manos ni el Poder Judicial.
Y sabemos lo que hoy nos ha estallado en la cara: surgieron los Penta, los Soquimich, “los Chispas”, y junto con ellos sus personajes: los Yuraszeck, los Carlos Eugenio Lavín, los “Choclo” Délano, los Piñera, los Saieh, los Silva, los generales que aún ocupan directorios, y los Ponce Lerou, por nombrar a algunos de sus protagonistas más controvertidos. No hubo control y el Legislativo, la Junta, fue un instrumento más de represión, de complicidad con el “saqueo” a mano armada al fisco. Y como esa actuación no se revirtió por la incipiente democracia, con la excepción de una revisión hecha por una comisión investigadora en la Cámara, esos mismos protagonistas se encargaron de manchar a muchos demócratas, algunos de los cuales tal vez se hicieron ricos, pero que no dimensionaron el daño y la estocada letal que le provocaron a la democracia.

La transición democrática

Los “pinocheques” hicieron que desde inicios de los 90 hubiese material suficiente para haber tomado el toro de la corrupción de la dictadura por las astas aunque, finalmente, el Gobierno y los parlamentarios optaron por no investigar ante las asonadas militares pinochetistas, sentando ya un precedente. Y tempranamente actores políticos se vieron involucrados en casos de coima y cohecho.
Recordarán el caso de la limpieza de malezas en Concón, que afectó a Enap y de paso al ministro de Minería de ese entonces, Juan Hamilton, quien luego accedió a un cupo senatorial por Valparaíso. Nadie entiende aún por qué un operador financiero como Juan Pablo Dávila fue autorizado para jugar con fondos a futuro por U$ 50 millones y terminó haciéndolo por cifras muy superiores en una maniobra que le costó caro al erario nacional. Y entonces, se vino Piñera.
Alguna vez relató un ex senador que era impresionante ver por aquellos tiempos a Piñera en su pupitre con altos de carpetas en su escritorio, revisando sus negocios. Corría el año 1997 y se conocía “el negocio del siglo”, la venta de Enersis a la española Endesa, en lo que fue conocido como el caso Chispas. Una parte de los accionistas, encabezados por José Yuraszeck –uno de los beneficiados directos con el saqueo–, vendieron su participación a la española sobrevalorada perjudicando a otros accionistas, entre los que se encontraba el senador RN. Piñera reclamó y usando su cargo pudo obtener más beneficios que el resto de los accionistas.

La corrupción siguió avanzando

Estallaron los casos de las coimas en las plantas de Revisión Técnica (PRT) y las escuelas de conductores en O’Higgins que, nuevamente, involucraron a parlamentarios que terminaron siendo detenidos y posteriormente liberados por la Corte Suprema, en fallos muy cuestionados y que sentaron el precedente de que no pagabas consecuencias si desfalcabas al fisco. Eso fue letal para la democracia.
Finalmente, Lagos, que cree que se viene preparando un golpe blanco, no duda en apoyar el acuerdo Insulza-Longueira para regular, insuficientemente, la relación entre dinero y política, hacer borrón y cuenta nueva con los gastos reservados, modernizar el Estado y, también, permitir el aporte anónimo de empresas a campañas políticas, lo que solo profundizó el contubernio negocios-política. Se vienen entonces los empleos brujos en la V Región, Publicam,  hasta llegar a los casos Penta, Caval y Soquimich.
Sin embargo, hubo una alerta previa que nadie quiso escuchar. El 2006, distintos actores políticos de la Concertación – Edgardo Boeninger, Genaro Arriagada, Gonzalo Martner y Jorge Schaulsohn– afirmaron, cada uno a su manera, que existía un uso clientelar de fondos fiscales y de colusión con financiamiento de empresas privadas. La discusión abortó por la manipulación mediática y judicial opositora, mientras Schaulsohn, ya aliado con Allamand, introdujo su famosa frase de “la ideología de la corrupción” y terminó siendo expulsado del PPD, para luego caer en la degradación, acusado de realizar múltiples estafas y condenado por la Justicia.
Como de nuevo no se hizo nada para penalizar el financiamiento ilegal de campañas, el 2009 se volvieron a hacer famosos los parlamentarios que malversaban asignaciones en falsos arriendos: Maximiliano Errázuriz fue el niño símbolo de aquella nueva expresión de falta de honestidad de algunos miembros del Congreso.

Piñera: el poder al desnudo

Es durante su administración que el fenómeno cobra aún mayor visibilidad. Recordemos que en 2006 fue sancionado con una alta multa por transacciones de acciones usando información privilegiada, que en Estados Unidos le hubiera costado la cárcel, lo que no impidió que una mayoría de chilenos lo eligiera Presidente. Su primer gabinete, el de “los gerentes”, es una clara evidencia de la señal que se da al Parlamento: la incestuosa relación entre dinero y política, cuyo caso más simbólico es el del ex subsecretario Wagner. Se viene entonces el acuerdo transversal en el Congreso sobre invariabilidad tributaria en materia de royalty, que respaldan en 2012 transversalmente desde Escalona a Pablo Longueira y que inhibe la posibilidad de que sucesivos gobiernos democráticos (hasta 2023) puedan aumentar la tributación minera. Ahora entendemos perfectamente por qué.
Le siguen hechos como el soborno en la Ley de Pesca, cuyo símbolo es la ex diputada Marta Isasi, y los correos del UDI Ernesto Silva recibiendo instrucciones de dueños de Isapres para proteger sus intereses en la tramitación de la ley en 2013.
Entonces llega Michelle Bachelet con un diagnóstico equivocado de la realidad chilena, el creer que se puede seguir dilatando el cambio constitucional y hacer reformas puntuales en materia de financiamiento de la política a la rastra de la coyuntura y los casos de corrupción que van apareciendo, en vez de tomar una fuerte iniciativa global que vuelva a dotar de legitimidad al sistema político democrático. Y constituye un equipo que, como hemos sabido en estos días, fue financiado en determinados períodos por la empresa del recaudador Giorgio Martelli, que facturaba, entre otras, a SQM. Martelli llegó a decir en un seminario que “yo no soy un político, tampoco un empresario; soy un operador. Lo digo sin ningún pudor: si me metí en este tema, es porque creo que uno de los aportes que se deben hacer en la política es no tener pudor con el dinero, lo que es un estigma de la centroizquierda. Eso es lo que pienso”. Bueno, se destapan enseguida los casos Penta y SQM en el área de fraudes al fisco, cohecho y financiamiento ilegal de la política, y el caso Caval en el área del tráfico de influencias para beneficio particular, y así es como llegamos a donde estamos.

Epílogo: una institución con luces y sombras

No cabe duda que el Parlamento chileno desde su origen, en 1811, y hasta hoy, ha desempeñado un rol protagónico en la construcción de la democracia. Momentos culminante de su gran labor fueron su apoyo al proceso independentista; su papel en la expresión del pluralismo político y la legitimación de la oposición, en especial de los liberales y radicales durante el siglo XIX, junto a la contención de la frecuente inclinación autoritaria del Poder Ejecutivo; su contribución al surgimiento de un pensamiento laico, o su significativo rol en la industrialización del país; o su punto más notable y alto en 1971, cuando transversalmente respaldó la nacionalización del cobre. O, más recientemente, el papel de muchos legisladores como garantes de derechos ante la indefensión de la ciudadanía.
Pero los comportamientos menos destellantes y más controvertidos, como los acá señalados, no sólo terminan provocando que una parte significativa de chilenos pensemos que la única salida es que la Presidenta convoque a un plebiscito que dirima la salida a nuestra crisis institucional el próximo 21 de mayo, sino también que desde la propia Nueva Mayoría se levanten voces destituyentes solicitando adelantar todas las elecciones de autoridades, para superar la crisis de legitimidad (¿para evitar una asamblea constituyente y que luego todo siga igual?).
Pero esta crisis puede ser, si se recoge como una oportunidad, una buena posibilidad de romper con una imagen que periódicamente se repite sobre el Parlamento como insustituible institución republicana. La presentación este martes 21 de abril de la más grande iniciativa impulsada por parlamentarios –más de 50, que van desde el PC a Gaspar Rivas– para que un plebiscito convocado por el Ejecutivo dirima la crisis de legitimidad, puede ser esa puerta que engrandezca a la Cámara.
Del actual Parlamento depende que en el futuro no se agreguen más datos a este prontuario y se establezca una completa separación del dinero y la política, así como verdaderas penas ejemplificadoras para la corrupción, el tráfico de influencias y el financiamiento ilegal de campañas, incluyendo la inmediata pérdida del escaño para los parlamentarios involucrados. Si ello no ocurre, estaremos obligados a repetir con Nicanor Parra: “¡Corrupción sustentable, venceremos!”.