18 de abril de 2015
- Gabriel Sánchez
- Antropólogo
- El diputado UDI Gustavo Hasbún llegó a la Corte de Apelaciones de
Santiago con la intención de presentar un recurso de protección contra
el Informe de Derechos Humanos para Estudiantes difundido por el
Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esta acción se suma al rechazo
que el propio Gobierno manifestó hace unos días a través del
Subsecretario del Interior Mahmud Aleuy (PS) y a las declaraciones del
General de carabineros Gustavo Gonzales sobre dicho informe. Este
rechazo, curiosamente transversal, llama la atención en tiempos en que
tanto desde el oficialismo como desde la oposición se hacen continuos
llamados para dejar que “las instituciones funcionen” en el marco de los
escándalos de corrupción política, igualmente transversales. Al parecer
en Chile las instituciones tendrían diversos grados de autonomía que se
irían acomodando de acuerdo a la contingencia y al ánimo político.
Destaca de sobremanera la sorpresa vociferante de la derecha conservadora, que tan bien despliega su exaltación -cuidadosamente selectiva- cuando en otros países la fuerza pública pasa a llevar los derechos fundamentales de la ciudadanía. El oficialismo, por su parte, contribuye al espectáculo defendiendo ciegamente a la institución que ellos mismos han sabido usar, también selectivamente, entre pequeñas comunidades mapuches, en Caimanes, contra pescadores y estudiantes, siguiendo más bien la política del trending topic (la muerte del carabinero durante las protestas del joven combatiente) más que una política seria y responsable.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos no es una ONG o una organización social (sin prejuicio de ellas), el INDH es una corporación autónoma de derecho público que fue instituida en 2009 a través de la ley 20.405 que se rige, a su vez, por principios internacionales. Entre otras cosas el Instituto tienen la tarea de redactar un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, informe que según la misma ley puede ser enviado a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos. Según la ley, dos cupos del Concejo son designados por la Presidencia de la República, dos son designados por el Senado, dos más por la Cámara de Diputados (ambos por mayoría de 4/7), uno es designado por los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades integrantes del Consejo de Rectores de las universidades autónomas y otros 4 conejeros son designados por varias instituciones ligadas a la defensa de los DDHH. A pesar de todo esto pareciera ser que cualquier gobierno de turno puede menospreciar a su antojo el trabajo de una institución autónoma, que trabaja sobre una temática particularmente delicada, dando pié, entre otras cosas, a que persona mucho más suspicaces piensen que el Gobierno busca cuidar la imagen de carabineros y la suya propia ante la ciudadanía, en un año en que seguramente las fuerzas especiales no tendrá precisamente poco trabajo.
El abuso de carabineros y de fuerzas especiales en manifestaciones sociales son hechos conocidos y comunes, así mismo, las acusaciones contra el uso desproporcionado de su fuerza tampoco es nueva, y responde más bien a una tradición que se remonta a los mejores años de la represión dictatorial, muertos incluidos (recordemos a Manuel Gutiérrez, asesinado con una metralleta por el sargento Miguel Millacura, condenado por la justicia militar a tres años y un día… de libertad vigilada). Así se puede apreciar en los últimos informes anuales del INDH, particularmente desde el 2011, año en que dicho informe acusa a carabineros de restringir derechos fundamentales, de llevar a cabo detenciones irregulares, aleatorias y arbitrarias, que se ejecutan sin informar las razones de la detención, sin lectura de derechos o información sobre el procedimiento. Denuncia también abusos sexuales a menores, y casos de menores que han sido obligados a desnudarse en comisarías, el uso desproporcionado de bombas lacrimógenas ha afectado a niños, adultos mayores, centros asistenciales y guarderías infantiles. Los informes condenan también el uso indiscriminado de balines de pintura, que han terminado con personas perdiendo la visión por estallido ocular debido al impacto de estos. Los casos de abuso sistemático en manifestaciones son solo una cara de la moneda, otro apartado independiente merecen los espectaculares despliegues cuasi militares en la Araucanía, donde también se han documentado casos de violencia inusitada contra comunidades mapuches.
El dato duro sin embargo, que respalda la tesis que el INDH propone, es que según datos, el 95% de los detenidos en las protestas y otras manifestaciones son liberados antes de llegar a tribunales por falta de méritos ¿se puede afirmar frente a esto que el despliegue de carabineros es contra “grupos minoritarios”?
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