Más de 600 detenidos por razones político-sociales

escrito por Roberto Avila

La prensa del sábado 4 de Septiembre informa que 79 estudiantes secundarios del Liceo Confederación Suiza han sido detenidos por carabineros en la Seremìa de Educación donde estaban pidiendo la derogación de la Ley General de Educación por una que ponga como eje central la educación pública. Una propuesta tan razonable como esta ha llevado a estos menores de edad a las celdas policiales. Las detenciones en comento elevan por sobre los 600, sólo en el último mes, la cantidad de ciudadanos que han sido privados de su libertad por demandar medidas de autoridad de carácter político o social.

En ninguno de estos casos los manifestantes han recurrido a la violencia.. Antes lo contrario, aún tenemos en retina la imagen de la cara ensangrentada de un manifestante de Dichato que pedía más ayuda estatal para los damnificados del terremoto.
Los detenidos representan un amplio espectro de nuestra sociedad: damnificados por el terremoto de Dichato, ecologistas de Punta de Choros, mapuches, estudiantes secundarios, habitantes de casas okupa, dirigentes de los funcionarios públicos, estudiantes de la Universidad de Chile, profesores…
La situación es claramente preocupante.
El derecho a la libertad personal, el derecho de petición y la libertad de expresión son básicos en una sociedad. La autoridad debe ser extremadamente cuidadosa en las medidas que puedan limitarlos, por respeto a la ley, la democracia y por su propio futuro político.

Las cosas se han tornado mas complejas luego de que se descubriera a un teniente de Carabineros de civil y con el pelo largo en una convocatoria ciudadana, al parecer incitando a los manifestantes a radicalizar sus posturas. Esta situación ha sido denunciada a la Comisión de Derechos Humanos del parlamento.

Hay un respaldo a la labor de Carabineros desde el gobierno, que de la manera en que se ha expresado, bien ha podido exceder los límites concebidos por sus propios autores. Es claro que Carabineros cuenta con el respaldo institucional y de opinión pública para realizar su labor de orden y seguridad, insistir desde el gobierno en esos respaldos bien puede llegar a ser entendido como una suerte de cheque en blanco.
Chile vivió graves y sistemáticas violaciones a los Derechos humanos, todos conocimos la magnitud y la atrocidad de los crímenes. Diseñar una política pública a partir de un esquema de comparaciones con esa barbarie puede ser en extremo peligroso.
Una detención injustificada aunque sólo sea por algunas horas en un cuartel de carabineros si ella forma parte de una política pública es también una violación a los Derechos Humanos

ROBERTO AVILA TOLEDO
ABOGADO