Abogados piden que ministro Hinzpeter y ex fiscal Peña paguen los 29 millones de costas del "Caso Bombas"

Abogados piden que ministro Hinzpeter y ex fiscal Peña paguen los 29 millones de costas del "Caso Bombas". Diputado Harboe dice que "la causa fue tratada de manera imprudente e injustificada".

Por María Kovacz

El Ministerio Público fue condenado por la Corte a pagar 29 millones de pesos a los abogados que defendieron a 14 involucrados en un presunto hecho terrorista desestimado totalmente por la justicia. "Lo único lamentable del fallo es que se condena a pagar esta suma de dinero al Fisco y no en contra del patrimonio personal de los grandes responsables de esta situación", dijo el abogado de los acusados Mauricio Daza.

El bullado "caso bombas" llegó a su fin tras más de 8 meses de prisión preventiva para los presuntos culpables, 4 mil pruebas excluidas, el sobreseimiento definitivo de los 14 imputados acusados de terrorismo y una persecución mediática pocas veces antes vista.

La investigación liderada por el ex fiscal Alejandro Peña en conjunto con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dejó en evidencia su fracaso con el paso del tiempo y que sus teorías de una red o asociación ilícita, se diluyó más temprano que tarde, ya que la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones confirmó que la Fiscalía Sur deberá pagar alrededor de 29 millones de pesos por los gastos del proceso.

Frente a la decisión, el abogado Mauricio Daza, uno de los que representó a los imputados que fueron sobreseídos, valoró el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que luego que el propio ente perseguidor penal pidiera exculpar a los acusados de delitos terroristas y que estuvieron varios meses en la cárcel.

El profesional señaló que "lo único lamentable del fallo de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago es que se condena, en definitiva, a pagar esta suma de dinero al Fisco de Chile y no (se adopta esta medida) en contra del patrimonio personal de los grandes responsables de esta situación, que son, ni más ni menos, el ministro Hinzpeter y el ex fiscal Peña", hoy funcionario de esa cartera de gobierno.

Pero Daza no fue el único que se mostró disconforme con la medida. Otro que apoyó su opinión fue el abogado Rodrigo Román, quien recibirá parte del dinero de las costas que financiarán los honorarios de la defensa particular que tuvieron algunos de los acusados.

El abogado destacó los fracasos del gobierno al imputar delitos terroristas, asegurando que en el caso bombas "se pretendió instalar la existencia en Chile, por lo menos en Santiago, de una red o una asociación ilícita terrorista, todo lo cual se fue a pique, se fue a tierra, porque a poco andar quedó al descubierto que el artífice de esta historia, el ex fiscal Peña, pasó a trabajar al mismo ministerio del Interior", señaló.

El fallo de la corte de Apelaciones

El fallo de Corte de Apelaciones es claro sobre lo ocurrido y así quedó plasmado en parte del escrito: "Sí se puede decir que si la inmensa mayoría de dicha prueba (la entregada por la Fiscalía) fue desechada, por la razón que fuere, por el tribunal de primera instancia, decisión confirmada por esta Corte, no resulta serio, prudente, ni respetuoso con los derechos de quienes debieron soportar los efectos de esta investigación (incluso con extensos períodos de privación de libertad) sostener que se litigó con motivo plausible".

En tal sentido, y si es que la fiscalía que dirigió el ex prosecutor, Alejandro Peña, no recurre a la Corte Suprema, deberá saldar los honorarios de abogados de los 14 acusados que fueron sobreseídos de los cargos imputados.

Asimismo, la resolución, respalda el proceder del titular del Octavo de Garantía, Luis Avilés, cuestionado por el Ministerio Público durante la realización de la preparación de juicio oral, instancia tras la cual se decidió el sobreseimiento de la mayoría de los formalizados.

El desglose de los montos a cancelar según la sentencia la Fiscalía Sur, son $6 millones a cada uno los abogados: Miguel Soto Piñeiro, Valentina Horvath, Rodrigo Román y Julio Cortés por la defensa de Candelaria Cortez-Monroy y el ex lautarista Pablo Morales, Andrea Urzúa, Omar Hermosilla y Vinicio Aguilera, Carlos Riveros, Felipe Guerra y Diego Morales. Mientras, que $5 millones son para el abogado Morris Farachi por la defensa de Francisco Solar.

¿Es justo que pague el ministerio Público?

Frente a la interrogante que surge y que dice relación con que si es justo que los 29 millones salgan desde el ministerio Público, es decir de todos los chilenos y no de quienes son sindicados como los "cerebros" del caso bombas, es decir, el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y su asesor el ex fiscal Alejandro Peña, Cambio21 conversó con el diputado Felipe Harboe (PPD), quien señaló que "creo que lo puede hacer el ministerio Público más bien es repetir el tema judicialmente, es decir, demandar a quien instruyó la causa que es el ex fiscal Peña. Porque más allá que no tenga responsabilidad administrativa hoy día al no estar en el cargo, aquí el Estado va a tener que desembolsar una cantidad de recursos por considerar el poder judicial que la causa fue tratada de manera imprudente o injustificada".

"En consecuencia, lo que debería ocurrir es que el ministerio Público va pagar los fondos, pero podría perfectamente repetir en quienes son responsables. Entiendo que además está pronto a salir el sumario de la fiscalía respecto de este caso. Hay que esperar las responsabilidades que establezca el sumario y eventualmente la posibilidad que el Ministerio Público demande, es lo que creo que podría ocurrir", concluyó Harboe.