El nuevo presidente de la Corte Suprema participó en esas instancias entre 1973 y 1976.
Uno de los procesos fue contra ocho personas por intentar "desorganizar a las FF.AA.", publica La Segunda.
Rubén Ballesteros, el flamante presidente de la Corte Suprema, participó entre 1973 y 1976 en Consejos de Guerra realizados en Osorno, cuyos procesos están acreditados en los archivos de la ex Vicaría de la Solidaridad.
Dichos textos acreditan la participación de Ballesteros en cuatro casos, según publicó La Segunda.
El primero de ellos que consta en estos documentos data de 1975 contra tres jóvenes, uno de 16 y dos de 18 años, acusados de asociación ilícita y el porte de lanzas y un modelo de bomba.
Según el texto, los detenidos "se pusieron de acuerdo para efectuar sabotaje y fabricar bomba tipo molotov, siendo aprehendidos con 15 lanzas, un modelo de bomba y un esqueleto de bomba".
En el fallo, determinaron para los dos mayores de edad condenas de "541 días de presidio como autores del delito de asociación ilícita, y a la pena de 540 días de presidio" por la infracción a la Ley de Armas.
Para el joven de 16 años fue condenado a una pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo y a 50 días de cárcel por asociación ilícita. Los tres acusados debieron pasar las penas en la cárcel, pese a la baja condena y a que no tenían antecedentes delictuales.
El segundo caso -de acuerdo a La Segunda- es contra Orlando González y Alejandro Iturra quienes fueron acusados de ingresar ilegalmente al país con material socialista, por lo que fueron condenados a 20 años de presidio, con el voto en contra de Ballesteros, quien presidió ese Consejo.
Según el documento, "los detenidos habrían viajado a Argentina para conectarse con grupos extremistas en la ciudad de Neuquén, cruzando la cordillera en forma clandestina, permaneciendo allí 25 días y regresando con material consistente en varios libros de corte marxista, manuales de guerrilleros del 'Che' Guevara y dos discos alusivos a este último".
El tercer caso que publicó el vespertino es contra Alfonso Heriberto Oliveros Angulo y otros siete procesados acusados de intentar "desorganizar a las Fuerzas Armadas y dar la oportunidad a la contraofensiva extremista".
El 20 de septiembre de 1973, sostiene el acta, Olivero fue sorprendido intentando cruzar la frontera en Curriñe, para reunirse con un cubano "a fin de informar que las condiciones estaban dadas (para la contraofensiva extremista)" e "informando además que se hacían reuniones, y que a su aviso ingresarían 150 extremistas al país en esta zona con elementos automáticos, para atacar villorrios y despistar y desorganizar a las Fuerzas Armadas y dar oportunidad a la contraofensiva de extremistas nacionales".
Debido a ello, Oliveros Angulo fue condenado por el delito de "traición por conspiración" por lo que recibió una pena de 15 años, a sus cómplices los condenaron a siete años y a los encubridores a tres años.
El cuarto caso que relata el diario es la "reorganización en la clandestinidad del Partido Socialista", por lo que fueron procesados 16 personas que "organizaron un grupo de carácter político de tendencia socialista, a fin de organizar y dar vida al Partido Socialista en la clandestinidad. Ocho de los 16 procesados tenían armas de fuego no inscritas, las cuales se encontraron en poder de ellos al ser detenidos".
Los imputados fueron condenados por asociación ilícita y espionaje, por lo que los líderes recibieron penas de 10 años por espionaje, cinco años y un día por tenencia ilegal de armas, otros cinco años y un día por porte ilegal de armamento y a tres años y un día por asociación ilícita.
Otro de los archivos que constan en la ex Vicaría de la Solidaridad, están los fallos de Ballesteros cuando era ministro de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas entre 1983 y 1993.
Entre ellos, el más connotado fue el "Puntarenazo", como se definió a la primera manifestación contra Augusto Pinochet.
Según su investigación, el 26 de febrero de 1984, en el frontis de la catedral de Punta Arenas donde estaría Pinochet, "un grupo de personas, ubicado delante y detrás de las rejas de fierro de la iglesia (...), profirieron ordenada, sistemáticamente y a coro expresiones en contra del citado Presidente. Algunas de estas expresiones, entre otras, eran: 'asesino', 'traidor a la patria' (...), entre otras. Además, se produjo el lanzamiento de panfletos y objetos contundentes como piedras, trozos de ladrillos, etc."
El fallo de Ballesteros concluyó que "los hechos referidos configuran el delito de injurias al Presidente de la República, toda vez que los antecedentes demuestran que las expresiones de que se trata, han sido proferidas en deshonra, descrédito y menosprecio del Primer Mandatario de la nación".
Debido a ello, los detenidos fueron condenados a 541 días de presidio con remisión condicional de la pena, sin embargo, Ballesteros desestimó aplicar la Ley de Seguridad del Estado.
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