La iniciativa había causado inmediato rechazo de los periodistas chilenos y de los corresponsales extranjeros acreditados en el país.
El gobierno chileno anunció el retiro de la norma polémica que facultaba a la policía solicitar a los medios de comunicación sus archivos gráficos, escritos y audiovisuales, sin una orden judicial.
La noticia la entregó personalmente el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, al presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional en Chile (ACPI), Mauricio Weibel.
En la conversación telefónica, Hizpeter informó que "el gobierno va a enviar una indicación para eliminar la norma" que es parte de la nueva ley sobre Seguridad y Orden Público, diseñada por el propio Hinzpeter a partir de las movilizaciones sociales de 2011 en el país.
"La decisión del gobierno era lo que esperábamos", afirmó Weibel la agencia italiana ANSA.
Añadió que "la libertad de opinión y expresión son derechos inalienables de las sociedades, no sólo de los periodistas".
La denominada "ley Hinzpeter", que evoca el nombre de su gestor, fue creada a fines de 2011, el año de mayor movilización social desde el retorno a la democracia en 1990. El proyecto, que pretende terminar con las tomas a colegios y universidades y sancionar con mayor rigor a los manifestantes a rostro cubierto que causen desórdenes durante protestas públicas, entre otros, fue aprobado recientemente por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados y será ahora discutido en Sala.
En el artículo sobre "Facilitación de la obtención de medios de prueba", el proyecto de ley propone "incorporar una nueva facultad para las Fuerzas de Orden y Seguridad para que estas
puedan solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal".
La medida causó el rechazo inmediato de los diversos organismos que agrupan a los medios de prensa que laboran en Chile.
En el caso de los corresponsales extranjeros, el temor se centraba en un eventual allanamiento policial a sus oficinas, que en más del 40 por ciento de los casos, son los propios hogares de los periodistas extranjeros que trabajan desde su "casa-oficina".
La directiva de la Asociación de corresponsales sostuvo reuniones con asesores del presidente
Sebastián Piñera, en La Moneda, y con legisladores de la Comisión de Seguridad y Drogas, quienes garantizaron la revisión del polémico artículo.
De acuerdo a lo anunciado por Hinzpeter, la indicación que busca eliminar la norma del proyecto de ley será enviada en los próximos días al Parlamento. "Hay que esperar ahora que esto se confirme", concluyó Weibel.
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