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martes, 31 de enero de 2012

Un manifiesto en apoyo a Garzón


La Madre Mirta Baravalle les toma una foto a Inés García Holgado, Darío Rivas y Ana Messuti.
Imagen: Dafne Gentinetta


EL MUNDO HOY SE ESPERA QUE EL TRIBUNAL SUPREMO DE A CONOCER LA SENTENCIA CONTRA EL MAGISTRADO ESPAñOL

“Prevaricadores son los que se han opuesto a la investigación de los crímenes de la dictadura”, rezaba el documento que entregaron a la Embajada de España la abogada Ana Messuti y los querellantes Inés García Holgado y Darío Rivas.

Por Adrián Pérez

El abrazo a Baltasar Garzón cruzó el Atlántico y en el camino se plasmó en miles de firmas en su apoyo. Esas adhesiones fueron llevadas ayer a la embajada de España por familiares de víctimas del franquismo, que también entregaron un texto de rechazo a los crímenes de lesa humanidad cometidos por ese régimen. “Prevaricadores son los que se han opuesto a la investigación de los crímenes de la dictadura y los que, contra este juez (por Garzón), vienen dictando resoluciones manifiestamente injustas”, rezaba el documento. Ana Messuti, miembro del equipo de abogados que lleva adelante la demanda argentina contra la represión franquista, y los querellantes Inés García Holgado y Darío Rivas, soportaron estoicos la lluvia porteña, frente a la sede diplomática, para solidarizarse con el magistrado español. Los acompañaron Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora); Noemí Fernández Durán, colaboradora de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (España); y Francisco Ramos, exiliado argentino en Madrid y querellante en causas contra el genocidio en Chile y Argentina. Por la tarde se reunieron en Plaza Lavalle para leer el manifiesto “Nosotros acusamos”. Hoy se espera que el Tribunal Supremo dé a conocer la sentencia contra Garzón.

Si bien ninguno de ellos fue recibido por el embajador español, la caja con el documento y las firmas quedó en manos de personal de seguridad de la sede diplomática. “El manifiesto es una clara expresión de repudio a los procedimientos que se siguen contra Garzón, estamos recibiendo miles de adhesiones constantemente”, afirmó Messuti, que se fue de Buenos Aires el 25 de mayo de 1976, con un hijo de siete años y un bebé de siete meses, después de que dos de sus compañeras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desaparecieran. Luego dijo que la Comisión Internacional de Juristas, expresión máxima del derecho internacional, condena las causas que se llevan adelante contra el juez.

La abogada aseguró que seguirán enarbolando el manifiesto, a pesar del posible sobreseimiento previsto para Garzón. Y advirtió que si los otros dos procedimientos paralelos tienen éxito, el juez quedaría inhabilitado. “No olvidemos que el propio fiscal, que es quien debe llevar a cabo la acusación en este caso, está actuando como abogado defensor. Estamos ante una situación totalmente insólita”, denunció.

En diálogo con Página/12, Rivas, de 91 años, rezongó por el maltrato que recibieron cuando fueron a entregar las firmas. “No es posible que venga a la embajada, patrimonio del ciudadano español, y tenga que esperar afuera, bajo la lluvia, para dejar un escrito”, protestó el querellante. García Holgado señaló, a su vez, que es una vergüenza que la embajada española los hiciera esperar a la intemperie para entregar finalmente la carta y las firmas a personal de seguridad. “Igualmente, vamos a continuar con la lucha a favor de las víctimas del franquismo y en contra de los juicios a Garzón”, dijo. Para Messuti, dadas las circunstancias del mal tiempo y de la edad de Rivas, hay una norma que debe prevalecer por encima de todas las reglas de procedimiento que tiene la embajada, y es la regla de hospitalidad.

El querellante sostuvo que España vive en la época del franquismo, rigiéndose por sus leyes, y que la Transición fue una imposición de vencedores a vencidos. “Antes de morir, Franco dijo que dejaba todo bien atado y que iba a seguir gobernando después de muerto. Entonces, dejó a Manuel Fraga Iribarne, creador del Partido Popular”, mencionó Rivas. Por otra parte, la abogada invitó a la comunidad argentina, aunque sea un poco tarde, a expresarse: “Le debemos a Garzón el hecho de haber sido el motor que impulsó los juicios que en este momento se realizan en la Argentina, y que nos hacen ser un ejemplo para la comunidad internacional en materia de derechos humanos”, dijo.

Dos tíos abuelos de García Holgado fueron asesinados por el franquismo: uno fue fusilado en Salamanca siendo alcalde y diputado; el otro era concejal. Uno de sus tíos desapareció mientras integraba las milicias castellanas-abulenses. La mujer comenzó la querella en Argentina cuando Garzón fue acusado de prevaricato. Tomó esa decisión al considerar que iba a encontrar mayor recepción en los tribunales argentinos. Cuando se le pregunta si confía en la investigación que dirige la jueza María Romilda Servini de Cubría, responde con un lacónico sí.

Mientras la Revolución estallaba, el padre de Rivas se desempeñaba como alcalde de Castro de Rey, en Lugo. Entonces, el general Mola dio la orden de ir a los pueblos para, por medio de los falangistas, asesinar a todas aquellas personas que tuvieran “trascendencia moral”. Severino Rivas fue detenido en 1936 y procesado por traidor a la patria y portación de armas. En la madrugada del 29 de octubre, el cuerpo sin vida del alcalde apareció sobre la ruta, a 30 kilómetros del pueblo. Sus restos fueron enterrados en 2005 junto a su compañera. “Asesinado por los falangistas”, mandó a grabar su hijo sobre un mármol negro.



Juez Baltasar Garzón se defiende de acusaciones y alude a investigación contra Pinochet

Afirmó que durante 20 años en la Audiencia Nacional de Madrid, otras investigaciones similares como la de Pinochet o Argentina no le costaron un juicio como el actual, en el que está acusado de prevaricación.

Cambio 21

Baltasar Garzón defendió el procedimiento de su fallida investigación de los crímenes de la guerra civil española y el franquismo, y recordó que en casos similares como el de Augusto Pinochet o de Adolfo Scilingo en Argentina, no lo llevaron al banco de los acusados.

"No es una cuestión de ideologías", dijo Garzón a preguntas de su defensa. "Aquí había cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos".

En esa línea afirmó que durante 20 años en la Audiencia Nacional de Madrid, otras investigaciones similares como la de Pinochet o Argentina no le costaron un juicio como el actual, en el que está acusado de prevaricación.

"El fiscal también discrepó de mí en los casos de Argentina y Chile durante dos años, con recursos durísimos, y luego cambió de posición y mantuvo que eran crímenes contra la Humanidad", dijo Garzón según consigna el diario español "El País".

En la apertura de la segunda sesión de la vista, los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Garzón acordaron no estimar la nulidad del proceso que había solicitado la semana pasada la defensa del juez español, ejercida por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda.

En su opinión, siempre actuó conforme a derecho, cuando aceptó numerosas denuncias referidas a las desapariciones de miles de personas del bando perdedor republicano durante el conflicto fratricida (1936-1939) y el posterior régimen de Francisco Franco (1939-1975).

"Había un plan preconcebido para la eliminación, detención y desaparición de personas. Miles de ellas siguen desaparecidas hasta el día de hoy", afirmó Garzón, quien enmarcó como crímenes contra la humanidad lo acontecido en España durante aquellos años y cifró en 114.000 el número de personas que permanecen desaparecidas o enterradas en fosas comunes.
Garzón inició la investigación del franquismo en 2006. En octubre del 2008 abrió sumario y un mes después acordó su inhibición, dejando el caso en manos de tribunales regionales la exhumación de fosas tras un conflicto de competencia.

El juez, de 56 años, fue suspendido de sus funciones en mayo de 2010 y encara una condena de 20 años de inhabilitación, que supondría el punto y final a su carrera en la magistratura. Garzón fue juzgado la semana pasada, también por prevaricación, por su rol en el llamado caso "Gürtel", que destapó una trama de corrupción en la administración pública. Este juicio está pendiente de sentencia.

Diputados pusieron fin a su trabajo legislativo 2011 con un histórico rechazo del 68%

Diputados pusieron fin a su trabajo legislativo 2011 con un histórico rechazo del 68% por parte de la opinión pública según todas las encuestas. Algunos hitos del año de los parlamentarios

Por Pilar González

"Estamos frente a un sistema que ha perdido legitimidad en la medida que encapsula todo el debate debido al sistema electoral, y la construcción de la Cámara", afirma el sociólogo y analista político Manuel Antonio Garretón. Los diputados ya no van al Congreso desde el 25 de enero y volverán sólo el 1 de marzo

Tras la polémica votación de un importante artículo que modifica la Ley del Tabaco, mas de una veintena de diputados pidieron excusas a través de los medios tratando de enmendar su error. De todas las bancadas intentaron solucionar el "entuerto", dejando una vez más a los parlamentarios muy mal parados frente a la ciudadanía.

Y por ello este episodio no sorprendió de mayor forma, e incluso fueron blancos de burlas, situación que se hizo notar a través de las redes sociales de Twitter y Facebook.

Sin embargo, no es la primera vez que el malestar de la sociedad se manifiesta en su contra. En el año legislativo 2011 quedó en evidencia el rechazo que acumulan, de acuerdo a diversas encuestas. Según el último sondeo de Adimark en el mes de diciembre 2011, por ejemplo, la cifra de aprobación de la gestión de la Cámara de Diputados llegó a un magro 18%, en cambio el rechazo a su forma de trabajar alcanzó un máximo histórico de 68%

Otro de los cuestionamientos hacia los diputados son las vacaciones, que para la gran mayoría de los ciudadanos es considerado un exceso. En rigor, los legisladores tienen una semana distrital, tres semanas de vacaciones y posteriormente otra semana distrital. En definitiva, dejaron de asistir a la Cámara de Diputados el miércoles 25 de enero y volverán a sus funciones el miércoles 01 de marzo. La legislación establece para cualquier empleados público como feriado anual 15 días hábiles, que corresponden a tres semanas corridas.

Los problemas reales de la gente

Para el sociólogo Manuel Antonio Garretón "existe una visión critica de la opinión pública respecto de los diputados, sin embargo esta crítica va hacia el conjunto de lo que es la clase política, partiendo por el Presidente y el gobierno".

En diálogo con Cambio21 agregó que "aquí hay que distinguir una realidad que consiste en que las movilizaciones pusieron en evidencia una mayor distancia entre lo que es la política y la ciudadanía, haciendo ver que los grandes temas que preocupaban a la gente no eran abordados -no por incapacidad o falta de calidad- sino por un sistema político que ha dejado de ser legítimo, que no escucha las demandas de la gente, incluso desechando los mismos planteamientos que vienen de los partidos".

"Estamos frente a un sistema que ha perdido legitimidad en la medida que encapsula todo el debate debido al sistema electoral, y la construcción de la Cámara. Esto se encapsula en dos bloques: la idea democrática y la preservación del orden económico social generado por el autoritarismo como lo ha expresado la derecha", insistió el profesional.

"El problema de fondo que es incapaz (el sistema) de procesar los problemas reales de la gente". Finalmente Garretón indicó que "si cambian esto por supuesto que la sociedad volverá a ponerlos en buen puesto. Encasillar a uno u otro diputado a mi juicio no es lo correcto sino encasillar a toda la clase política".

Los "hitos" parlamentarios

Con la finalización del año legislativo, se entregaron contundentes cifras sobre lo provechosa que resultó la actividad en el Parlamento. Sin embargo, en ese recuento no aparecen algunos "hitos" que provocaron precisamente que la opinión pública rechace tan fuertemente la actividad de los Honorables.

Estos son algunos "imperdibles":

Ley de Tabaco: Lo ocurrido fue que varios parlamentarios se confundieron en la votación, rechazando erróneamente la prohibición de fumar en cualquier recinto cerrado, especialmente en los lugares cerrados.

Es decir, aprobaron que se fume en pubs, restaurantes y casinos de juego, lugares cerrados y también en sitios de acceso público. Como en todo orden de cosas, hay algunos que entendieron clarito y votaron de forma correcta, pero hubo otros que simplemente "hicieron el loco" votando mal y luego aparecieron pidiendo disculpas

Secretaria perdió a su bebé en gestación: En octubre pasado la secretaria del diputado Guillermo Teillier, Mildred Mella, perdió a su bebé de 6 semanas de gestación producto del forcejeo con el diputado UDI, Enrique Estay.

El incidente se registró en el Congreso, luego que parlamentarios desplegaran una bandera gigante en apoyo al movimiento estudiantil que decía "Educación Libre, Digna, Gratuita".

Discurso diputado Patricio Hales: Un emocionado y duro diputado Patricio Hales se fue "con todo" contra quince parlamentarios de la derecha. Los acusó de engañar, mentir, de complicidad con la CNI y de robar. "Son francamente indecentes", remató.

El parlamentario PPD ocupó su tiempo de reglamento para denunciar actitudes de sus colegas de la derecha, cansado -según dijo- de las continuas falsas acusaciones sobre entrega de certificados a exonerados políticos. Dijo que no se amilanó con la dictadura y menos lo hará en democoracia.

Ausencia de parlamentarios durante votación del reajuste del sector público: Escandalosa resultó la sesión de la Cámara de Diputados donde se votaba el reajuste al sector público, ya que de los 120 parlamentarios, 40 no se encontraban en la sala.

Esa ausencia provocó la molestia de los que sí estuvieron presentes, como el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Pedro Araya (PRI), quien aseguró que sus colegas tendrán que dar explicaciones por la inasistencia. Cabe consignar que ese día y a la misma hora se jugaba un importante encuentro de la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana y algunos parlamentarios acudieron a ver jugar a la U, entre ellos el presidente de la Comisión de Etica, Marco Núñez

Muerte prematura

jailEl pobre en Chile está condenado a la muerte prematura, sea por una bala loca por un combate entre pandillas o acciones de soldados de narcotraficantes, o porque caiga en hospital, en el Servicio de Urgencias y no sea atendido oportunamente, o quemado vivo en una cárcel - como ocurrió en San Miguel el año pasado - o víctima de la bala de un gendarme cuando un reo intenta huir de la prisión: en estos y en muchos casos más los pobres están condenados a una muerte prematura y violenta.

El pertenecer a la etnia mapuche constituye una condena aún mayor: basta un incendio forestal para que una comunidad mapuche sea inculpada, irresponsablemente, por las autoridades del Ministerio del Interior. La policía se cree con derecho de allanar sus viviendas y violentar a las mujeres y a los niños. En Chile se violan, diariamente, los derechos humanos sin que ninguno de los tenores del duopolio levante su voz en defensa de los pueblos originarios. El trato que el Estado chileno da a los mapuches es inmoral, repugnante e inaceptable.

Está probado que más del 80% de los presos son parientes o hijos de personas que, previamente, ha sido condenado. Hay un círculo de hierro que hace que el pobre siempre termine yendo a prisión, a veces por delitos infinitamente menores que los que cometen los “polleros” coludidos, o los propietarios de farmacias o los dueños de empresas de empresas de transportes, o de La Polar. Chile sufre la gangrena de la desigualdad y, por tanto, de la injusticia que, poco a poco, está destruyendo lo que el Cardenal Silva Henríquez llamaba “el alma nacional”.

A raíz de la tragedia de Talagante, ahora reaparece el tema de las cárceles, verdaderos infiernos malolientes, cual cloacas de ratas; ningún ser humano merece vivir en las cárceles chilenas. Cualquier condena equivale a una pena de muerte hipócrita o a ser conducido a un crematorio, que no difiere mucho de aquellos de los nazis. Las cárceles no rehabilitan, sino que asesinan legalmente.

Este gobierno, completamente ineficaz en casi todos los planos, ha hecho muy poco para mejorar esta situación inaceptable. De los veinte años anteriores, mejor ni hablar, pues en este campo demostraron gran ineptitud. Pienso que los congresistas, si verdaderamente tuvieran vocación de servicio, como lo pregonan, debieran legislar de urgencia un proyecto que implemente cárceles dignas en todo el país.

Se agrega otro motivo más a la urgente reforma tributaria que permita la construcción de cárceles, con una infraestructura adecuada para la vida digna de los reclusos y su reinserción social por medio de talleres de capacitación.

Respecto a la prevención, poco se le puede pedir al actual gobierno, pues los índices muestran alarmantes incrementos de la delincuencia. Para variar, otro incumplimiento de las promesas del actual presidente cuando presentaba su programa de gobierno.

Dejémonos de hipocresías: cuando los pechoños de la derecha se golpean el pecho con el derecho a la vida del recién engendrado, poco o nada les importa que en Chile los pobres siempre sean condenados a una muerte prematura.

Rafael Luis Gumucio Rivas

Comunidades mapuche pehuenche se toman Municipalidad de Lonquimay

En demanda de agua potable, comunidades mapuche pehuenches se toman la municipalidad de Lonquimay en respuesta a la negativa por parte del concejo municipal y del mismo alcalde de la comuna, Guillermo Vásquez, de patrocinar un proyecto de abasto de agua, necesario para cinco comunidades pehuenches, cuyas licitaciones ya estarían hechas y que fue rechazado el pasado 26 enero por la administración comunal.

“Somos cinco comunidades las que hace 25 años que no tienen agua potable y que estamos siendo afectados por la sequía. Acá viven más de 200 personas, a 75 kilómetros de Lonquimay, necesitamos del agua, es por eso que decidimos tomarnos la municipalidad”, señalóó Gerónimo Nahuelcura, dirigente mapuche.

En estos momentos son alrededor de 35 personas que mantienen tomadas las dependencias municipales y señalan que no depondrán la medida hasta obtener una respuesta positiva de parte del alcalde, que se plasme en un documento firmado en donde exista el compromiso de la autoridad para con el proyecto.

“¿Dónde vamos a llegar? tenemos una necesidad muy grande, los niños se enferman y los pozos están sucios. Cuesta mucho que salgan estos proyectos y son mil 500 millones de pesos los que están aprobados para dar solución a este grave problema que nos agobia”, finalizó Nahuelcura.

Por Gonzalo Manquepillán

30 enero, 2012

lunes, 30 de enero de 2012

Agrupaciones de Derechos Humanos lamentan no haber sido invitadas

Agrupaciones de Derechos Humanos lamentan no haber sido invitadas a discutir creación de subsecretaría que se hará cargo del tema ni tampoco a ceremonia de firma del proyecto

Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, lamentó la escasa independencia que tendrá la subsecretaría ya que dependerá única y exclusivamente del gobierno de turno y esto de partida le resta objetividad a la hora de conocer los casos.

Este lunes, Sebastián Piñera y el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, firmaron el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones a la ley orgánica que rige el funcionamiento de la mencionada cartera.

Frente a esta nueva subsecretaría, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, valoró como positiva la medida, ya que permitirá a la institución que ella lidera trabajar de mejor manera.

"Es un paso sustantivo en la institucionalidad, en la medida que permite coordinar las políticas de derechos humanos del gobierno y tener una mirada oportuna y eficaz en estas materias, que son temas que no sólo involucran al país, sino que también su imagen exterior", señaló.

Consultados por este proyecto, representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos acusó que no les llegó invitación ni por correo ni en forma presencial para asistir a la ceremonia, e indicaron que tampoco fueron invitados a participar de la discusión en la cual se elaboró el texto, que ahora será enviado al Congreso.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, lamentó la escasa independencia que tendrá la subsecretaría de DD.HH., ya que dependerá única y exclusivamente del gobierno de turno, y esto de partida le resta objetividad a la hora de conocer los casos.

Lira manifestó que espera que la nueva subsecretaría de los DD.HH. no sea sólo una oficina para que la gente se queje, sino más bien cumpla un rol fundamental.

La dirigenta apuró al gobierno a mostrar en hechos concretos, por ejemplo las próximas movilizaciones, a no reprimir y violar los derechos de las personas, de los ciudadanos, que se manifiestan pacíficamente.

Positivas reacciones
Como era de esperarse, este anuncio tuvo positivas reacciones por parte de diversos parlamentarios, tal es el caso del senador Hernán Larraín (UDI) quien destacó que "en 2010 le propusimos al gobierno, al entonces Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, que Chile debería asumir un compromiso más orgánico más institucional con los derechos humanos".

"Se han hecho, muchos esfuerzos, pero quizás el mejor sea tener un compromiso hacia el futuro, de hacernos cargo institucionalmente y moralmente en promoverlos siempre, en todos los ámbitos, para que nunca más en Chile, tengamos que arrepentirnos de situaciones como las que vivimos y pienso que esta Subsecretaría y este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos van a ser quizás una palanca institucional del gobierno, de éste y de los futuros para asumir ese compromiso", planteó el parlamentario.

Por su parte el diputado Tucapel Jiménez (PPD) valoró la iniciativa, señalando que "yo creo que toda institucionalidad que sirva para fomentar apoyar y respetar los derechos humanos es bienvenida, acá hay mucha fragmentación en lo que es en el gobierno de Chile porque hay muchos departamentos de derechos humanos, el ministerio del Interior tiene uno, la Cancillería tiene otro, así que esto va a servir para coordinar ese trabajo y todo va a ser bienvenido así que felicité al presidente y al ministro de Justicia porque yo creo que es una buena noticia para los chilenos".

Asimismo sostuvo que los derechos humanos son transversales, e indicó que "tenemos que pensar en el futuro, pero Chile tiene una historia, yo creo que nadie en Chile quiere que esa historia se repita, y si este ministerio puede ayudar a eso bienvenido sea", concluyó.

Tema fue planteado el 21 de mayo pasado

"A través de esta nueva Subsecretaría, Chile contará por primera vez en su historia republicana con una autoridad y una entidad pública encargada y responsable de liderar todos los esfuerzos que el gobierno y los gobiernos que vendrán realicen, y que hoy día se encuentran desperdigados en distintas reparticiones", dijo Piñera en la ceremonia de firma del proyecto.

Entre otras disposiciones, el proyecto modifica el nombre de la cartera de Justicia, que pasa a llamarse "Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", y crea el Comité Interministerial de Derechos Humanos, que asesorará al Presidente en la determinación de lineamientos, constituyendo una "instancia de información, orientación y coordinación".

Dicho Comité estará conformado por los ministros de Justicia, Secretaría General de la Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Sernam.

Justicia ratificó condena a dos ex militares y un civil por el homicidio de una joven en 1984

Gloria Stockle fue asesinada mientras participaba de una fiesta en un cuartel militar. El tribunal también condenó a los imputados a cancelar indemnización de $100 millones a los familiares.

La Corte de Apelaciones de Copiapó ratificó este lunes el fallo del Ministro en Visita, que condenó a dos militares y un civil por el asesinato de la joven universitaria Gloria Stockle, ocurrida el 29 de enero de 1984, mientras participaba en una fiesta al interior de un cuartel militar, consignó Cooperativa.

De esta forma, el fallo ratificó la condena de cinco años y un día de presidio efectivo, para los ex miembros del ejército Mario Martínez Villarroel y Sebastián Flores Cañas, además de Teodoro Martínez Villarroel, quienes también deberán cancelar una indemnización de 100 millones de pesos a la familia de la víctima que tenía 21 años al momento de morir.

La Corte de Apelaciones se acogió a las pruebas que establecieron que Martínez Villarroel, Martínez Villarroel y Martínez Villarroel, participaron en el homicidio de la joven universitaria, que fue encontrada sin vida en la ribera del río Copiapó.

Lorena Pizarro acusó "marketing y parafernalia" en nueva Subsecretaría de DD.HH.

La presidenta de la AFDD aseguró que la iniciativa carece de compromisos reales.

En Cooperativa, la dirigenta aseguró que no hay avance "en casi nada".

Lorena Pizarro pidió voluntad política en la investigación de las causas de derechos humanos. (Foto: UPI)

Cooperativa.cl

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, acusó "marketing" frente a la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, oficializada este lunes por el Presidente Sebastián Piñera.

ImagenPizarro, en diálogo con Lo que Queda del Día, sostuvo que en este proyecto, que conoció a través de reuniones que sostuvo con el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, y la subsecretaria de la cartera, Patricia Pérez, hay varias falencias por su falta de compromisos y voluntad política.

"Se generan instancias que muestran un marketing, que hacen toda una parafernalia con un proyecto de ley donde se discute, se nos escucha, pero el contenido es casi nada", afirmó Pizarro.

"¿Con qué se comprometen? ¿Cuántos abogados, cuántos procuradores, cuántos llamados públicos a que las Fuerzas Armadas entreguen la información? Nada de eso está en esta propuesta global que esta llena de buenas intenciones", enfatizó la dirigenta.

Para Pizarro, el actual Gobierno, al igual que los de la Concertación, no han tenido voluntad política para avanzar en conocer la verdad de los crímenes cometidos en dictadura, pues de los más de 30 mil casos de violaciones a los derechos humanos, solo hay 500 causas en los tribunales.

"Cuando hablamos de un Estado que crea una Subsecretaría de Derechos Humanos tiene que tomar dos cosas: poner los impulsos reales, tanto de infraestructura, como recursos económicos, como de voluntad política para avanzar en la necesaria verdad y justicia y memoria histórica para el nunca más", señaló Pizarro.

La presidenta de la AFDD añadió que el Estado además debe poner esas mismas condiciones -infraestructura, recursos económicos y voluntad política- "para el respeto y defensa de los derechos de las personas en la actualidad, ninguna de las dos cosas las contiene" el proyecto que crea la subsecretaria de Derechos Humanos, concluyó.


Presidente firma proyecto que crea Subsecretaría de DDHH

Presidente firma proyecto que crea Subsecretaría de DDHH y recuerda los "crueles y reiterados atropellos"

por José Morgado - foto: Fotopresidencia

Presidente firma proyecto que crea Subsecretaría de DDHH y recuerda los "crueles y reiterados atropellos"

La iniciativa busca coordinar el trabajo en esa materia y establece el cambio del nombre de la cartera de Justicia, pasando a llamarse Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El diputado e hijo del sindicalista asesinado en dictadura, Tucapel Jiménez, felicitó al Mandatario. "No me queda otra más que valorar y felicitar esta iniciativa", dijo por su parte la directora del INDH, Lorena Fries.

"Esto es algo que se lo debemos a quienes sufrieron las gravísimas e injustificables violaciones a sus derechos fundamentales en el pasado", declaró el Presidente Sebastián Piñera, quien firmó este lunes en el Salón Montt Varas de La Moneda el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de DD.HH.

"Pero -precisó- se lo debemos aún más a nuestra generación y a las generaciones que vendrán que aspiran, merecen y van a vivir en un país en que los DD.HH sean parte del alma de Chile".

En la instancia, el Mandatario recordó que "nuestro país sufrió, después del quiebre de la democracia, de crueles, graves y reiterados atropellos a los Derechos Humanos", evitando utilizar la palabra dictadura para referirse al gobierno de Augusto Pinochet.

La nueva subsecretaría

La Subsecretaría de Derechos Humanos –si se aprueba en el Congreso-, será la entidad encargada de liderar los esfuerzos del Ejecutivo en esta materia, así como de prestar asesoría y colaboración directa al ministro de Justicia en la elaboración de planes, programas y decisiones relativas a la promoción y protección de los DD.HH.

Además, con esta nueva ley se creará el Comité Interministerial de Derechos Humanos, que tendrá la función de elaborar un Plan Nacional en esta materia que será ejecutado, coordinadamente, por toda la administración del Estado.

Finalmente, con esta normativa la cartera de Justicia, quien asume la responsabilidad en este tema –que antes recaída en Interior- pasa a tener un nuevo apellido: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Tucapel Jiménez: "Felicité al Presidente"

Uno de los parlamentarios invitados a la ceremonia fue el diputado Tucapel Jiménez, quien es además hijo del líder sindical asesinado en dictadura.

"Toda institucionalidad que sirva para fomentar, apoyar y respetar los DD.HH es bienvenida (...) Felicité al Presidente y al ministro de Justicia, porque yo creo que es una buena noticia para los chilenos", expresó.

"No me voy a poner quisquillosa"

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, valoró el proyecto, diciendo que "no me queda otra más que valorar y felicitar esta iniciativa".

Consultada sobre qué le parece que el Jefe de Estado no haya utilizado la palabra dictadura en su discurso, aclaró que no se va a poner "quisquillosa".

"La verdad es que no me voy a poner quisquillosa, porque el Presidente también habló de las graves violaciones que se cometieron durante ese periodo. Yo creo que estamos todos conscientes de que hubo una época dura en este país, donde se violaron gravemente los DD.HH de las personas".

Abogados piden que ministro Hinzpeter y ex fiscal Peña paguen los 29 millones de costas del "Caso Bombas"

Abogados piden que ministro Hinzpeter y ex fiscal Peña paguen los 29 millones de costas del "Caso Bombas". Diputado Harboe dice que "la causa fue tratada de manera imprudente e injustificada".

Por María Kovacz

El Ministerio Público fue condenado por la Corte a pagar 29 millones de pesos a los abogados que defendieron a 14 involucrados en un presunto hecho terrorista desestimado totalmente por la justicia. "Lo único lamentable del fallo es que se condena a pagar esta suma de dinero al Fisco y no en contra del patrimonio personal de los grandes responsables de esta situación", dijo el abogado de los acusados Mauricio Daza.

El bullado "caso bombas" llegó a su fin tras más de 8 meses de prisión preventiva para los presuntos culpables, 4 mil pruebas excluidas, el sobreseimiento definitivo de los 14 imputados acusados de terrorismo y una persecución mediática pocas veces antes vista.

La investigación liderada por el ex fiscal Alejandro Peña en conjunto con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dejó en evidencia su fracaso con el paso del tiempo y que sus teorías de una red o asociación ilícita, se diluyó más temprano que tarde, ya que la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones confirmó que la Fiscalía Sur deberá pagar alrededor de 29 millones de pesos por los gastos del proceso.

Frente a la decisión, el abogado Mauricio Daza, uno de los que representó a los imputados que fueron sobreseídos, valoró el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que luego que el propio ente perseguidor penal pidiera exculpar a los acusados de delitos terroristas y que estuvieron varios meses en la cárcel.

El profesional señaló que "lo único lamentable del fallo de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago es que se condena, en definitiva, a pagar esta suma de dinero al Fisco de Chile y no (se adopta esta medida) en contra del patrimonio personal de los grandes responsables de esta situación, que son, ni más ni menos, el ministro Hinzpeter y el ex fiscal Peña", hoy funcionario de esa cartera de gobierno.

Pero Daza no fue el único que se mostró disconforme con la medida. Otro que apoyó su opinión fue el abogado Rodrigo Román, quien recibirá parte del dinero de las costas que financiarán los honorarios de la defensa particular que tuvieron algunos de los acusados.

El abogado destacó los fracasos del gobierno al imputar delitos terroristas, asegurando que en el caso bombas "se pretendió instalar la existencia en Chile, por lo menos en Santiago, de una red o una asociación ilícita terrorista, todo lo cual se fue a pique, se fue a tierra, porque a poco andar quedó al descubierto que el artífice de esta historia, el ex fiscal Peña, pasó a trabajar al mismo ministerio del Interior", señaló.

El fallo de la corte de Apelaciones

El fallo de Corte de Apelaciones es claro sobre lo ocurrido y así quedó plasmado en parte del escrito: "Sí se puede decir que si la inmensa mayoría de dicha prueba (la entregada por la Fiscalía) fue desechada, por la razón que fuere, por el tribunal de primera instancia, decisión confirmada por esta Corte, no resulta serio, prudente, ni respetuoso con los derechos de quienes debieron soportar los efectos de esta investigación (incluso con extensos períodos de privación de libertad) sostener que se litigó con motivo plausible".

En tal sentido, y si es que la fiscalía que dirigió el ex prosecutor, Alejandro Peña, no recurre a la Corte Suprema, deberá saldar los honorarios de abogados de los 14 acusados que fueron sobreseídos de los cargos imputados.

Asimismo, la resolución, respalda el proceder del titular del Octavo de Garantía, Luis Avilés, cuestionado por el Ministerio Público durante la realización de la preparación de juicio oral, instancia tras la cual se decidió el sobreseimiento de la mayoría de los formalizados.

El desglose de los montos a cancelar según la sentencia la Fiscalía Sur, son $6 millones a cada uno los abogados: Miguel Soto Piñeiro, Valentina Horvath, Rodrigo Román y Julio Cortés por la defensa de Candelaria Cortez-Monroy y el ex lautarista Pablo Morales, Andrea Urzúa, Omar Hermosilla y Vinicio Aguilera, Carlos Riveros, Felipe Guerra y Diego Morales. Mientras, que $5 millones son para el abogado Morris Farachi por la defensa de Francisco Solar.

¿Es justo que pague el ministerio Público?

Frente a la interrogante que surge y que dice relación con que si es justo que los 29 millones salgan desde el ministerio Público, es decir de todos los chilenos y no de quienes son sindicados como los "cerebros" del caso bombas, es decir, el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y su asesor el ex fiscal Alejandro Peña, Cambio21 conversó con el diputado Felipe Harboe (PPD), quien señaló que "creo que lo puede hacer el ministerio Público más bien es repetir el tema judicialmente, es decir, demandar a quien instruyó la causa que es el ex fiscal Peña. Porque más allá que no tenga responsabilidad administrativa hoy día al no estar en el cargo, aquí el Estado va a tener que desembolsar una cantidad de recursos por considerar el poder judicial que la causa fue tratada de manera imprudente o injustificada".

"En consecuencia, lo que debería ocurrir es que el ministerio Público va pagar los fondos, pero podría perfectamente repetir en quienes son responsables. Entiendo que además está pronto a salir el sumario de la fiscalía respecto de este caso. Hay que esperar las responsabilidades que establezca el sumario y eventualmente la posibilidad que el Ministerio Público demande, es lo que creo que podría ocurrir", concluyó Harboe.

domingo, 29 de enero de 2012

Polémica participación de militares en Consejo Nacional de Educación

Polémica participación de militares en Consejo Nacional de Educación. "Este consejo sobrevive porque no se ha puesto al día la nueva institucionalidad", afirma ex ministro de Defensa Francisco Vidal

Por Teresa Frías K.

Esta institución fue duramente criticada tras cambiar la palabra “dictadura” por “régimen militar” a tal nivel que el Mineduc debió volver atrás. Hace dos años se debió modificar el Consejo por otra institucionalidad que no contempla a uniformados en su directiva

El cambio de la palabra "dictadura" por "régimen militar" en los libros de historia para escolares por parte del Ministerio de Educación, Mineduc, generó un debate impensado para un concepto que tiene significado hasta en la RAE. Y tanto fue, que el ministerio debió echar marcha atrás y dejar la palabra tal cual estaba, eso si agregando las dos opciones.

Pero la propuesta, emanada de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, tuvo la defensa del propio ministro de Educación, Harald Beyer, quien señaló que se trata de un concepto "más general" para abordar la historia del país entre los años 1973 y 1990.
Sin embargo, la polémica creció aún más tras saberse que en el listado actual de los integrantes del Consejo Nacional de Educación (Cned) está Alfredo Ewing Pinochet, un general retirado que integró la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet.

Pero su designación no debió prolongarse tanto tiempo, pues como explica el ex vocero de gobierno Francisco Vidal "este consejo esta funcionando solo porque no se ha creado la nueva institucionalidad derivada de la Ley General de Educación que reemplazó a la LOCE hace dos años".

En conversación con Cambio21, quien fuera también ministro de Defensa, agregó que "Ewing está en este cargo sólo en representación de las FF.AA. y por haber estado activo y haber sido jefe educacional de la Defensa Nacional, pero ahora ya no debiera estar".

En esa línea agregó que "sin duda acá hay una ineptitud del ministerio, o sea el actual consejo sobrevive porque el nuevo gobierno no ha puesto al día la nueva institucionalidad y en este nuevo formato el equivalente al consejo no considera la incorporación de uniformados; ese es el punto".

Por su parte, la ex ministra de Educación, Mónica Jiménez también criticó esta situación señalando que "pienso que el consejo debería haber sido cambiado hace mucho tiempo. Esta es una deuda que tiene el actual gobierno".

A ello agregó a Cambio21 que "cuando dejamos el gobierno estábamos con todo listo para cambiar los nombres, y por lo que tengo entendido ellos ya manejan las ternas, entonces rápidamente debieran hacer este cambio, ejecutarlas y reemplazar a los actuales consejeros, porque efectivamente en democracia es una obligación hacerlo".

"A mi me parece ineficiencia el porque no lo hacen, pero habrá que preguntarle al gobierno el por qué realmente no lo hacen. Deben asumir su responsabilidad y ellos lo saben", insistió la ex autoridad de gobierno.

El "currículum" de Ewing

Aunque en lo personal Ewing nunca fue procesado o acusado en casos de violaciones a los derechos humanos, la CNI dejó en el país una larga secuela de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados y encarcelados por no compartir la ideología de la dictadura militar.

Hace algunos años, como jefe del Estado Mayor del Ejército, Ewing adujo "razones de seguridad" para negar a un juez especial información sobre la operación conocida como "Retiro de Televisores", ordenada en 1978 por Pinochet para ocultar la existencia de asesinatos masivos de opositores.

La "operación" consistió en exhumar de forma clandestina los cadáveres de centenares de víctimas que yacían en fosas, meterlos en sacos unidos a rieles y lanzarlos al mar, convirtiéndolos en detenidos desaparecidos.

Durante el gobierno de Michelle Bachelet, Ewing integró la lista de candidatos a suceder al general Óscar Izurieta en la comandancia en jefe del Ejército; finalmente el designado fue el general Juan Miguel Fuente-Alba, actual jefe de la institución.

Un reo fallecido y otros dos heridos dejó intento de fuga en cárcel de Talagante

Un reo fallecido y otros dos heridos dejó intento de fuga en cárcel de Talagante
ADN Noticias.
El presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, el mayor José Maldonado, confirmó que tres reclusos se fugaron de la cárcel de Talagante, provocándose un motín al interior del penal.

La autoridad detalló que un reo fue capturado cuando intentaba fugarse, por lo que recibió un disparo siendo trasladado a un centro asistencial. Mientras al interior del reclusorio se generó un motín, el que intenta ser controlado por personal de Gendarmería.

El director regional de Gendarmería, Raúl Leal Olguín, confirmó que un reo murió y otros dos resultaron heridos de gravedad, tras intentar fugarse de la cárcel de Talagante.

El fallecido fue identificado como Rodrigo Donoso Jiménez, tras recibir un disparo en la cabeza. Los heridos son Daniel Pérez Arancibia, internado con fractura expuesta, y Aníbal Vásquez Jiménez, con heridas en la zona craneana.

sábado, 28 de enero de 2012

Hasta-cuando-permitimos-estas-injusticias

Antiguo centro de torturas de la DINA se convirtió en escenario de obras teatrales de vanguardia

Antiguo centro de torturas de la DINA se convirtió en escenario de obras teatrales de vanguardia. Las presentaciones están dirigidas al público defensor de los derechos humanos.

Por Francisco Castillo

Las piezas aluden a Pinochet, a Cristo, a las brigadas muralistas, a los juegos de poder y sumisión. Las exhibiciones concluyen este fin de semana

La herramienta teatral puede ser muy eficaz a la hora de generar cambios en las conductas sociales. “Reconstruir esta nación, embobada de lugares comunes y chistes repetidos televisados”, es lo que buscaron, con entusiasmo de pyme juvenil, los integrantes de la compañía teatral “Los Amigos de Chile”.

En el marco de ese proyecto de reconstrucción, desde el 20 hasta este fin de semana presentan sus obras en un recinto de tenebroso pasado: el ex centro de detención y torturas de la DINA de José Domingo Cañas 1367, Ñuñoa.

Ese lugar está convertido hoy en una Casa Memoria, cuyo propósito apunta a que los chilenos jamás olviden los crímenes cometidos por la dictadura de Pinochet.

El espectáculo fue denominado Primer Encuentro Teatral en Casa Memoria. Se presentan la dramaturgia de Ramón Griffero, en la voz de familiares de ejecutados políticos; el atentado a Pinochet, desde la perspectiva de los jóvenes de hoy; el juego de poder y la sumisión, en la cotidiana situación de un peluquero y su cliente; el peregrinar de un Cristo de apellido Pérez por el Chile del 73, y la representación callejera de la historia de las brigadas muralistas.

Es en el entorno de esa casa maldita –hoy remodelada y convertida en museo- donde se lleva a cabo este encuentro teatral. Las obras que se presentan este fin de semana son:

“El pueblo contraataca”. Un grupo de jóvenes se reúne a urdir distintos fragmentos del atentado en contra del dictador Augusto Pinochet, perpetrado en el año 1986. A medida que se van acercado a su objetivo, los protagonistas van perdiendo el impulso y la vehemencia de su empresa. Embriagados por sus palabras, van comprendiendo que su irreverencia sólo forma parte de un pasado que ya no les pertenece. Sin saber qué hacer y sin entender qué papel juegan dentro de la sociedad, se enfrentarán a un desafío más grande: qué hacer con su impulso destructivo. (27 y 28 de enero, 21hrs)

"Canción para caminar sobre la aguas". Brando Taberna y Cristo Pérez son dos hippies chilenos que deambulan en las playas del norte. Brando es un incipiente poeta y Cristo, un hippie barbón de 33 años, que predica el evangelio de las cosas simples y que de vez en cuando, parece incluso caminar sobre las aguas. A ellos se les une Jerónima Monroe, una licenciosa gorda burguesa que imita a la actriz norteamericana. Juntos iniciarán un viaje sin rumbo por el Chile de 1973, generándose una gran amistad, la cual sólo el miedo que infunde el golpe de estado pondrá a prueba. (29 de Enero, 19:30hrs)

"Historias de un galpón abandonado". El texto es de Ramón Griffero. Narra la historia de un grupo de hombres y mujeres que buscan refugio en un galpón aparentemente abandonado. Los actores son miembros de la agrupación de familiares de ejecutados políticos; actúan bajo la dirección de los hermanos Ibarra Roa. Estrenada el 2011 en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, esta obra cierra el 1er Encuentro de Teatro en Casa Memoria. (29 de enero, 21hrs).

La historia de verdad

Jenny Aros, directora ejecutiva de Casa Memoria, dice a Cambio21 que su organización aceptó ser sede de este encuentro teatral de verano para “sensibilizar a la comunidad sobre el pasado de nuestro país y vincularlo al presente. Con estas actividades hacemos un aporte a los jóvenes que no vivieron en esa época y que conocen muy poco de la verdadera historia de Chile, sobre todo de la dictadura de Pinochet”.

- ¿Tenemos mala memoria los chilenos?

- Sí, sobre todo del periodo de dictadura, que para muchas personas es una época de dolor, traumas y miedos; por lo tanto no se habla, no se enseña, ni se menciona.

“Hoy en día, gracias a las movilizaciones y algunos programas de TV, los jóvenes comienzan a preguntarse lo que pasó en ese periodo. La verdad comienza a salir a la luz poco a poco y nosotros, como Casa Memoria, tenemos un rol fundamental en el trabajo de memoria y educación en derechos humanos. Chile necesita reelaborar su historia y nosotros estamos trabajando para eso, junto a profesionales, docentes y jóvenes”.

- ¿Ve indiferentes a las nuevas generaciones respecto del tema violación a los DD.HH.?

- Las nuevas generaciones están despertando y se están interesados por conocer más sobre la injusticia e impunidad de nuestro país.

“Nosotros nos damos cuenta cuando realizamos visitas dialogadas en Casa Memoria. Llegan jóvenes de todas las edades, para saber lo que pasó aquí. ¿Por qué sucedió, como sucedió? Nos cuentan que sus padres algo les comentan, otros no saben nada de nada, dicen que en sus colegios no les enseñaron esa parte de la historia de Chile.

“Estos jóvenes tienen mucha curiosidad por saber lo que pasó en nuestro país y quedan impresionados cuando les contamos que las personas que fueron detenidas y desaparecidas eran jóvenes como ellos, que lucharon por sus derechos”.

viernes, 27 de enero de 2012

Dirigentes noruegos expresaron preocupación por represión contra estudiantes chilenos

Líderes jóvenes entregaron una carta en la embajada chilena y al Ministerio de RR.EE.

Allí instan al Gobierno a reanudar el diálogo con los estudiantes escuchando sus demandas

Cooperativa

Un grupo de dirigentes juveniles de Noruega expresaron su preocupación por la represión a los estudiantes chilenos durante las manifestaciones, instando al Gobierno a reanudar el diálogo con ellos escuchando sus demandas.

ImagenLa carta, que fue entregada al Ministerio de RR.EE. y a la embajada de Chile en Noruega, expresa su preocupación por diversos hechos ocurridos en 2011, los cuales fueron informados por el vocero de la Confech, José Ancalao, en su viaje al país europeo.

"Necesitamos enviar un mensaje de preocupación sobre el manejo del Gobierno chileno en las revueltas estudiantiles", inicia la carta que enumera una a una las situaciones que condenan.

Entre ellas, la muerte de Manuel Gutiérrez por un disparo del carabinero Miguel Millacura durante el paro nacional; las manifestaciones pacíficas enfrentadas a la policía antidisturbios; el uso de "unidades militares" en contra de estudiantes; el "acoso y seguimiento" a los líderes estudiantiles; el intento por "criminalizar" el movimiento; y la "militarización" de los territorios mapuche.

Además, se manifestaron preocupados por la denuncia de la Confech en el Consejo de DD.HH. de Ginebra acusando al Gobierno de violación de los DD.HH.

Ante este panorama, los firmantes afirmaron que "nos gustaría que las autoridades chilenas reanuden el diálogo con el movimiento estudiantil aceptando sus premisas: que la educación no es solamente una mercancía comercial, resolver el conflicto entre el gobierno chileno y el movimiento estudiantil en una forma pacífica y democrática".

La carta concluye afirmando que esta situación será dada a conocer al parlamento noruego y recalca que "vamos a vigilar y seguir el tratamiento del movimiento estudiantil en Chile durante el conflicto".

La misiva, que fue entregada a las autoridades por el chileno residente en Noruega Bruno Maturana, es firmada por la Juventud Socialista, la Juventud del Partido de Centro, la Organización de Estudiantes Noruegos, el Parlamento Estudiantil, el Comité Noruego de Solidaridad con América Latina, y el Comité de los Derechos Mapuche.

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