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jueves, 20 de noviembre de 2014

Desclasifican archivos con información de sindicalistas del cobre recogida por la CNI durante la dictadura militar

Por Verónica Romero
La Fundación Salvador Allende yla ONG Londres 38 pusieron a disposición del público un grupo de archivos que se recuperó del cuartel central de la CNI en Santiago en el que se puede encontrar información que da cuenta de la infiltración dentro de sindicatos mineros para controlar a la población y que comprende el periodo del primer semestre de 1980.
La Fundación Salvador Allende y la ONG Londres 38 Espacio de Memorias, dieron a conocer un archivo secreto creado por la Central Nacional de Inteligencia (CNI), en que se encuentra información recabada por el organismo del Estado sobre dirigentes sindicales, además de militantes y dirigentes de partidos en regiones entre enero y julio de 1980. En ese periodo se dio la primera huelga del cobre en dictadura que fue la de El Teniente, hito importante para la oposición.

Se trata de 429 documentos recuperados en 2005 en las dependencias de la CNI en Santiago por la Policía de Investigaciones, pequeña porción de un lote mayor que se encontró en esa oportunidad en República 475, donde actualmente se encuentra ubicada la Fundación Salvador Allende. La información proviene de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Concepción, Valdivia, Coyhaique y Punta Arenas.

Se trata de la exposición de los télex (similares a los telegramas de la época) en que se da cuenta de la penetración de la CNI en algunos organismos sindicales, de donde se extrajo información sobre la actividad de los trabajadores de estos grupos, control de manifestaciones y creación de propaganda de partidos políticos de oposición y registro de las actividades en Perú y Bolivia por medio de fuentes abiertas como la prensa y análisis interno del propio organismo estatal.

Desde Londres 38, Libio Pérez, comentó a Cambio21 que "este primer conjunto de archivos tiene información sobre seguimiento, intentos de control y penetración en organismos sindicales, principalmente del cobre de las mineras de El Teniente, Mantos Blancos y otras, así como sindicatos de la Enap, portuarios y bancarios. Demuestran que había una vigilancia muy específica hacia el movimiento sindical y particularmente a aquellos movimientos sindicales movilizados".

"En este archivo están los registros de cómo esa huelga fue vigilada, penetrada su asamblea y hay información muy específica de lo que hacían sus dirigentes sindicales. Hay fichas de estos dirigentes en las que aparece el nombre, actividad, entorno familiar, tipo de comida que le gustan, como se visten, el tipo de consumo que tiene, etc", dijo Pérez.

Respecto de la información que contienen los archivos, Libio Pérez expresó que "hay otros archivos que tienen que ver con vigilancia a los sectores opositores a la dictadura, vale decir, militantes o dirigentes de partidos de las regiones. Luego hay información sobre control de la población como protestas o gente que manifiesta cierta simpatía o rechazo a la dictadura. Todo va siendo incorporado en estos informes. También hay informes de vigilancia fronteriza, principalmente de la oficina de Arica que se dedica al espionaje con Bolivia y Perú, hay un seguimiento de fuentes abiertas sobre la situación política, cambios de dinero en estos dos gobiernos y de las ciudades más cercanas y los identifican como país verde y país amarillo".

En cuanto a la idea de dar a conocer estos archivos, desde Londres38 manifestaron que "nuestra política de recuperar estos archivos de la represión y hacerlos públicos es como un derecho de la ciudadanía a tener información sobre ese periodo de la represión. Es importante que sean conocidos por las nuevas generaciones y busca tener más verdad y más justicia sobre los crímenes de lesa humanidad y ese es el sentido de desclasificarlos y hacerlos accesibles a las personas, porque el Estado ha ocultado todos estos años información como el caso de los informes de la comisión Valech, que tienen un secreto de 50 años, que no sólo son para el conocimiento público, sino también para los jueces que están investigando los casos, además de los que tienen las Fuerzas Armadas y organismos policiales entre otros ".

De acuerdo con lo que la justicia ha podido hacer con estos documentos desclasificados recientemente, Libio Pérez declaró que "este archivo es una porción de uno mayor que se encontró en 2005 y que fue incautado por la Policía de Investigaciones. Lo que queremos es que ese archivo más grande sea devuelto y podamos publicarlo y conocer su contenido. A nosotros nos interesa que esto sirva para que haya más verdad y justicia, por lo que no tiene mucho sentido que si fueron incautados hace casi 10 años se mantengan ocultos, fue lo mismo que pasó con los archivos de la Colonia Dignidad".

Sobre el tipo de información se encuentra en este archivo, Carla Hernández, del centro de documentación de la Fundación Salvador Allende, en entrevista con Cambio21 explicó que "los documentos básicamente son télex originales generados por la Central Nacional de Inteligencia y que tienen información de espionaje y telecomunicación a nivel nacional. Hay informes de todas las actividades realizadas entre enero y julio de 1980, pero además dan datos de personas en cargos sociales como gremialistas y que dan cuenta de la infiltración de la CNI en algunos centros de trabajo y que iban vigilando las elecciones de sindicatos".

Acerca del uso que la justicia ha podido hacer de estos documentos, Hernández expresó que "lo que tenemos nosotros es un compendio de télex. Lo que se llevó la PDI en el levantamiento de evidencia corresponde a otro formato de material, que fue  entregado a los centros de justicia y que entraron en los casos de la época que estaban en relación a la CNI".

Si bien se han dado a conocer estos documentos en los que se puede tener mayor información sobre lo que sucedió durante la dictadura en los organismos represivos como la DINA y la CNI, lo que queda por conocer es porqué se sigue negando el conocimiento de estos documentos, algo que los organismos del Estado deben responder, pues los jueces tienen criterios que no se alcanzan a comprender en el sistema democrático que vivimos actualmente, lo que lleva a la pregunta ¿a quién protegen después de 40 años?

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