María Antonieta Saá, actual CORE por Santiago, comentó el caso de los falsos exonerados políticos que recibieron beneficios de manera fraudulenta y aclaró cómo se vio involucrada en esta situación. Además, relató cómo esto afectó a quienes sí merecen ser considerados como exonerados.
Luego del escándalo que significó el hecho de que el 4 de octubre de 2011 se descubriera que existen personas que hicieron uso fraudulento de los beneficios que se entregan a quienes fueron exonerados políticos,
tres años después la justicia dictó la primera sentencia por este
ilícito en contra de Haydeé Llanos por la obtención de prestaciones
estatales y deberá cumplir una pena remitida de 61 días de presidio.La mujer había acreditado su filiación política través de un supuesto documento firmado por el diputado Carlos Jarpa (PRSD), con lo que obtuvo casi 18 millones de pesos ($17.893.662).
En la investigación que se realizó, aparecieron datos donde se vinculaba a algunos parlamentarios avalando la calidad de exonerados de personas que en la época eran menores de edad, pero que aparecen como despedidos de sus trabajos. Entre los nombres que surgieron está la actual presidenta del senado Isabel Allende (PS), Alejandro Navarro (MAS) y Juan Pablo Letelier (PS), entre otros.
En entrevista con Cambio21, la Consejera Regional (CORE) por Santiago y exdiputada, quien también fue exonerada política, María Antonieta Saa (PPD), comentó la decisión de la justicia sobre este fraude y los hechos que vinculan a parlamentarios y políticos con este caso.
¿Qué le parece que haya salido esta sentencia?
Me parece bien que todo lo que sea falsedad se investigue y que se descubran y castiguen a aquellas personas que hicieron fraude.
¿Cómo es posible que aparezcan parlamentarios y políticos firmando un documento falso?
El documento no es falso, sino que se trató de un documento absolutamente informado por la fuente y chequeado en la medida de lo posible, porque había muchos servicios que quemaron todos los antecedentes.
Lo que nosotros entregábamos era un certificado que no era indispensable para otorgar la pensión, era un antecedente más.
No eran documentos falsos, sino que a lo mejor nos engañaron y nos dieron información que no era fiable, pero por lo menos hicimos todo lo posible.
¿Quiénes podían acceder a estos beneficios?
Hubo tres leyes sobre los exonerados políticos. Para aquellos que fueron exonerados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, quienes podían solicitar beneficios hasta agosto de 1994, luego hubo un nuevo plazo entre septiembre de 1998 y septiembre de 1999 y, finalmente, otro plazo entre julio de 2003 y junio de 2004. A mí me expulsaron el 14 de septiembre de 1973.
¿Qué problemas trajo esto a quienes sí tenían el derecho de recibir todos estos beneficios?
En general es gente muy de edad y creo que les causó el mismo dolor que cuando los exoneraron. Fue un daño sicológico muy fuerte a personas de edad, porque algunos sintieron en peligro el único recurso que tenían y su honorabilidad. Hubo una doble victimización a muchos que fueron bastante víctimas de la dictadura como exonerados y volvieron a ponerlos en ascuas.
Fue una maniobra política en contra de los que dimos los certificados y también fuimos víctimas de la dictadura. Fue un acto muy cruel y oportunista.
¿Cuál cree que debería ser la sanción para estos falsos exonerados?
Yo creo que lo mínimo que tiene que hacer esa gente que engañó es que devuelvan el dinero, porque por su culpa cuestionan a gente que no tiene nada que ver.
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