Un descubrimiento estremecedor
"Trozos
de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos,
negros; ropas desgarradas en las que se reconoce un blue jeans, un
chaleco de hombre". (Palabras del subdirector de la revista Hoy, Abraham
Santibáñez, al describir los restos humanos encontrados en los hornos
de Lonquén, 30 de noviembre, 1978, Memoria Prohíbida.)
Era
lo que quedaba de 15 hombres detenidos en distintas circunstancias el 7
de octubre de 1973 en la comunidad rural de Isla de Maipo, cuyos
rastros se perdieron hasta fines de 1978, cuando se descubrieron los
hornos de Lonquén.
Este
hallazgo, que estremeció la opinión pública, marcó un doloroso hito
para los familiares de los centenares de detenidos - desaparecidos,
víctimas del régimen militar: confirmó la terrible sospecha de que sus
parientes estaban definitivamente muertos. El régimen ya no podía
continuar aseverando que - tal como lo dijo el 7 de noviembre de 1975,
el delegado de Chile ante las Naciones Unidas Sergio Diez en la Tercera
Comisión de la Asamblea General de aquel organismo - "muchos de los
presuntos desaparecidos no tienen existencia legal."
Sergio
Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel,
Segundo Armando y José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos
Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Alvarez y sus dos hijos Omar y Ramón;
y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel
Navarro fueron detenidos en Octubre de 1973 por Carabineros de la
Tenencia de Isla de Maipo, a cargo en ese entonces, del teniente Lautaro
Castro Mendoza. Ahí, en la Tenencia, fue la última vez que se vio con
vida a los quince hombres, cuyas edades fluctuaban entre los 17 y 51
años.Los familiares, quienes
realizaron innumerables gestiones de búsqueda sin obtener resultados,
sólo supieron de la suerte que corrieron sus seres queridos en 1978,
cuando los restos de los quince hombres fueron hallados en los hornos de
las abandonadas minas de cal en Lonquén.
Primera Comisión a Lonquén
El
30 de noviembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, en ese entonces
bajo la dirección del sacerdote Cristián Precht, creó una Comisión
encargada de verificar las declaraciones hechas por un anciano, quien
aseveraba haber encontrado numerosas osamentas humanas en las minas
abandonadas de Lonquén.
Ese día partió rumbo a
Lonquén la comisión integrada por Enrique Alvear, el obispo auxiliar de
Santiago; el Vicario Precht y Javier Egaña, Secretario Ejecutivo de la
Vicaría; el abogado jefe de la Vicaría, Alejandro González; el abogado
Máximo Pacheco; el director de la revista Qué Pasa, Jaime Martínez y el
subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez.
Los hornos,
ubicados al interior de la cooperativa agrícola El Triunfador, a unos 14
kilómetros de la ciudad de Talagante, eran dos viejas chimeneas de
nueve metros de altura previamente utilizadas para la preparación de
cal.
"Llegados allí, el abogado González removió los
escombros y se introdujo por la bóveda. Comenzó a despejar el camino
hacia arriba, partiendo de la base del horno a nivel de la tierra, y un
tórax humano le cayó encima. Poco a poco fueron viendo que la chimenea
del horno estaba tapada por un amasijo de fierros y enrejados que
ocultaban una mezcla de huesos, ropa, cal y piedras." (La Memoria Prohibida.)
La
comisión regresó a Santiago y al día siguiente, el primero de
diciembre, presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema. El
presidente de la Corte, Israel Bórquez, encargó a la jueza del crimen de
Talagante, Juana Godoy, a que confirmara el hallazgo e investigara el
caso. Godoy convocó a Investigaciones y antes de que estos llegaran al
sitio partió rumbo a Lonquén con un grupo de la Vicaría encabezado por
el sacerdote Gonzalo Aguirre, y el cual además incluía al fotógrafo Luis
Navarro. La Vicaría, mientras tanto, había contratado una empresa
constructora para que iniciara las excavaciones, y dentro de tres días
el doloroso trabajo estaba listo y los restos de los quince cuerpos
habían sido sacados de su lugar de entierro.
Falsos testimonios
Los
análisis del Instituto Médico Legal confirmaron que los restos humanos
correspondían a las familias de los desaparecidos de la comunidad rural
de Isla de Maipo. El 6 de diciembre de 1978 el Pleno de la Corte Suprema
designó Ministro en Visita Extraordinaria al Ministro de la Corte de
Apelaciones de Santiago, don Adolfo Bañados Cuadra, encargándolo de
proseguir la investigación del hallazgo de Lonquén.
La
investigación de Bañados estableció que los quince hombres que hasta
ese entonces habían engrosado la lista de desaparecidos, fueron
efectivamente detenidos el 7 de octubre de 1973 por carabineros de la
Tenencia de Isla de Maipo.
El Ministro además
estableció la falsedad de las versiones de los ocho funcionarios
implicados en las 15 muertes, quienes declararon que las víctimas
murieron en confusos enfrentamientos nocturnos. Al comparecer ante el
juez Bañados, el Capitán de Carabineros, Lautaro Eugenio Castro Mendoza,
declaró que los quince hombres fueron llevados a Lonquén después de ser
detenidos dado que uno de ellos le informó de la existencia de armas
ocultas en las abandonadas minas. Castro agrega que al llegar a los
hornos de Lonquén, fueron atacados repentinamente con armas de fuego
desde los cerros durante unos quince minutos, durante cual ellos
respondieron de la misma forma, disparando. Según la versión de Castro
al finalizar el tiroteo, él y sus colegas se dieron cuenta que los 15
detenidos habían muerto, a pesar de que todos los carabineros resultaron
totalmente ilesos.
"Una señorita me preguntó qué ropas llevaban cuando fueron detenidos...me hicieron pasar...yo me sentía bien, pero el olor..".
El
4 de abril de 1979 Bañados se declaró incompetente y el proceso pasó a
la justicia militar. Sin embargo, el ministro en visita había llegado a
importantes conclusiones. La investigación de Bañados había establecido
que las víctimas no murieron durante un enfrentamiento y que la versión
del Capitán Lautaro Castro era "intrínsecamente inverosímil". "En
ninguno de los quince restos esqueléticos, estudiados por el Instituto
Médico Legal, se comprobaron señales de perforaciones, fracturas u otro
tipo de vestigios que pudieran relacionarse con proyectiles de arma de
fuego impactando un organismo vivo, por lo que la muerte de las quince
personas hay que atribuirla a otras causas," señaló la resolución del
Ministro Bañados. De hecho, en la opinión de algunos, no todas las
víctimas fueron enterradas muertas en los hornos.
Reos Impunes
El
2 de julio de 1979, el Fiscal Militar dictó encargatoria de reo en
contra el Capitán Lautaro Castro Mendoza, y a los carabineros, Juan J.
Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, Manuel Muñoz Rencoret, Jacinto
R. Torres González, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda y
Justo Romo Peralta, todos en calidad de autores del delito de la muerte
de los quince detenidos el 7 de octubre de 1973. Sin embargo, el 16 de
agosto en virtud del Decreto Ley de Amnistía de 1978, se sobreseyó
definitivamente en favor de los reos. Esta resolución fue confirmada por
la Corte Marcial el 22 de octubre de 1979. Nadie ha contestado por el
terrible crimen de Lonquén que como la Comisión de Abogados por la
democracia declaró en 1979, "afecta las bases morales de la convivencia
nacional."
Los desaparecidos son individualizados
Una
vez terminada la investigación, los familiares de los quince pidieron
que se les entregaran los cuerpos para sepultarlos. Sin embargo, aunque
el Fiscal Militar Gonzalo Salazar ordenó entregar los restos de las
víctimas a sus familias, los restos fueron sacados esa noche del
Instituto Médico Legal en forma subrepticia y fueron enterrados en una
fosa común con el fin de evitar cualquier tipo de demostración contra un
régimen que en repetidas ocasiones había declarado que los detenidos -
desaparecidos eran un invento de la izquierda. De hecho, seis meses
antes del hallazgo de Lonquén, el ministro del Interior, el civil Sergio
Fernández, dijo, en respuesta a las presiones por parte de familiares
de detenidos - desaparecidos, "es muy factible que la gran mayoría de
los presuntos desaparecidos haya pasado a la clandestinidad o haya caído
en enfrentamientos bajo las identidades falsas que portaban, impidiendo
su individualización." Lonquén, sin embargo, comprobó que al contrario
de lo que decían las altas cúpulas del régimen, los detenidos
desaparecidos no solamente tenían nombre y apellido, pero en este caso
habían muerto bajo circunstancias extrañas y sus cuerpos habían sido
ocultados.
Recordando el pasado
En
marzo de 1980 el nuevo propietario del fundo Lonquén dinamitó los
hornos, cambiando para siempre el sitio que se había transformado en un
lugar de peregrinaje para los parientes y amigos de los quince muertos. A
pesar de todos los esfuerzos para borrar a Lonquén del mapa de la
memoria colectiva, el sitio no ha sido olvidado, ni así las víctimas que
ahí fueron encontradas. Este año, 1998, la propuesta de la Empresa
Metropolitana de Residuos Sólidos, EMERES, de instalar un basural en
Lonquén, ha provocado la indignación y oposición de los familiares de
los muertos de Lonquén y de organismos de derechos humanos. "Pretenden
cubrir con basura las violaciones a los derechos humanos," declaró en
febrero de 1998 José Auth, dirigente del Partido Por la Democracia,
quien respalda la solicitud de los familiares de las víctimas quienes
exigen la instalación de un memorial en el lugar en vez de un basural.
Purísima Muñoz , cuyo marido, Sergio Maureira Lillo, fue asesinado en
Lonquén junto a tres de sus hijos, señala que, "instalar un basural en
Lonquén sería como tirar basura en un lugar sagrado."
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