La abogada que descubrió el hoy conocido Caso FUT/Penta/UDI, acusa ante Cambio21 que la dirección del SII en la época Piñera, omitió denunciar el hecho y que una vez forzados a hacerlo, adulteraron el informe que dio origen al caso de corrupción y fraude fiscal, siendo amparados por una poderosa organización política en las sombras.
El
descubrimiento de los antecedentes del caso FUT, fue casi por
accidente. La abogada Marisa Navarrete (en la foto), era Fiscal en el
Ministerio Público, antes de ingresar al Servicio de Impuestos Internos
(SII) y ello es relevante en toda esta trama. Luego de postular por
concurso público, asumió la jefatura de Litigación Penal del órgano
fiscalizador tributario. Su oficina dependía de la subdirección jurídica
y que tiene por misión la coordinación, revisión y supervisión de todas
las causas penales del país.En otras palabras, por sus manos debían pasar todas aquellas denuncias y querellas por delitos tributarios intentadas por el SII, las que posteriormente debían ser firmadas por el Sub Director. Así, llegó a sus manos un informe de recopilación de antecedentes, efectuado por los contadores del servicio, los que son investigaciones administrativas del Departamento de Delitos Tributarios. "Si ellos en su investigación, descubren elementos o situaciones que pudieran ser constitutivas de ilícitos, trasladan dichos antecedentes al área que estaba a mi cargo", relata Marisa Navarrete.
Funcionarios involucrados
"El informe en cuestión y que contenía los antecedentes del luego denominado "Caso FUT", el que posteriormente se derivaría a Penta y a la arista política ligada a la UDI, se le asignó a una abogada que no alcanzó a analizarlo, por lo que debió ser reasignado. "La nueva profesional en pocos días me alertó que los antecedentes eran delicados y que involucraban a funcionarios públicos, en especial a funcionarios del SII".
Corría mayo de 2013 y entre las declaraciones "aparecía la de Iván Álvarez, un funcionario en ejercicio de ese organismo y que estaba siendo parte de una maniobra tributaria a través de internet y que beneficiaba a otros contribuyentes, a través de la alteración de algunos datos del formulario (22 de la Renta)". La presencia del funcionario público alertó a Marisa Navarrete y de inmediato procedió a enviar un correo al subdirector del SII de la época, Gonzalo Torres.
La profesional aclara que "en Chile, cuando se busca sancionar un delito tributario, quien debe iniciar las acciones es el SII. El Ministerio Público solo puede actuar si antes el servicio ha hecho la denuncia o querella respectiva. No sucede lo mismo en el delito funcionario, cohecho etcétera, allí rige lo dispuesto en el Código Procesal Penal (CPP), que obliga a todos los funcionarios públicos a denunciar ante la Fiscalía, cualquier hecho que revista caracteres de delito. Y ello, dispone la ley, debe hacerse en el plazo de 24 horas. La Ley sanciona si ello no acontece"
Interviene Gajardo
Y esto es de suma importancia. Pues la abogada Navarrete denunció el hecho ante su superior (conducto regular) el subdirector jurídico del SII, Gonzalo Torres, "apenas tomé conocimiento del hecho, por escrito y ante testigos. En el mail, le doy cuenta que estimaba que había antecedentes suficientes para informar el hecho ante la Fiscalía, pues habían funcionarios involucrados, incluso le copié parte de las declaraciones que los acreditaban, le hice presente asimismo la norma del CPP que establece la obligación de denunciar. El caso me pareció grave, estábamos hablando en ese momento de 2700 millones de pesos de fraude al Fisco". Eso fue en mayo de 2013...
Mientras esperaba las instrucciones de la dirección del SII, se reunió con los funcionarios que habían efectuado la investigación para requerir mayores antecedentes. No cabía duda, estaban frente a un tremendo fraude y efectivamente había funcionarios públicos involucrados. Había que denunciar penalmente. Pasaron los días y la dirección del servicio no se pronunciaba. Se optó por la abogada contactar al Fiscal del Ministerio Público Carlos Gajardo, quien de inmediato entendió lo delicado del tema. La intención era saber si solo se denunciaba los delitos que correspondían a la competencia del Fiscal (Providencia) o en general todos los casos relacionados. Gajardo pidió copia de todo.
"SII no quiere denunciar"
En el intertanto, segura que el hecho grave se iba a poner en conocimiento de la Fiscalía, Navarrete redactó la denuncia en contra de los funcionarios Iván Álvarez y Mitzy Carrasco, y la envió al subdirector Torres. Pasaron los días y no hubo respuesta, por lo que se decidió a enfrentar al subdirector. "Le pregunté qué pasaba con la denuncia, que era preocupante, su respuesta fue "es el Director (Alejandro Burr) el que no quiere denunciar, porque no se quiere echar (encima) a los gremios (sic)". Justamente los gremios lo que menos quieren es tener a gente corrupta o delincuentes en sus filas", asegura Navarrete.
La explicación "no me pareció muy creíble, por lo que le señalé tanto a Torres como al jefe de Defensa Judicial, Andrés Vio Veas, que se encontraba presente, que nosotros, como abogados, debíamos hacerle ver al director, un Ingeniero, las consecuencias que tiene la omisión de denuncia, además del informe que ya existe y está fechado en Mayo, tenemos que hacer algo". La respuesta buscó bajarle el perfil a la grave denuncia: "Tú sabes que eso se puede manejar", fue la respuesta que recibió la abogada Navarrete.
No conforme con la increíble e inaceptable respuesta de una autoridad pública, como el subdirector jurídico y el jefe de Defensa Judicial, sobre todo tratándose de antecedentes tan claros, como los que acreditaban el delito de cohecho y además que esto había sido representado por escrito, la abogada Marisa Navarrete optó por presentarse frente al Fiscal Gajardo para anunciarle que, de acuerdo a las instrucciones provenientes desde la dirección superior del SII, "del caso te tendrás que olvidar".
La omisión de denuncia
Desde luego la sorpresa del Fiscal fue inmensa, al igual que su negativa a dejar las cosas en el estado de impunidad. Optó entonces por solicitar igual los antecedentes, de oficio, pero amparado en la causa de "autodenuncio por delitos informáticos", que habían hecho los partícipes del Fraude FUT, para tratar de mitigar las penas a que se arriesgaban. Así el Fiscal Gajardo se empoderó en el caso FUT y ordenó de oficio tener a la vista todos los antecedentes, no solo de aquellos que hasta esa fecha habían sido informados (49) sino que de los 122 contribuyentes involucrados.
Destapado el caso y ya ante la imposibilidad de seguir ocultando los hechos, Marisa Navarrete fue llamada una noche a firmar, "urgente" la denuncia por el delito funcionario que hasta la fecha se había intentado silenciar. "Era algo muy extraño, eran cerca de las 22 horas y las denuncias no se presentan a esa hora". Por supuesto costaba entender la "urgencia", cuando habían transcurrido meses desde que la profesional había denunciado el hecho a sus superiores. Y la Ley fija en 24 horas el plazo para que el funcionario de cuenta a Fiscalía...
"Al ser descubiertos optaron por vengarse"
Gonzalo Torres y los demás involucrados en el ocultamiento, comenzaron como consecuencia de verse descubiertos, una fuerte persecución laboral en contra de Navarrete, llegando incluso a solicitarle que presentara la renuncia haciendo entrega del cargo, o aceptara ser trasladada a regiones, cosa imposible e inaceptable, pues se trataba de una funcionaria elegida por las normas de la Alta Dirección Pública.
La aislaron, sin asignarle trabajo, quitándole la posibilidad de patrocinar las causas que por norma le correspondía, para terminar calificándola de manera dura, casi al borde de la lista 2 y no renovándole el contrato a honorarios a fines de 2013. Basta observar la hoja de vida y la reclamación a la calificación funcionaria de Navarrete, para ver como destacan las felicitaciones diversas por sus logros. Pero ello no importó al momento de vengar la afrenta por haber dicho la verdad y cumplido con la ley.
"Optaron por adulterar"
"Al elaborar la reclamación por la calificación arbitraria, descubrí que el informe que yo había elaborado previo a la denuncia, con fecha de mayo, había sido adulterado, pues le habían cambiado la fecha para hacerlo coincidir con el plazo de 24 horas legal. Cambiaron algunas palabras mínimas en la introducción, para que no fuera tan burdo el cambio de fechas y así trataron así de hacerla coincidir con el día antes a la denuncia que se hizo a las 9 de la noche. Eso fue el 12 de agosto".
Es decir, presentaron en agosto, más de tres meses después la denuncia por el delito funcionario, lo que debían hacer antes de 24 horas (en mayo), y se valieron para "cumplir" con los plazos, con la adulteración de un instrumento que, dadas sus características, reúne las condiciones de instrumento público. Doble delito que la abogada Navarrete representa también por escrito: "Esto es lo que hizo este señor (Gonzalo) Torres, para maliciosamente quedar dentro del plazo legal de la denuncia". La presentación fue con copia al Director del SII, Alejandro Burr. No hubo citación, menos respuesta, salvo la notificación que no le renovarían su contrato.
Es cierto que hay varios delincuentes privados de libertad por estos hechos. Pero también es verdad que varios deambulan por las calles de manera aun de manera impune, a pesar de haber faltado gravemente a sus deberes funcionarios. Lo grave, aparte del enorme perjuicio fiscal, es la mafia de protección y silencio que ha rodeado el caso FUT/Penta/UDI. Hay parlamentarios comprometidos y candidatos gremialistas involucrados y, esto recién comienza. También connotados empresarios cuentan los minutos para ser formalizados. Pero aún falta mucho para conocer toda la verdad. Primero hay que derribar la red de protección.
El desconocido juicio
El Fiscal Gajardo, informado del tema, dio inicio a una acción legal por el delito de Omisión de Denuncia, tema que hasta ahora había pasado desapercibido. Por supuesto que Gajardo, al ser él testigo de los hechos, se inhabilitó como, persecutor y se designó otro Fiscal, Francisco Jacir, quien inició la investigación. El subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Gonzalo Torres, frente a la acusación de haberse negado a denunciar al Ministerio Público el fraude por casi $ 3 mil millones con los fondos del FUT que ejecutaron funcionarios del organismo, contadores y contribuyentes, negó los hechos.
Señaló Torres, que al serle presentados los antecedentes del caso FUT por la abogada Navarrete, no hizo la denuncia legal, "pues a mi entender no existían fundamentos" (sic). Los fundamentos que según Torres no existían, han dado lugar al fraude tributario/político/empresarial más grande de la historia de Chile. Miles de millones de pesos defraudados al Fisco, a usted, a nosotros. Y Torres concluyó que "no existían fundamentos" para recurrir al Ministerio Público.
También negó haber adulterado el informe: pues al original, "se le añadió el modus operandis, la forma que utilizaron los contribuyentes para rectificar sus declaraciones de impuestos y obtener las devoluciones indebidas". Meses demoró en agregar algo que se tenía a disposición desde el 2012.
¿Y el CDE?... bien, gracias
La omisión de denuncia por a lo menos tres meses, implicó que el modus operandis a que refiere, se siguiera utilizando impunemente, que los responsables incluso pudieran llegar a evadir la acción de la justicia y que el Fisco siguiera sufriendo un severo perjuicio. "El SII realizó todas las acciones que debía. Las autoridades ni las asociaciones gremiales del SII avalan ningún delito funcionario", aseguró Torres. Claro, solo omitió que las acciones fueron extemporáneas.
El Fiscal Jacir puso en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE) la acción por el delito de omisión de denuncia. El Consejo, dirigido por Juan Ignacio Piña (RN), decidió no hacerse parte. Ante ello, la causa debió archivarse. Una falta de cumplimiento del deber, que debió investigarse y eventualmente perseguirse por el CDE y evitar aumenten las sospechas acerca de la impunidad de los cercanos a Piña.
Como se sabrá, el caso FUT dio lugar más tarde al caso Penta que involucró a Carlos Alberto Délano, Carlos Lavín, sus respectivas cónyuges y otras personas ligadas a la familia y la empresa. A poco andar, se destapó otra arista del bullado fraude al Fisco. El caso Penta UDI, que comprometió a parlamentarios y candidatos de la Unión Demócrata Independiente.
"Si uno piensa las derivaciones (políticas) que ha tenido el caso, es legítimo pensar que esta protección o esta omisión de denuncia tenga algo que ver con eso. Es una duda que como ciudadana chilena tengo y ello permite exigir que la Fiscalía también investigue esa parte. De hecho, al señor Torres, mientras fue imputado en esta causa, el Estado le pagó para su defensa, 10 millones de pesos".
Al finalizar, Marisa Navarrete sin animosidad, hace una sincera reflexión: "Me alegro que con el cambio de gobierno tanto Alejandro Burr como Gonzalo Torres hayan abandonado el SII, pues este tipo de personas le hacen muy mal al servicio público", concluye.
No hay comentarios:
Publicar un comentario