La Justicia tarda pero llega: se comienza a resolver el crimen de los 15 hombres asesinados en los Hornos de Lonquén hace 41 años

Por Verónica Romero
Recién se culpabilizó a siete carabineros en retiro por su participación en los hechos. Esto es un avance para las agrupaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas, ya que los acusados podrían recibir las máximas penas en este caso.

Se trata de un avance importante en materia de derechos humanos, ya que este caso es conocido por ser de los primeros resto humanos de detenidos desaparecidos que se encontraron durante la dictadura.

El 30 de noviembre de 1978 se encontraron los restos de las personas que fueron detenidas el 7 de octubre de 1973 en la localidad de Isla de Maipo. Se trató de 15 hombres, cuyas edades fluctúaban entre los 17 y los 51 años, quienes fueron trasladados hasta la tenencia del lugar, donde fueron vistos con vida por última vez. La mayoría de ellos pertenecían a la misma familia.

En 1978, una persona acudió a la Vicaría de la Solidaridad para informar que había encontrado unos cuerpos en los hornos de una mina en Lonquén. El sacerdote Cristian Pretch, organizó una comisión para verificar los hechos; allí se confirmó la presencia de restos humanos.

La justicia designó en ese momento al ministro Adolfo Bañados para investigar el caso. En esto, el juez determinó que las víctimas no murieron en un enfrentamiento como había declarado el carabinero Lautaro Eugenio Castro Mendoza y que esta versión era "intrínsecamente inverosímil".

Los familiares de las víctimas pidieron los cuerpos al Servicio Médico Legal para sepultarlos, sin embargo esto fue imposible, ya que fueron enterrados en una fosa común en Isla de Maipo. En febrero de 2010 se dio a conocer la identidad de 13 de las víctimas y en marzo del mismo año los familiares recibieron los cuerpos de los 15 hombres, quienes fueron sepultados en el memorial del cementerio de la Isla de Maipo, funerales que esperaron 37 años para realizarse.

En 2014, la ministra Adriana Sottovia, dictó acusación de secuestro y homicidio calificado por la muerte de Rodolfo Maureira Muñoz, Sergio Maureira Muñoz, Segundo Maureira Muñoz, José Manuel Maureira Muñoz, Sergio Maureira Lillo, Carlos Hernández Flores, Nelson Hernández Flores, Óscar Hernández Flores, Enrique Astudillo Álvarez, Omar Astudillo Rojas, Ramón Astudillo Rojas, Miguel Brant Benavente, Iván Ordoñez Lama, José Manuel Herrera Villegas y Manuel Navarro Salinas, en contra de siete oficiales de carabineros en retiro.

El abogado de derechos humanos Héctor Salazar, al ser consultado sobre las penas a las que se enfrentan estos carabineros en retiro, en entrevista con Cambio21 comentó que "son crímenes de homicidios en que concurren varias agravantes y la sumatoria lleva a la penalidad más alta que puede llegar: cadena perpetua. Sin embargo hay que ver la situación particular de cada uno de los acusados por si hay atenuantes cuando se sabe que la Corte Suprema ha aceptado la medida de prescripción para bajar en algunos grados las penas. Todo eso hace que en la práctica puedan ser menores que en la teoría".

"Se trata de homicidios múltiples, obstrucción a la justicia y una serie de elementos que desde el punto de vista del derecho internacional, del cual Chile es parte, son de lesa humanidad y el Estado tiene que esclarecerlo y aplicar el máximo de sanciones dentro de su sistema", expresó el abogado.

Respecto de la acusación que realizó la ministra Sottovia contra los funcionarios de Carabineros en retiro, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, comentó a Cambio21 "yo creo que el caso de Lonquén, los familiares de las víctimas siempre señalaron la presencia de uniformados, pero también de civiles. Esta es una causa que ha demorado tanto como la mayoría de las relativas a crímenes de lesa humanidad. Me parece importante, pero creo que hay que avanzar más y dictar sentencias contundentes acorde a la magnitud de los crímenes que se cometieron y que hay que incorporar a los civiles que también son responsables en este delito".

"Cualquier delito en el cual se atente contra la vida de una persona, en este caso de varias, donde se hace una asociación ilícita genocida y terrorista, donde se actúa al margen de la ley y se relaciona a crímenes de lesa humanidad, me parece que las condenas siempre, si no son cadena perpetua, estamos frente a una absoluta injusticia", agregó Pizarro.

Otro que se refirió a este caso fue el periodista Abraham Santibáñez, quien formó parte de la comisión organizada por Cristián Pretch y que en ese momento se desempeñaba como subdirector de la revista Hoy, quien conversó con Cambio21 y expresó que "me parece que aunque ha tardado muchísimo tiempo es positivo que se termine de esclarecer lo que ocurrió y se haga justicia porque es un acto que fue negado durante mucho tiempo. Pero lo más importante es que los cadáveres de Lonquén son los primeros detenidos desaparecidos que aparecen. Es en el año 78 cuando se empieza a derrumbar la ficción que quería construir la dictadura" y agregó que "lo fundamental de esto es que los que trataron de ocultar estas cosas no lo consiguieron y se está haciendo justicia".

En cuanto a lo que vivió cuando fue a verificar la presencia de los cuerpos en Lonquén, Santibáñez expresó: "El dolor y la indignación por lo que se hizo contra gente inocente es una cosa muy siniestra y burda y por eso insisto que es bueno que se sepan los detalles, pero sobre todo que se haga justicia. Como tuve la suerte o mala suerte de haber estado cuando comienza a develarse esta situación, siempre ha sido muy importante la posibilidad de enterrar los cadáveres y que se haga justicia y se determinen responsabilidades".

"Esto no exculpa a nadie, pero me parece que desgraciadamente los que ejecutaron esto fueron carabineros y tiene que responder por lo que hicieron, pero también debieran hacerlo los cómplices pasivos", manifestó Santibáñez.