Juez condenó a militares que participaron en el secuestro y asesinato de químico de la DINA. Es el primer paso para esclarecer el crimen del ex Presidente Eduardo Frei Montalva por envenenamiento. Entre los condenados está el ex Fiscal Militar Fernando Torres Silva
Fuente Cambio 21
El juez Alejandro Madrid dictó condenas de hasta 10 años por el caso del secuestro y muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, quien apareció muerto en una playa de Uruguay en el año 1995, tras ser asesinado.
Las sentencias pesan sobre ciudadanos chilenos implicados en el crimen y también sobre tres militares uruguayos, entre ellos el coronel en retiro Tomás Casella, condenado a cinco años y un día por secuestro y tres años y un día por el delito de asociación ilícita.
El coronel uruguayo en servicio activo Wellington Sarli recibió una pena de tres años y un día por secuestro y 60 días por asociación ilícita; mientras que su par Eduardo Radaelli fue sentenciado a cinco años y un día por secuestro y 61 días por asociación ilícita.
Las otras condenas
El detalle de las condenas:
-Arturo Rodrigo Silva Valdés: 10 años y un día por secuestro con homicidio de Eugenio Berríos, más tres años y un día por asociación ilícita.
-Hernán Ramírez Rurange: cinco años y un día por el secuestro, y tres años y un día por asociación ilícita.
-Eugenio Covarrubias: tres años y un día por secuestro, y 541 días por asociación ilícita.
-Manuel Provis: cinco años y un día por secuestro, y tres años y un día por asociación ilícita.
-Jaime Torres Gacitúa: cinco años y un día por secuestro y tres años y un día por asociación ilícita.
-Raúl Lillo: cinco años y un día por secuestro, y 100 días por asociación ilícita.
-Pablo Rodríguez Márquez: 60 días por asociación ilícita.
-Manuel Pérez Santillán: tres años y un día por secuestro.
-Fernando Torres Silva: tres años y un día por asociación ilícita.
-Nelson Román: tres años y un día por secuestro y 60 días por asociación ilícita.
-Marcelo Sandoval: tres años y un día por secuestro y 60 días por asociación ilícita.
La sentencia ordena además que cada uno de los condenados debe pagar 10 millones de pesos a la querellante Fabiola Letelier, mientras que el Fisco tendrá que cancelar 100 millones a título de indemnización por daño moral.
A la querellante Gladys Schmeisser, viuda de Eugenio Berríos, se le cancelará 100 millones de pesos de manera solidaria y 200 millones de parte del Fisco.
Finalmente, al querellante Gonzalo Berríos Sagredo deberá recibir 20 millones de pesos por parte del Estado de Chile.
El crimen de Eugenio Berríos Sagredo, responsable del proyecto "Andrea" y artífice de la producción de gas sarín usado contra opositores a la dictadura de Pinochet, fue uno de los episodios más estremecedores de la transición chilena, a inicios de los años 90.
¿Comienza a esclarecerse el caso Frei?
Abogados aseguran que la resolución de esta investigación permitirá el esclarecimiento de otras causas judiciales, entre ellas, la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva en 1982 y la obstrucción a la justicia en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en 1976.
El mismo grupo de militares, según fuentes judiciales, habría participado en el crimen del ex presidente Frei Montalva, al ser envenenado en su lecho de enfermo en la clinica Santa María, luego de ser operado de una sencilla hernia al hiato. Frei era el líder indiscutido a la oposición a Pinochet desde los años 80 adelante. Su muerte se produjo el 22 de enero de 1982 y será el segundo paso trascendental que daría el juez Madrid en sus investigaciones, ya que se trataría del primer crimen cometido en contra de un ex Presidente de la República.
Eugenio Berrios habría creado el veneno adecuado para que un grupo de agentes, médicos y enfermeros de la entonces policia secreta de Pinochet, haya inoculado el cuerpo de ex mandatario que se encontraba postrado en la clinica de Avenida Santa María en Providencia.
El Ejército saca a Berríos de Chile
La operación silencio diseñada, según el ex jefe de la DINE, por Pinochet, conocida también como “control de bajas”, inició el segundo acto: Otro mayor de Ejército, Carlos Herrera Jiménez fue sacado también hacia Argentina y luego a Uruguay por la Unidad Especial de la DINE, dirigida por el jefe de la avanzada de Pinochet en el extranjero, el mayor Arturo Silva Valdés, conocido como “El Príncipe”. Herrera es el autor material del asesinato de varios izquierdistas, pero el crimen connotado fue el del líder sindical Tucapel Jiménez y está detenido en Punta Peuco.
El ministro Bañados había citado al ex químico de la DINA Eugenio Berríos a declarar en el caso Letelier. Las alarmas de la inteligencia militar se encendieron de inmediato. Berríos trabajó en la DINA, precisamente en la casa que el organismo tenía en la calle Vía Naranja de Lo Curro, junto a Michael Townley, quien asesinó al general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires y al ex canciller Letelier, crimen cometido a diez cuadras de la Casa Blanca en Washington.
La situación de Berríos era sumamente compleja, ya que, además, podía dar a conocer el proyecto Andrea: la creación de gas sarín, de toxina botulínica, entre otros venenos usados para matar a los opositores al régimen militar. Encargado del proyecto Andrea, después de que Townley fuese enviado a EEUU, fue el entonces mayor Gerardo Huber.
Huyó a Uruguay en noviembre de 1991, para evitar declarar en el juicio en Chile, por el asesinato de Orlando Letelier. Acompañado del entonces mayor de Ejército Carlos Herrera Jiménez, llegaron a Montevideo. Ahí Berríos fue protegido por miembros de la inteligencia militar chilena y uruguaya como parte de La cofradía (heredera directa de la Operación Cóndor). En noviembre de 1992, fue "secuestrado" por sus mismos guardianes y desaparecido en extrañas circunstancias. Todo esto provocó un escándalo político, policial y militar en Uruguay; fueron convocados a declarar al Parlamento los ministros de Defensa, Mariano Brito (quien poco después caería), de Relaciones Exteriores, Sergio Abreu y del Interior, Juan Andrés Ramírez (quien tuvo que destituir al jefe de policía de Canelones).
Se encuentra un cadáver
En abril de 1995, en una playa de "El Pinar", cercana a Montevideo, un ex funcionario policial encontró enterrados restos óseos. Los análisis forenses confirmaban en primer término que se trataba de un asesinato al descubrir dos impactos de bala en el cráneo. Luego se encontraron cuerdas junto a los restos que hacían suponer que la víctima fue maniatada antes de ser ejecutada. Se reconstruyó la cabeza con moldes y otras técnicas donde se encontró un gran parecido con Berríos.
En enero de 2005, Michael Townley, un antiguo agente de la CIA, que actuó en Chile en coordinación con la DINA, la policía política de la dictadura, confirmó la relación entre dicha entidad con Eugenio Berríos, químico especialista en armas biológicas destinadas para el asesinato de opositores políticos.
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