"Nadie justifica la violencia de algunos infiltrados en estas marchas; pero no puede castigarse por ello a una gran mayoría que desea expresarse pacíficamente", sostuvo el parlamentario.
por El Mostrador
El presidente de la comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados, Sergio Ojeda, manifestó su preocupación frente a los anuncios realizados por el Intendente de la Región Metropolitana de no autorizar la marcha convocada por los ambientalistas para este viernes.
“Esta decisión puede generar aún más violencia; la protesta social es legítima y no puede prohibirse. Nadie justifica la violencia de algunos infiltrados en estas marchas; pero no puede castigarse por ello a una gran mayoría que desea expresarse pacíficamente”, sostuvo el parlamentario.
En ese sentido, dijo que “el derecho a reunión y de opinión existe, y debe garantizarse” y agregó que “el Gobierno no puede juzgar la protesta pacífica, espontánea y multitudinaria de miles de ciudadanos de la misma manera como lo hace con la acción de los violentistas. Ni tampoco reprimir las protestas sociales pensando que son todos delincuentes. Efectivamente, los desmanes y los actos de violencia deben sancionarse, pero una gran mayoría de personas ha demostrado que se ha reunido en forma tranquila”.
Por otro lado, el parlamentario manifestó su malestar por la cancelación de la audiencia que hoy tenía agendada con el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, con motivo de los abusos policiales en contra de algunos manifestantes en las recientes marchas de estudiantes y de contrarios al proyecto HidroAysén.
“Parece que el Ministro del Interior no quiere saber nada con los Derechos Humanos; no fue a la Comisión cuando fue citado para analizar esta materia y no tiene interés en conversar con nosotros. Tiene una agenda recargada nos dicen, lo que indica que los Derechos Humanos no entran en su agenda. Lamentable; daré cuenta de ello en la Comisión”, concluyó.
“Esta decisión puede generar aún más violencia; la protesta social es legítima y no puede prohibirse. Nadie justifica la violencia de algunos infiltrados en estas marchas; pero no puede castigarse por ello a una gran mayoría que desea expresarse pacíficamente”, sostuvo el parlamentario.
En ese sentido, dijo que “el derecho a reunión y de opinión existe, y debe garantizarse” y agregó que “el Gobierno no puede juzgar la protesta pacífica, espontánea y multitudinaria de miles de ciudadanos de la misma manera como lo hace con la acción de los violentistas. Ni tampoco reprimir las protestas sociales pensando que son todos delincuentes. Efectivamente, los desmanes y los actos de violencia deben sancionarse, pero una gran mayoría de personas ha demostrado que se ha reunido en forma tranquila”.
Por otro lado, el parlamentario manifestó su malestar por la cancelación de la audiencia que hoy tenía agendada con el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, con motivo de los abusos policiales en contra de algunos manifestantes en las recientes marchas de estudiantes y de contrarios al proyecto HidroAysén.
“Parece que el Ministro del Interior no quiere saber nada con los Derechos Humanos; no fue a la Comisión cuando fue citado para analizar esta materia y no tiene interés en conversar con nosotros. Tiene una agenda recargada nos dicen, lo que indica que los Derechos Humanos no entran en su agenda. Lamentable; daré cuenta de ello en la Comisión”, concluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario