La agrupación denunció la detención de la fotógrafa Marcela Rodríguez, colaboradora del sitio de información mapuche Mapuexpress, durante una manifestación realizada el viernes 13 de mayo en Temuco.Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció este martes “nuevos casos de obstaculización a la libertad de informar” en Chile referidos a cuestiones polémicas en términos medioambientales que enfrentan a indígenas de las comunidades mapuches con el Gobierno.
RSF pidió en un comunicado “explicaciones” por el comportamiento de los carabineros, que el pasado día 13 de mayo arrestaron a la fotógrafa y colaboradora del sitio de información de los mapuches Mapuexpress Marcela Rodríguez, durante una manifestación en Temuco contra la aprobación del proyecto HidroAysén.
También se preguntó por qué los agentes intervinieron rápidamente y con dureza en Temuco, cuando las fuerzas del orden no actuaron de la misma manera ante otra concentración del mismo signo en Santiago, en la que participaron 30.000 personas.
“El conflicto suscitado por el proyecto HidroAysén se suma al gran contencioso territorial entre las comunidades mapuches y las autoridades de esta región del país”, señaló la organización.
EL CASO DE ELENA VALERA
Añadió además que el caso de Marcela Rodríguez “adquiere un eco particular cuando al mismo tiempo vuelve a surgir de una manera preocupante el caso de la documentalista Elena Valera”.
Valera fue arrestada e inculpada en 2008 en un caso de derecho común -finalmente quedó exonerada y en libertad el 22 de abril de 2010-, pero RSF vincula esos hechos a su película “Newen Mapuche” sobre los conflictos agrarios y medioambientales que enfrentan a los indígenas de La Araucanía y al Gobierno.
Corfo, a través de su programa de promoción del cine y la industria audiovisual, anunció en abril a la documentalista que no le dará los recursos que Valera había solicitado para la distribución por considerar que “la obra dañaría la imagen del país”.
Reporteros coincidió con la Asociación de Documentalistas de Chile (ADOC) en que se trata de “una censura política” y añadió que esa postura de la Corfo “pone en evidencia la persistencia de un tabú con el que ya es hora de acabar”, al tiempo que exigió “en nombre del debate, de la libertad de expresión y de la libertad de información” que la película tenga “una distribución normal”.
RSF pidió en un comunicado “explicaciones” por el comportamiento de los carabineros, que el pasado día 13 de mayo arrestaron a la fotógrafa y colaboradora del sitio de información de los mapuches Mapuexpress Marcela Rodríguez, durante una manifestación en Temuco contra la aprobación del proyecto HidroAysén.
También se preguntó por qué los agentes intervinieron rápidamente y con dureza en Temuco, cuando las fuerzas del orden no actuaron de la misma manera ante otra concentración del mismo signo en Santiago, en la que participaron 30.000 personas.
“El conflicto suscitado por el proyecto HidroAysén se suma al gran contencioso territorial entre las comunidades mapuches y las autoridades de esta región del país”, señaló la organización.
EL CASO DE ELENA VALERA
Añadió además que el caso de Marcela Rodríguez “adquiere un eco particular cuando al mismo tiempo vuelve a surgir de una manera preocupante el caso de la documentalista Elena Valera”.
Valera fue arrestada e inculpada en 2008 en un caso de derecho común -finalmente quedó exonerada y en libertad el 22 de abril de 2010-, pero RSF vincula esos hechos a su película “Newen Mapuche” sobre los conflictos agrarios y medioambientales que enfrentan a los indígenas de La Araucanía y al Gobierno.
Corfo, a través de su programa de promoción del cine y la industria audiovisual, anunció en abril a la documentalista que no le dará los recursos que Valera había solicitado para la distribución por considerar que “la obra dañaría la imagen del país”.
Reporteros coincidió con la Asociación de Documentalistas de Chile (ADOC) en que se trata de “una censura política” y añadió que esa postura de la Corfo “pone en evidencia la persistencia de un tabú con el que ya es hora de acabar”, al tiempo que exigió “en nombre del debate, de la libertad de expresión y de la libertad de información” que la película tenga “una distribución normal”.
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