Entrevistada por El Mostrador.tv, la vicepresidenta de la AFDD se refirió así a los dichos del ex timonel del PS, quien destacó positivamente la querella que presentó el gobierno en la investigación del asesintato de José Tohá y afirmó que “ya no hay en Chile quien defienda la dictadura de Pinochet”.
por El Mostrador
Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), dijo que la querella interpuesta por el gobierno en la investigación del asesinato de quien era el ministro del Interior cuando sobrevino el golpe militar de 1973, José Tohá, es sólo un aprovechamiento para crear un impacto mediático.
En declaraciones al programa SDA Entrevistas de El Mostrador.tv, la dirigente se refirió también a las -a su juicio- “lamentables” declaraciones del senador (PS) Camilo Escalona, quien la semana pasada respaldó la acción gubernamental, señalando que nadie defendería hoy la dictadura de Pinochet
“Leí la declaración de Escalona y me pareció lamentable, porque es no entender nada”, dijo Mireya García, expresando que valoraba que el gobierno interpusiera la querella en el caso de José Tohá y que ya nadie defendía la dictadura militar.
“Si él cree que nadie defiende la dictadura militar porque se presentó la querella y porque lo hizo este gobierno de derecha, que tiene la responsabilidad de hacerlo ya que es el mandato de la ley, me parece lamentable”, criticó. Dijo también que el Ejecutivo se aprovechó de un caso mediático porque le permitiría perfilar la imagen del gobierno. Así, apuntó, “el Ministro del Interior podrá salir en la prensa diciendo: el gobierno está comprometido con los derechos humanos”.
“Entonces, no entender eso por parte de quien fue dirigente de un partido político, que es senador de la República, me parece el colmo. Le puedo perdonar eso a cualquier chileno común y corriente, pero no a una persona que tiene esa investidura. No puede perderse tanto”, señaló la dirigente.
Inquirida sobre la actitud política que debiera tener la derecha con respecto al régimen militar, García opinó que más allá de pedir perdón públicamente, la dirigencia del oficialismo debiera decir: “nosotros nos equivocamos, estuvimos en un lugar donde no correspondía que estuviéramos, pero sentimos que la dictadura nunca debió haber gobernado Chile, ni siquiera por un día, porque significó A, B y C para este país”. Dicho esto arremetió nuevamente contra el parlamentario. “El día que yo escuche eso podré decir lo que Escalona dijo”, sentenció.
Respecto a cómo está la situación de los casos de violaciones de derechos humanos, García manifestó su preocupación ya que no existe -en su opinión- la misma disposición ni voluntad política por solucionar los procesos judiciales que no son emblemáticos.
“Creo que este gobierno no está interesado en que estos procesos judiciales avancen, se nota el retroceso que se ha producido en este periodo, vamos en una baja brutal, preocupante, que no puede mantenerse indefinidamente en el tiempo”, acotando que “más allá del gobierno esto tiene que ver con el Estado de Chile, que tiene una responsabilidad con estos crímenes y, definitivamente, no puede hacerse el tonto y solamente actuar cuando los casos o las situaciones van a tener un impacto mediático que a ellos les sirve. Este es un gobierno que funciona en base a los impactos mediáticos”.
Sostuvo además que la situación que se vive dentro del Programa de DD.HH., dependiente del Ministerio del Interior, es bastante compleja, “hay un control absolutamente limitante en lo que es el ejercicio de la profesión”. Confidenció que existen a lo menos 60 escritos que no han podido convertirse en querellas ya que, desde hace meses, están entrampados en el Ministerio porque no están firmados.
“Hay obstrucción para el trabajo de los abogados, dificultades, imposiciones, un control muy férreo en cuanto a lo que los profesionales hacen, no existe la libertad que se necesita para llevar las causas”, insistió.
Uno de los puntos centrales, dijo la dirigente, es el inicio de los despidos y el criterio usado para las nuevas contrataciones guarda relación -según las autoridades- a un criterio curricular. En este sentido, sostuvo que “no cualquier abogado puede desarrollar esta labor”.
“Hay algunos que tienen un conocimiento de casi 30 años, experiencia que no se puede tirar a la basura. Esperamos que no se produzca ni un despido más, y que el criterio de contratación no sea si una persona tiene MBA o no, porque eso no basta para asumir este tipo de causas”, concluyó.
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