Polémica por retraso en entrega de becas: “Es la nueva forma de maltratar”
Incumplimientos y demoras en la entrega de beneficios, becas y el pase escolar, retraso en implementar la institucionalidad necesaria como estipula la ley y el conflicto que mantienen los dirigentes de la Universidad Central por la venta de esta casa de estudios, acusaron estudiantes y parlamentarios, quienes calificaron la política del Gobierno en educación superior como “la nueva forma de maltratar”.
Una profunda crítica realizaron distintos actores ligados a la educación superior a raíz del caos que impera en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y que ha implicado el retraso en la entrega de becas. Según indicaron dirigentes estudiantiles, este es sólo otro ejemplo más de política de retroceso que se está implementando para otorgar los beneficios utilizando mecanismos como el aumento de los requisitos.
Fabián Padilla, representante de los alumnos de educación superior, denunció además la demora en la entrega de las becas de alimentación y el pase escolar, sin que se haya entregado uno provisorio. Una situación que, según él, no se condice con los criterios de eficiencia autoimpuestos por el Gobierno.
“Los estudiantes no recibieron la Beca Bicentenario en el mes de abril, no se entregó la beca Junaeb para los estudiantes matriculados fuera de plazo y la Tarjeta Nacional Estudiantil no se concedió hasta el 31 de abril. Se aumentaron los criterios para la beca Presidente de la República afectando a más de 20 mil estudiantes. Sólo con esos datos nos damos cuenta que todos los estudiantes están afectados por esta nueva forma de maltratar”, sentenció Padilla.
Por su parte, la presidenta del PPD, Carolina Tohá acusó “un incumplimiento gravísimo e inexcusable” de la nueva ley que modifica el antiguo Consejo Superior de Educación y lo transforma en un Consejo Nacional de Educación con una nueva composición que integra miembros de la comunidad educativa y al Colegio de Profesores, entre otros actores. Mientras, continúa funcionando con el viejo consejo, integrado incluso por representantes de las Fuerzas Armadas y de la Corte Suprema.
Además, Tohá señaló que el Gobierno inició la tramitación de una reforma curricular, que será ratificada por este Consejo Superior, que es ilegal.
En este sentido, los parlamentarios advirtieron que el Ejecutivo está intentando confundir y retrasar el debate de temas relevantes, tomando decisiones entre cuatro paredes.
“En la educación superior todos los actores sienten que las reglas del juego no están claras. Para capital humano avanzado hay mucha incertidumbre respecto de las becas nacionales e internacionales. Los rectores no saben lo que va a pasar con el aporte fiscal directo e indirecto y más aún los estudiantes no sienten ninguna claridad respecto de cómo les llegan los beneficios. Este gobierno está haciendo demasiados méritos para ser recordado como el de la desprotección social”, sentenció el senador Jaime Quintana.
A esto se le suma a la crítica por la agenda privatizadora, que ha gatillado una respuesta de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y la compleja situación que viven los estudiantes de la Universidad Central, quienes nuevamente marcharon al Mineduc para exigirle que se pronuncie sobre la posible compra de la empresa privada Norte Sur y sobre la reforma de los estatutos institucionales.
Los estudiantes llegaron al ministerio seguidos por un fuerte contingente policial, donde fueron recibidos por Benito Barros, jefe de relaciones institucionales, con quien conversaron por casi tres horas.
“Nos indicó que el periodo que ellos tenían de plazo para pronunciarse como Ministerio de Educación era hasta junio, a lo que señalamos que no estábamos dispuestos a esperar tantos días, por lo que se tomarán medidas de presión en contra de la cartera”, adelantó Constanza Galleguillos, representante del Consejo de Presidentes de la Universidad Central.
La dirigenta estudiantil agregó que en el interior de la secretaría de Estado también existen conflicto de intereses en este caso, pero que los estudiantes no pueden esperar de brazos cruzados a que el ministerio aclare sus criterios políticos, porque ya llevan cinco semanas movilizados, sin encontrar respuesta de las autoridades.
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