Reunión Continental del CMP- AMERICA y
VI Conferencia Continental por la Paz en Republica
Dominicana
Intervención de
Alicia Lira Matus, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos de Chile
A nombre de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos de Chile agradezco la invitación a este encuentro tan importante de
organizaciones de distintos países, unidas por la idea común de trabajar y
aportar a la paz en nuestra región.
Nuestra agrupación se conformó en el año 1976, en plena
dictadura militar, constituida por familiares directos de los asesinados;
éramos madres, hermanas, esposas e hijas, todas mujeres, ya que la mayoría de
las víctimas en los primeros años fueron hombres. Nos juntamos para
solidarizar, acompañarnos en el dolor y para
luchar por terminar con la cultura de la muerte que se había instaurado
en nuestra patria, para lo cual era
necesario recuperar la libertad.
Desde el momento que
se produjo el golpe de Estado en Chile, en la mañana del 11 de septiembre de
1973, se arremete contra el pueblo y
empieza la política de exterminio por razones políticas. Los primeros
ejecutados fueron asesinados en el palacio presidencial La
Moneda y sus alrededores, en los cordones industriales, en
los sindicatos o en las calles, luego de haber sido sacados violentamente de
sus casas.
Desde principio a fin, la dictadura gobernó ejecutando a sus
opositores. Se llenaron estadios, regimientos y cárceles secretas con
detenidos y torturados, muchos de los cuales fueron ejecutados. Las fuerzas represivas actuaban
con ensañamiento: a los prisioneros políticos se les aplicaba la ley de fuga o
eran torturados hasta la muerte, algunos fueron dinamitados, quemados vivos o
degollados. En los primeros meses después del golpe la llamada Caravana de la Muerte, encabezada por el
general Sergio Arellano Stark, recorrió Chile de norte a sur, seleccionando a
prisioneros políticos que eran sometidos a juicios sumarios y ejecutados.
El objetivo era paralizar a los chilenos por el terror.
Detener a sangre y fuego el proceso revolucionario del gobierno del Presidente
Salvador Allende. No hay que olvidar que éste, a través de medidas
estructurales como la reforma agraria y la nacionalización del cobre, había traído
mayor justicia social, limitando los privilegios que hasta entonces habían
tenido empresas extranjeras, los terratenientes y grandes empresarios chilenos.
Fueron precisamente estos sectores los que organizaron y apoyaron el golpe de
Estado, imponiendo luego el sistema económico neoliberal con toda su secuela de
injusticias que perduran hasta hoy.
Para la Agrupación
las tareas centrales han sido la búsqueda de la verdad, de la justicia y la
reparación para las víctimas del terrorismo de Estado en Chile. Es esto lo que
también nos
motiva a participar en este encuentro, ya que
permanentemente nuestra lucha ha estado unida a la lucha por la paz en nuestros
países.
En nuestro país a mas 3000
chilenos y chilenas se le desapareció y ejecuto por razones políticas,
entre ellos eran niños y niñas. Ellos son las víctimas reconocidas en el
Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Y más de 1.000 hombres y mujeres asesinados
que no fueron calificados por esta Comisión.
Al restablecerse la democracia, los familiares de ejecutados
políticos hemos participado de las diferentes iniciativas para lograr que se
estableciera la verdad y se hiciera justicia, como único camino para remover y
transformar el andamiaje jurídico, institucional y cultural creado por la
dictadura.
Sin embargo, durante los 23 años de gobiernos democráticos no ha existido la
voluntad política para crear los mecanismos políticos y jurídicos que
permitieran establecer la verdad plena y hacer realmente justicia a las
víctimas del terrorismo de Estado. Lo que ha prevalecido ha sido el compromiso
de impunidad para los violadores de derechos humanos, sellado entre las Fuerzas
Armadas, la derecha política que sustentaba la dictadura y la Concertación de
Partidos por la Democracia, previo al fin del régimen de facto.
Así, aunque el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación tuvo el importante mérito de haber reconocido oficialmente los
crímenes cometidos, dignificando de este modo a las víctimas, tiene la grave
falencia de no consignar los nombres de los victimarios, ni siquiera en
aquellos casos en que estaban plenamente identificados, asegurándoles no sólo
una impunidad jurídica sino también social y moral.
Permanentemente se ha escamoteado la justicia y se ha
tratado de relativizar la necesidad
histórica de verdad y justicia. Se ha hecho tristemente célebre la frase de
Patricio Aylwin, el primer Presidente post dictadura, quien ofreció justicia
sólo “en la medida de lo posible”. Justicia relativizada y ligada al concepto
mal entendido de “reconciliación” nacional, que presuponía nuestra disposición
a perdonar, a pesar de que nunca un victimario de nuestros familiares se ha
arrepentido ni pedido perdón.
Todas las iniciativas gubernamentales en esta materia han
estado orientadas a garantizar la impunidad a través de medidas como proyectos
de ley de amnistía, acuerdos extrajudiciales, mesas de diálogo, rebajas de
penas o proyectos de indulto para los victimarios. Por su parte, el Consejo de
Defensa del Estado es una instancia que hasta hoy defiende y justifica jurídicamente los crímenes de
lesa humanidad cometidos por los agentes del Estado pinochetista, para negar a las víctimas y sus familiares la justa reparación económica a que tienen
derecho de acuerdo a la normativa internacional.
Debemos decir, creo que con justo orgullo, que ninguna de
las iniciativas de impunidad total ha podido prosperar, gracias, por una parte,
a la permanente movilización de la Agrupaciones de Familiares , Agrupaciones de victimas, y hemos contado con el apoyo de organismos de
derechos humanos, y, por otra parte, al incansable y tenaz trabajo de los
abogados de derechos humanos.
Además, hemos tenido
el apoyo de instancias internacionales como la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos, las que han condenado y mandatado al Estado de
Chile que cumpla los convenios internacionales y acabe con la impunidad.
De este modo, se ha
logrado someter a proceso a una cantidad considerable de violadores de derechos
humanos. Pero el inicio de las querellas no nos ha garantizado el acceso a la
justicia, ya que se comenzaron a utilizar figuras como la media prescripción y
otras argucias legales destinadas a aminorar las penas y dejar en libertad a
los responsables. Se reiteró la clara intención de favorecer a los victimarios,
tratando de desperfilar la magnitud de los crímenes e imponiendo el olvido y la
impunidad, en vez de trabajar por la verdad plena y la justicia.
Puedo señalar que el
número de encausados desde el año 2000 en procesos de derechos humanos en calidad
de procesados, imputados o condenados ronda las 800 personas, de quienes un
tercio tiene por lo menos una condena definitiva en su contra. Alrededor de 70
individuos se encuentran, o deben encontrarse, cumpliendo penas de cárcel por
dichos crímenes, seis de ellos en prisión preventiva. 13 represores más ya han
sido liberados por
beneficios (10) o por haber cumplido la totalidad de su
sentencia y 177 están con pena remitida,
o sea, su condena por crímenes de lesa humanidad ha sido tan baja que están en
libertad sin haber pasado ni un solo día en la cárcel.
Hasta el año 2008 había 1.164 casos de víctimas de ejecución
política por las que nunca se habían presentado querellas, no lo habían hecho
los familiares y menos el Estado, lo que significa que en todos esos casos no
había investigación alguna y tampoco se habían establecido responsabilidades.
Por este motivo y como un acto de justicia hacia las víctimas, en el mismo año,
la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos impulsamos la campaña “Impunidad
Jamás”, asumiendo la presentación de querellas por cada una de las víctimas y
con un grupo de abogados a la cabeza del compañero Eduardo Contreras Mella,
quienes patrocinan en forma totalmente
solidaria y comprometida con la causa de la defensa de los derechos humanos
Es importante siempre que queden consignados quiénes son los
responsables, partiendo por los personeros del Estado dictatorial que dio la
orden de torturar, asesinar y hacer desaparecer a las personas por sus ideas
políticas, pero también llegar a los cómplices civiles de la dictadura, como
Alberto Cardemil, Jovino Novoa ex ministros del dictador Pinochet, para
establecer la verdad plena y que se haga
justicia, es nuestro objetivo, no sólo porque es la base de la
reparación a las miles de familias chilenas afectadas, sino porque es el único
camino para construir una democracia estable.
Nuestro trabajo durante casi 40 años en Chile ha sido luchar
por establecer verdad, justicia y
memoria en relación con las víctimas de la dictadura. Pero también estamos
exigiendo verdad y justicia en los crímenes que se ha cometido en estos 23 años
de gobiernos
democráticos, ya que tenemos una larga lista de jóvenes
asesinados por carabineros de Chile, la policía armada, 12 de ellos son jóvenes
comuneros mapuches; incluso tenemos el
caso de un joven mapuche de 16 años, José Huenante, que fue detenido y hecho
desaparecer en el año 2005 por Carabineros en la ciudad de Puerto Montt, sin
que hasta el día de hoy se sepa cuál fue su destino.
Por eso decimos que mientras no exista verdad y justicia, no
lograremos el nunca más en Chile y los crímenes se volverán a repetir.
En concordancia con toda nuestra historia en defensa de la
vida y la libertad, nuestra Agrupación
se sumó a los “Observadores de la Escuela de las Américas”, organización que
trabaja por el cierre de esa nefasta institución instructora de muerte y
tortura, que desde el año 1946 instruye a militares de países latinoamericanos.
Desde hace seis años que trabajamos en forma constante exigiendo que los
gobiernos chilenos no envíen más militares a esta escuela de muerte, porque
sabemos por nuestra historia reciente que en esa “escuela” fueron formados los
peores verdugos de la policía política de Pinochet, la DINA, de los cuales varios hoy se encuentran presos
en las cárceles especiales (tipo hotel), como el siniestro ex general Manuel
Contreras, condenado a más de 100 años de cárcel por sus múltiples crímenes.
Nuestro lema es
“Cerremos la Escuela de las Américas ”
La Escuela de las Américas, que es operada por el Ejército
de los Estados Unidos, fue fundada en 1946 en Panamá con el objetivo de entrenar
a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia, es
decir, para aplicar la llamada doctrina de seguridad nacional impidiendo
cualquier proceso revolucionario y asegurando que nuestros países continúen
siendo el patio trasero del imperio.
De Panamá fue trasladada años más tarde a Fort Benning, en
Georgia, EE.UU. La Escuela de las
Américas es el más conocido de los
centros estadounidenses de instrucción militar, pero según datos de Amnistía
Internacional hay más de 150 centros en Estados Unidos y en otros países donde
se imparte formación a militares extranjeros.
En 1996, la prensa norteamericana dio a conocer datos según los cuales,
entre 1982 y 1991, la Escuela había utilizado unos “manuales de instrucción
sobre técnicas de inteligencia”, que propugnaban las ejecuciones, la tortura,
las palizas y el chantaje. Amnistía Internacional ha denunciado que los
manuales, redactados en español, se emplearon para capacitar a miles de agentes
de las fuerzas de seguridad latinoamericanas y se distribuyeron ejemplares en
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú.
En 1991, en una demanda civil, un tribunal de justicia de
EE.UU. declaró al ex ministro de Defensa guatemalteco, general Héctor Gramajo,
responsable del secuestro y la violación de la ciudadana estadounidense hermana
Ortiz. El general Gramajo es uno de los cientos de graduados de la tristemente
célebre Escuela de las Américas.
Por sus aulas han pasado más de 67.000 soldados de América
Latina, muchos de los cuales han sido destacados violadores de los derechos
humanos en sus propios países, pues fueron entrenados para combatir a quienes
por luchar por mayor justicia social son considerados “enemigos de la patria” .
Cientos de miles de latinoamericanos fueron torturados,
asesinados, hechos desaparecer por soldados y oficiales entrenados en la
Escuela de las Américas en países como Chile, Guatemala, Argentina, Perú,
Uruguay, Nicaragua, El Salvador, México, Honduras, entre otros. En Chile los
más sanguinarios oficiales del régimen de Pinochet como Manuel Contreras,
Álvaro Corbalán, Miguel Krassnoff y
Pedro Espinoza fueron entrenados en esa academia militar.
En los últimos años,
graduados de la Escuela de las Américas han participado en asesinatos en
Colombia; han sido parte del grupo narcotraficante Los Zetas en México; y han
estado involucrados en el golpe de Estado en Honduras el año 2009.
Desde enero del 2001 la Escuela de las Américas fue
rebautizada como Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental
(WHINSEC en ingles).
Los países con gobiernos más progresistas, como Argentina,
Venezuela, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Nicaragua han dejado de enviar militares
a la Escuela de las Américas.
Sin embargo, los gobiernos de muchos otros países lo siguen
haciendo. Según datos correspondientes al año 2011, Brasil envió 21 militares;
Colombia: 512; Costa Rica: 36; Chile: 142; República Dominicana: 37; El
Salvador: 58; Guatemala: 10; Honduras: 96; México: 16; Panamá: 54 y Paraguay:
15.
Trabajar por la paz, es trabaja por la vida y la felicidad
del hombre y la mujer, es ir contra la injusticia, por ello estamos contra toda
forma de intromisión del imperialismo estadounidense en los países de nuestro
continente sin respetar la soberanía de los pueblos. Rechazamos la instalación
de bases militares en nuestros países,
como ha sucedido recientemente en Chile, donde se instaló una base militar en
la ciudad de Con-Con, Región de Valparaíso, en el “Fuerte Aguayo”, En esta
política militar del imperio norteamericano, llego a instalarse esta base
militar en nuestro país, bajo el gobierno de derecha Sebastián Piñera, lo cual
a las organizaciones de derechos humanos nos movilizamos y denunciamos en
reiterada veces este grave hecho.
Cuando el 5 de abril
2012 el “Centro de Entrenamiento para Operaciones de la Paz en Zonas Urbanas”
construido en el Fuerte Aguayo de Con Con en nuestro pais.
Este emplazamiento
militar, que imita una zona urbana con 8 modelos de edificios y tuvo un costo
de 500.000 dólares, fue construido con el aporte proporcionado por el COMANDO
SUR. “Este es el primer proyecto de su tipo que se levanta en Chile para apoyar
la capacitación de personal encargado de ejecutar operaciones de mantención de
la paz o de estabilidad civil”.Esta es la respuesta de la preocupación del
gobierno y los EEUU, las
masivas crecientes
movilizaciones se han mantenido por más de un año en demanda de las
diferentes demandas sociales en especial
los estudiantes en diferentes ciudades de nuestra patria.
la gravedad, de acuerdo al libro “Territorios Vigilados”, de
Telma Luzzani, actualmente operan 72 bases militares de EEUU en América Latina
y el Caribe.
Dentro de las bases de EEUU, que existen en nuestro
continente, figuran de República Dominica, la Base Militar de la Isla Saona, y
de Chile, la Base Militar del Fuerte Aguayo en Con-Con.
“En las bases
militares extranjeras se encarna simbólicamente la política de guerra,
dominación y saqueo de los bienes naturales de nuestros pueblos. Por eso es tan
importante sumar nuestro esfuerzo militante, junto a numerosas organizaciones
sociales y políticas de la región, para llevar adelante la Campaña Continental
por una América Latina de Paz ¡Fuera las bases militares extranjeras!”,
concluye.
Compartimos el llamado de Amnistía Internacional y otras
organizaciones de defensa de los derechos humanos a poner fin al comercio de
material para torturar, porque los torturadores no nacen, sino que se hacen y
se entrenan. Del mismo modo, debe ponerse fin al comercio de armas, propugnando
la solución de los conflictos por vías políticas y diplomáticas.
La falta de justicia en nuestro país, permite que hoy, militares
del ejército golpista, como los Ex
Comandante en jefes del ejercito como
Oscar Izurieta, sea hoy subsecretario del Ministerio de defensa, y Juan
Emilio Cheyre presidente del registro
electoral. (Servel), registro electoral que ellos como parte de la dictadura,
destruyeron y quemaron, por lo cual recién en año 1990 se pudo reconstruir los
padrones electorales.
Por eso fundamental que
la base de todo proceso
democrático tiene que estar en la
búsqueda de la verdad para hacer justicia, y reforzar en especial la educación sobre los derechos humanos,
porque sólo en la medida que se comprenda y respete la dignidad de todo ser
humano, en la medida que haya justicia social,
se podrá poner fin a todo tipo de violencia y construir la paz entre
sociedades solidarias.
Verdad,
Justicia y Memoria
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