Tiempo
después, mi sorpresa fue mayor. Un día supe que el subsecretario Correa
Sutil le tenía las manos amarradas al Programa de Derechos Humanos del
Ministerio de Interior, respecto de su actuar contra militares que
cometieron crímenes de lesa humanidad. Y especialmente, cuando se
trataba de las andanzas de Schäfer y sus boys-girls.
¿Cómo
así?, pregunté a mis fuentes altamente creíbles. Don Jorge prohibía a
los abogados de ese programa pedir procesamientos en contra de militares
que habían participado en el exterminio y torturas de opositores. Les
prohibía que alegaran en los estrados de tribunales para oponerse a las
libertades provisionales de los principales asesinos de la DINA y la
CNI, que ya se encontraban procesados y como tales cumplían arresto por
orden del juez a la espera de una sentencia. Lo mismo ocurría respecto
de los criminales de Colonia Dignidad.
En
el fondo, don Jorge no quería “joder” a ningún violador de derechos
humanos. Muchas veces, los abogados del programa que Correa controlaba
con puño de hierro, debieron actuar en tribunales en la
“clandestinidad” para exigir justicia.
Pero, siempre me quedó dando vuelta ¿por qué este señor cuida tanto a los delincuentes de Colonia Dignidad?
Entonces, un día aparecieron 36 mil fichas ocultas en un búnker de los tíos benefactores. La Jefatura de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, la Jipol, se
tomó varios meses y redactó un minucioso informe acerca del contenido
de esas fichas. Supe que la parte más “peligrosa” de ese documento, es
una lista de aquellos que conformaron (¿siguen conformándola?) la
misteriosa red de protección que permitió por décadas a los alemanes
del tío Paul seguir delinquiendo. “Si se llega a conocer esa
lista es una bomba política”, me dijo un integrante de la Agencia
Nacional de Inteligencia, ANI. Políticos, jueces, parlamentarios,
autoridades, empresarios, figuran en la nómina como “amigos
íntimos” de los fabricantes de exquisiteces que venden en los
supermercados Jumbo. “La lista es transversal políticamente”, agregó mi
informante de la ANI. Varios de ellos hacen negocios con los alemanes.
UN INFORME SECUESTRADO
Y me sigo preguntando ¿por qué el juez Jorge Zepeda tiene ya por siete años bajo secreto ese informe de la Jipol sobre
el contenido de esas fichas? Zepeda es el juez que tiene a su cargo los
juicios contra Dignidad. Jamás quiso, hasta hoy, entregar copia a nadie
del documento. Tampoco a los abogados. ¿Qué persigue Zepeda con su
actuar? Su conducta no resiste análisis jurídico. Los documentos
mantenidos bajo secreto o resguardo en el sistema procesal penal
antiguo, lo son sólo mientras no pongan en peligro determinadas
diligencias importantes que, si son relevantes, se supone que un juez
las realizará de inmediato. ¿Cuáles serían esas diligencias que
el juez Zepeda lleva siete años realizando, o sin realizar? ¿Por qué
Zepeda nunca accedió a investigar las cuentas bancarias de Colonia
Dignidad en el extranjero? ¿Quiénes son aquellos que protegieron las
faltas, simples delitos y crímenes de Colonia Dignidad? ¿Dónde están
hoy? O la red ¿es tan grande y transversal que siguen actuando como la Cosa Nostra?
Diputados
de la Comisión de Derechos Humanos de esa Cámara como Hugo Gutiérrez,
Tucapel Jiménez y Sergio Aguiló, manifestaron en su momento que exigirán
a la Corte Suprema que obligue al juez Zepeda a entregar una copia del
informe de las fichas a la Comisión que integran. Es de extrema
importancia que ello ocurra.
Han
pasado muchos años. Ahora don Jorge quiere salvar al ministro Harald
Beyer, pieza importante del puzzle de la educación como bien de consumo, tal como dijo el multimillonario Sebastián Piñera.
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