Crece descontento por libertad condicional a militares condenados por violaciones a los DDHH

Paula Correa

Parlamentarios hicieron un llamado al gobierno a reconsiderar la medida, mientras que las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos llegaron a la Corte Suprema para exigir que se avance en las causas y no se cierren los casos. La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, en tanto, realizó una ocupación pacífica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Preocupación existe ante la polémica medida que concede el beneficio de la libertad condicional a 198 reos, entre ellos seis ex uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos, entre los que destacan Carlos López Tapia, miembro de la Caravana de la Muerte y Víctor Pinto Pérez, autor intelectual del asesinato de Tucapel Jiménez.
Por esta razón, los diputados de la comisión de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez y Tucapel Jiménez hicieron un llamado al ministro de Justicia, Felipe Bulnes, y al Presidente Sebastián Piñera a instruir al seremi del ramo – que debe visar la entrega de estos beneficios – a rechazar la libertad condicional, medida que aparece como una verdadera forma de indulto a quienes han cumplido condenas mínimas en verdaderos “sitios de retiro espiritual” o “cárceles cinco estrellas” como Punta Peuco y el Penal Cordillera.
Por otro lado, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, para expresar su malestar y exigir que la justicia chilena se ajuste a la doctrina internacional, que estipula que no pueden ser otorgados indultos, prescripciones y medias prescripciones a violadores de derechos humanos.
Otro tema del encuentro fue la actitud de la ministra Gloria Ana Chévesic, heredera de los casos que llevaba el juez Montiglio, quien estaría cerrando procesos tan relevantes como Conferencia Uno, la Operación Cóndor, Colombo y Caravana de la Muerte.
Mientras, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos realizaron una ocupación pacífica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, luego de cinco meses desde que esa cartera se comprometiera a reponer en el Congreso el proyecto de ley que termina justamente con las prescripciones a violadores de derechos humanos; a presentar las querellas pendientes y también a hacerse parte en las 743 querellas que ha presentado la agrupación.
Su presidenta, Alicia Lira, indicó que “el gobierno tiene la obligación de buscar los mecanismos para cumplir con el objetivo de generar verdad y justicia y hasta ahora no lo han hecho. Y agregó que “nosotros nos vamos a quedar hasta el final”.
A esto se suman las reiteradas acusaciones de los familiares de un desmantelamiento del programa y el clima que ha generado el posible indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad, primero a través del debate del llamado “indulto bicentenario” y ahora, a través de la “reforma carcelaria”, hechos que han terminado tensionando la relación con el gobierno.