“La libertad condicional a militares es una aberración”
El abogado indicó que el beneficio que otorgó la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones a seis militares condenados por violaciones a los derechos humanos atenta contra la institucionalidad internacional y constituye una anulación de la sentencia.
Sorpresa causó la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de otorgar este beneficio carcelario a un grupo de militares condenados por violaciones a los derechos humanos. Entre ellos se incluye el ex jefe del centro de tortura Villa Grimaldi y vinculado a la Operación Caravana de la Muerte, Carlos López Tapia y Víctor Pinto Pérez, condenado por el asesinato al sindicalista Tucapel Jiménez, ambos encarcelados en el penal Cordillera.
También se beneficia a Primitivo Castro Campos, Luis Romo Morales, Miguel Soto Duarte y Alejandro Molina Cisternas, recluidos en Punta Peuco y a Patricio Cereceda, quien fue declarado culpable de la muerte de 45 soldados en Antuco.
En conversación con la tercera edición del programa RadioAnálisis de nuestra emisora, el abogado especialista en derechos humanos, Nelson Caucoto, rechazó la medida y aseguró que “estos perdonazos violentan las garantías fundamentales de las personas porque se vuelve a victimizar a los familiares, que son los que han estado sustentando la persecución penal de los autores de estos graves crímenes cometidos en la sociedad chilena”.
Caucoto sostuvo que la medida es “una aberración porque además se han aplicado penas ínfimas, no de 25 o 40 años”.
A juicio del abogado este tipo de decisiones se producen porque existe un gran desconocimiento sobre las implicancias que tiene la teoría de derechos humanos y la doctrina de la institucionalidad internacional que los resguarda. “La Constitución indica que es el Estado el que está al servicio de las personas y como base de la normativa debe proteger, difundir y garantizar los derechos humanos”, explicó.
En ese sentido, Caucoto subrayó que aunque la decisión del tribunal se enmarca en un sistema que que analiza los antecedentes de los reclusos y toma en cuenta la situación carcelaria, es necesario diferenciar entre los delitos comunes y los de lesa humanidad, en especial, para otorgar este tipo de beneficios.
“Hay que insistir hasta la saciedad que matar a una persona particular es un crimen común, lo conocen los tribunales y dictan sus fallos, pero es distinto cuando esa persona es asesinada por agentes del Estado dentro de un plan sistemático y generalizado de desaparición, exterminio y de ejecución de personas como ocurrió en Chile. No podemos comparar los crímenes”, manifestó.
Caucoto dijo que existen situaciones en las que se puede otorgar algunas garantías como, por ejemplo, “si una persona está muriéndose en la cárcel con una enfermedad terminal, no hay ninguna dificultad para que se vaya a morir a su casa”.
“Si se trata de un tema humanitario grave que está seriamente acreditado, no me opongo”, dijo el jurista pero precisó que “si se le da la libertad a un persona en estas condiciones – que ni siquiera es provisional porque está sujeta a que la persona no vuelva a delinquir - en el fondo es la cancelación de la condena, sin ninguna restricción”.
El abogado recordó en todo caso que la decisión final será política y que caerá en las manos del Gobierno, que deberá decidir si acepta o no otorgar estos indultos.
El caso Bin Laden
Respecto de la forma en que se llevó a cabo la ejecución de Osama Bin Laden, el abogado indicó que es posible hacer un paralelo entre la decisión del tribunal de alzada chileno y lo que ocurrió en este caso, ya que en ambas situaciones se pasa a llevar el derecho internacional.
“El sujeto más malo de la historia igualmente tiene derecho a un juicio justo, que se le lleve a un tribunal de la República, se le imputen los cargos, se le permita su defensa y sus descargos. Es decir, que seamos todos testigos presenciales de que hay una persona a la que se le acusan de graves delitos y por lo tanto debe responder”, precisó el jurista.
Caucoto comentó que es una muy mala señal que un país como Estados Unidos que se jacta de defender las democracias, pase por encima de la legislación internacional, en especial, en asuntos tan delicados como este.
También se beneficia a Primitivo Castro Campos, Luis Romo Morales, Miguel Soto Duarte y Alejandro Molina Cisternas, recluidos en Punta Peuco y a Patricio Cereceda, quien fue declarado culpable de la muerte de 45 soldados en Antuco.
En conversación con la tercera edición del programa RadioAnálisis de nuestra emisora, el abogado especialista en derechos humanos, Nelson Caucoto, rechazó la medida y aseguró que “estos perdonazos violentan las garantías fundamentales de las personas porque se vuelve a victimizar a los familiares, que son los que han estado sustentando la persecución penal de los autores de estos graves crímenes cometidos en la sociedad chilena”.
Caucoto sostuvo que la medida es “una aberración porque además se han aplicado penas ínfimas, no de 25 o 40 años”.
A juicio del abogado este tipo de decisiones se producen porque existe un gran desconocimiento sobre las implicancias que tiene la teoría de derechos humanos y la doctrina de la institucionalidad internacional que los resguarda. “La Constitución indica que es el Estado el que está al servicio de las personas y como base de la normativa debe proteger, difundir y garantizar los derechos humanos”, explicó.
En ese sentido, Caucoto subrayó que aunque la decisión del tribunal se enmarca en un sistema que que analiza los antecedentes de los reclusos y toma en cuenta la situación carcelaria, es necesario diferenciar entre los delitos comunes y los de lesa humanidad, en especial, para otorgar este tipo de beneficios.
“Hay que insistir hasta la saciedad que matar a una persona particular es un crimen común, lo conocen los tribunales y dictan sus fallos, pero es distinto cuando esa persona es asesinada por agentes del Estado dentro de un plan sistemático y generalizado de desaparición, exterminio y de ejecución de personas como ocurrió en Chile. No podemos comparar los crímenes”, manifestó.
Caucoto dijo que existen situaciones en las que se puede otorgar algunas garantías como, por ejemplo, “si una persona está muriéndose en la cárcel con una enfermedad terminal, no hay ninguna dificultad para que se vaya a morir a su casa”.
“Si se trata de un tema humanitario grave que está seriamente acreditado, no me opongo”, dijo el jurista pero precisó que “si se le da la libertad a un persona en estas condiciones – que ni siquiera es provisional porque está sujeta a que la persona no vuelva a delinquir - en el fondo es la cancelación de la condena, sin ninguna restricción”.
El abogado recordó en todo caso que la decisión final será política y que caerá en las manos del Gobierno, que deberá decidir si acepta o no otorgar estos indultos.
El caso Bin Laden
Respecto de la forma en que se llevó a cabo la ejecución de Osama Bin Laden, el abogado indicó que es posible hacer un paralelo entre la decisión del tribunal de alzada chileno y lo que ocurrió en este caso, ya que en ambas situaciones se pasa a llevar el derecho internacional.
“El sujeto más malo de la historia igualmente tiene derecho a un juicio justo, que se le lleve a un tribunal de la República, se le imputen los cargos, se le permita su defensa y sus descargos. Es decir, que seamos todos testigos presenciales de que hay una persona a la que se le acusan de graves delitos y por lo tanto debe responder”, precisó el jurista.
Caucoto comentó que es una muy mala señal que un país como Estados Unidos que se jacta de defender las democracias, pase por encima de la legislación internacional, en especial, en asuntos tan delicados como este.
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