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domingo, 6 de noviembre de 2011

Carabineros en el banquillo de los acusados

Carabineros en el banquillo de los acusados por culpa de sus violentas acciones en los actos públicos. Hasta organismos internacionales de derechos humanos han reclamado por el actuar de la policia uniformada

La intervención de Fuerzas Especiales en una sesión de la Cámara de Diputados, el rol de la policía uniformada en los enfrentamientos con los encapuchados y el actuar en las marchas pacificas encendieron el debate sobre el rol que debe tener la institución en nuestra sociedad. General ® dispara contra los manifestantes y el gobierno entra en la polémica al presionar a los jueces en las causas ligadas a actos violentistas.

Cambio 21

Todavía nuestro país se jacta de tener a los policías más respetados de toda América, superando en orden incluso a los países más desarrollados de Europa y Asia.

Sin embargo, hablar hoy de Carabineros de Chile involucra entrar en arenas pantanosas, donde su papel en temas sensibles para la ciudadanía los tiene en el banquillo de los acusados.

Incluso la policia uniformada ha caido radicalmente en el ranking de las instituciones más valoradas del país. Incluso, como en la dictadura, organizaciones internacionales de derechos humanos han alegado y criticado el actuar de la policia uniformada en los actos públicos que se han organizado en los últimos meses. Es más. La oficina gubernamental de los derechos humanos que dirige la abogada Lorena Fries, también ha manifestado su dura critica por el actuar violento de Carabineros.
En el ranking están los operativos utilizados en los enfrentamientos con los encapuchados durante las marchas estudiantiles, la inusitada violencia con la que se trata a los manifestantes pacíficos y la inédita intervención de Fuerzas Especiales en el desalojo de personas que protestaban con pancartas en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.

En el ítem "curiosidades" está la detención de manera ilegal -con acusaciones de clasismo y racismo- de hinchas de Colo-Colo que sólo caminaban en la comuna de Las Condes porque querían asistir a San Carlos de Apoquindo para ver el partido con Universidad Católica, y la aprehensión de Manuel Madrid en la UC de Temuco, joven con problemas físicos y motores evidentes que fue apresado y llevado al furgón respectivo por cuatro uniformados y que, literalmente, se les cayó al suelo de cabeza.
Los canales de televisión han mostrado crudas imagenes de policías uniformados golpeando sin ninguna acción

y sin sentido -sólo por golpear- a todo tipo de personas. Chilevisión mostró un reportaje el lunes pasado donde Carabineros golpeaban a jóvenes hinchas de la U, por el sólo hecho de querer ingresar al estadio. Uno de ellos -sin placa y sin número- golpeaba a todos con los puños en sus cuerpos sin mediar ninguna acción agresiva de los hinchas. Sólo por golpear...

Aunque en internet el material es bastante generoso, aún está en la retina la historia de Manuel Gutiérrez, adolescente de 16 años que falleció en Macul víctima de una bala disparada por el suboficial Miguel Millacura, quien fue dado de baja de la institución. El tema provocó una ola de cuestionamientos hacia el alto mando de Carabineros debido a la negativa inicial de investigar el suceso.

Si bien el entonces general director de la entidad, Eduardo Gordon, renunció al cargo tras la denuncia aparecida en Ciper Chile (la autoridad adulteró una infracción para proteger a su hijo), fue evidente que su salida era una olla a presión que estaba a punto de explotar, y no precisamente por una buena acción de padre.

Trabajo a medias

Contradictoriamente, mientras a Carabineros se le cuestiona su excesivo uso de la fuerza en determinados casos, por otro lado se afirma que está perdiendo la batalla contra los encapuchados. Como prueba, el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, admitió desde el gobierno que "no hemos sido efectivos" en encarcelar a todos los violentistas. Por cierto, recibió un duro reto de parte de la Alianza.

Para peor, las imágenes captadas por TVN, donde se percibe a los antisociales preparando su arsenal de combate por cerca de 45 minutos a un costado del acto que se realizaba en Beaucheff con Blanco Encalada sin que la policía hiciera nada para detenerlos, acrecentó la sensación de impunidad con la que actúan. Sólo una señora armada con una chueca intentó hacer justicia con mano propia, arriesgando su integridad física.

Según Camila Vallejo, presidenta de la Fech, "hay una intención clara de Carabineros de no separar a los encapuchados de los manifestantes", tesis que apoyan en la oposición al comparar ese dispositivo de seguridad con el que se ve en los partidos de fútbol.

Para paliar el déficit, la institución creó "Cazadores", equipo especial compuesto por elementos de Fuerzas Especiales, el OS-9 y la Dirección de Inteligencia y peritos del Labocar. El objetivo es detener a los que provocan disturbios, identificarlos y recoger pruebas contundentes en su contra para que sean procesados.

"Hay que empezar por cómo se custodia el derecho a reunión y libertad de expresión en Chile", comenta la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries. "Lo que estamos viendo es un actuar de Carabineros que no distingue entre el derecho a manifestación y los actos de delincuencia que se cometen. Quisiéramos ver una separación tajante entre esos actos y la custodia que deben hacer a los que se manifiestan legítimamente por una injusticia, como es la falta de acceso a la educación", sentenció.

Melero cuestionado

Previo a este caldeado escenario, el gobierno presentó el proyecto que sanciona las tomas de colegios y saqueos, más conocida como la "Ley Labbé" (surgió después que el alcalde UDI de Providencia, Cristián Labbé, cerrara los establecimientos que estaban intervenidos en esta comuna). También se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado por la quema de un bus del Transantiago.

Después vino la inédita presencia de Fuerzas Especiales en la sesión especial de la Cámara (que irónicamente discutía "el ejercicio del derecho a manifestarse") y ardió Troya. Hubo forcejeos entre manifestantes y oficiales y una acalorada discusión con empujones, que tuvo como protagonistas a Gabriel Ascencio, que defendió a los dirigentes, y a Lautaro Carmona.

Resultado: cinco personas detenidas por "maltrato de obra a carabineros", la presentación de censura hacia de la mesa de la Corporación que lidera el UDI Patricio Melero (que fracasó esta semana) por emitir la orden de desalojo, y la querella interpuesta en el Juzgado de Garantía de Valparaíso en contra de los diputados DC y PC por parte de los policías afectados.

"Eventualmente puede haber una manifestación con gritos, pero eso no justifica que un personal entrenado para actuar en situaciones distintas empiece a sacar a la gente. Es una detención ilegal y abusiva", afirmó el DC Juan C. Latorre. A su vez, Carmona habló de "montaje"•y "desvío de atención" tras la denuncia que efectuó la institución ante la Fiscalía Militar.

Presiones indebidas

Era el elemento que faltaba: el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, advirtió que el gobierno va a evaluar los fallos de los magistrados antes de decidir sus ascensos y promociones al interior del Poder Judicial (ver nota aparte). "Las imputaciones son gravísimas y reflejan un profundo desconocimiento de cómo opera el sistema procesal penal. Pretende hacer creer a la ciudadanía que los jueces actúan discrecionalmente a la hora de decretar una medida de prisión preventiva", contestó Leopoldo Llanos, timonel de la Asociación Nacional de Magistrados.

Acusando recibo, Rivera volvió atrás en su amenaza y tildó el debate como "propio de ignorantes. Nosotros no tenemos listas negras ni listas blancas y no nos involucramos en la calidad de las sentencias. Solamente ejercemos las atribuciones que la ley y la Constitución nos ha deparado".

"Un juez no es mejor juez porque es más garantista o es peor juez porque es más autoritario. Eso depende de los antecedentes que al juez se le proporcionan. El Ministerio Público tiene que mejorar sus técnicas y evaluar mejor las circunstancias jurídicas, porque le corresponde a él presentar los antecedentes. Y el juez de garantía tiene que resolver velando no sólo por los derechos de los imputados y los demás intervinientes", espetó.

Como diría el refrán, "no aclare que oscurece".

"La sociedad debe proteger el derecho de manifestación"

El general ® Claudio Arias, ex coronel de Fuerzas Especiales de Carabineros, califica de "duras e injustas" las críticas que ha recibido la institución a raíz de los encapuchados y las negligencias que habría cometido la policía. En su opinión, "no es Carabineros quien llega a la manifestación sin invitación, la invitación la hacen los mismos violentistas cuando alteran el orden público. Se actúa porque hay una obligación legal de mantener la seguridad pública. Y si ésta es alterada, obviamente debe ser restablecida con los medios que la misma ley entrega. Los desórdenes no se producen en el desierto".

- ¿Es posible separar a los encapuchados de los que no lo son?
- Lo explicó el sociólogo Pablo Huneeus: "los violentistas siempre atacarán cuando aún este la multitud manifestándose. Porque no les gustaría ser descubiertos y como es difícil identificarlos a todos o bien las pruebas para acusarlos no son suficientes, lo harán una y otra vez". Desde esa perspectiva, el esfuerzo para terminar con la violencia debe ser transversal. No sólo los Carabineros son los que observan y levantan registros fotográficos y fílmicos, sino que otras personas (manifestantes y trabajadores de la prensa) también pueden colaborar facilitando sus registros a las fiscalías.

- ¿Por qué la policía no detiene a los encapuchados antes de?
- Dentro de las obligaciones de los organizadores de las marchas está respetar el derecho del resto de la ciudad. Son ellos quienes deben aislar a los violentistas y no protegerlos. Cada vez que Carabineros detiene a un encapuchado, hay un grupo de personas que apoyan al violentista y agreden al carabinero. La sociedad es quien debe proteger el derecho de manifestación.

- ¿Qué opina de las acusaciones de brutalidad policial?
- Hablar de brutalidad policial es fuerte. Es un término muy político. Puede que existan "violencias innecesarias", figura legal descrita por la ley, pero el foco debe ser bilateral para mirar lo que ocurre. Si hay violencia innecesaria, ésta deben ser denunciada, de la misma forma que deben ser acogidas las denuncias por las agresiones a los 950 carabineros que están con lesiones graves e invalidantes por cumplir con la misión constitucional de protección de los derechos y garantías constitucionales. En Chile, el marco general de actuación de Carabineros está en la Constitución (Art. 101) y en las diversas leyes particulares. El dejar hacer, el no actuar para restablecer el orden, no sólo es inadecuado o inconveniente, sino que además es un delito. Por ello la actuación de Carabineros tiene un fundamento y respaldo legal. Si hay instrucciones de parte de las autoridades civiles, como siempre las ha habido, son y deben ser dentro del ámbito de sus competencias y dentro del marco de la ley.

- ¿Estuvo bien la actuación de Fuerzas Especiales en el desalojo de la Cámara de Diputados?
- La intervención de Carabineros dentro de un recinto siempre es con el requerimiento del dueño del local, a menos que exista un delito flagrante. En este contexto, si FF.EE. ingresó a la sala donde se realizaba una sesión, necesariamente debe haber sido a requerimiento del presidente de la Cámara. Resulta absurdo y lamentable que la responsabilidad de otros se le siga asignando a Carabineros.

- Cuando un efectivo policial acata la orden de detener a un hincha de un club deportivo por el solo hecho de transitar por una comuna del sector oriente de Santiago, ¿la responsabilidad recae en el mismo efectivo policial o en la autoridad civil que manda la orden?
- En todos los partidos declarados de "alto riesgo" (Ley 19.327) se disponen de cuatro filtros de seguridad. El objetivo es acotar la posibilidad que personas sin entrada lleguen a las inmediaciones del recinto deportivo, donde según la experiencia de años, son los autores de daños, delitos y desórdenes. No es un hecho de "discriminación". En este caso especial, al igual que las marchas, los derechos de unos terminan donde empiezan los de los otros, y si hay amenaza pública de parte de la "Garra Blanca", es obligación de Carabineros la protección del entorno exterior del estadio. Las autoridades civiles pueden y deben dar el marco de actuación tomando en cuenta los acontecimientos y momentos sociales, pero siempre dentro del marco de la ley. Además, Carabineros es una institución profesional y madura que conoce sus límites y sus ámbitos de competencia.

NOTA PUBLICADA EN SEMANARIO CAMBI021

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