CIDH responde a solicitudes de reforma y reafirma su independencia

Judith Schönsteiner

Directora Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales.

 

 La Comisión Interamericana ha reafirmado su independencia y estrecho apego al mandato que le han encargado los Estados miembros de la OEA. Al responder detalladamente a 53 recomendaciones emitidas por el Consejo Permanente de la OEA en junio del 2011, logra demostrar que está aplicando criterios claros, universales y coherentes en la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas. Al mismo tiempo, estudiará algunos cambios a su Reglamento que complementarían las reformas aprobadas el año 2009, acogiendo sugerencias hechas por  Estados, sociedad civil y expertos. En este sentido, la Comisión ha reaccionado de manera asertiva y constructiva a críticas hacia su labor que a veces habían tomado la forma de ataques a su autoridad. Así demuestra que es fiel al mandato que los mismos Estados le han entregado a través de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Después de haber escuchado, en un proceso de amplia consulta, a todos los actores interesados en enviar sus observaciones – Estados miembros de la OEA, organizaciones de la sociedad civil, expertos, víctimas y usuarios del sistema –  acogió las recomendaciones que favorecen el fortalecimiento de su mandato, descartando otras que lo perjudicarían.
En la discusión, algunos Estados habían sugerido un mayor uso de las soluciones amistosas en el sistema, mientras otros actores criticaban que este mecanismo constituía muchas veces una manera de dilatar los procesos. Ante eso, la Comisión incluirá en su reglamento una disposición que vincula la mayor celeridad en la tramitación de casos (procesamiento per saltum) con la disposición del Estado y de los peticionarios en negociar una solución amistosa.

Asimismo, considera que la cesación y no-repetición de las violaciones encontradas en casos individuales son una medida idónea para la promoción efectiva de los derechos humanos. Con esta respuesta, descarta una sugerencia de varios Estados de privilegiar la promoción de los derechos humanos (entendido como capacitaciones sobre los estándares) por sobre la tramitación de casos, una medida que podría haber significado un debilitamiento del sistema ante la escasez de recursos que los Estados de la OEA le asignan a la CIDH.
Además, implementará mejoras en la práctica y transparencia del otorgamiento de las medidas cautelares, y descarta al mismo momento adoptarlas por unanimidad (se mantiene la mayoría calificada). Redactará a futuro resoluciones confidenciales fundamentando la decisión que tome; las comunicará a las partes y publicará en un compendio de los raciocinios aplicados. Esta medida – recomendada en octubre del 2012 por el Centro de Derechos Humanos UDP – permite balancear la necesidad de confidencialidad por un lado, debido al peligro grave que corren los beneficiarios en el goce de sus derechos, y por otro, la predictibilidad del otorgamiento de las medidas para los Estados.
Finalmente, la CIDH recogerá en su Reglamento la ya existente práctica de procesamiento per saltum y los respectivos criterios que le permiten tramitar más rápidamente algunos casos en los cuales exista urgencia en determinar sufondo– por ejemplo, porque el peticionario tenga una enfermedad terminal. Este procedimiento complementa el otorgamiento de medidas cautelares y muy correctamente se considera separado de aquellas, por tratarse de determinaciones del fondo del caso. Con ello, la CIDH desestima de manera convincente críticas a su labor que sugieren que no habría una suficiente distinción entre medidas cautelares y el fondo del caso – un debate que fuertemente marcó las relaciones entre algunos Estados y la Comisión en el 2011.
En definitiva, la Comisión una vez más escuchó a todos los actores del sistema, manteniendo firme su apego al mandato que le ha sido entregado.  Ya en  2011, había hecho prevalecer su independencia al determinar que sea ella misma la que elija a su Secretario Ejecutivo (el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, había insistido en designar personalmente este cargo, a pesar de las posibles consecuencias negativas para la percepción de independencia de la CIDH).  En 2012, la Comisión responde con gran libertad, destacando los esfuerzos de sistematización, de reforma procesal y de planificación presupuestaria que ha desarrollado en los últimos años, independiente de quienes hayan hecho una propuesta – Estados, OEA, víctimas, u ONGs.
Ahora, la pelota está en la cancha de los Estados miembros. Es de esperar que el gobierno de Chile haga valer su peso internacional para lograr este próximo paso en pro del fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.