Un proyecto de ley que establezca una
indemnización por parte del Estado a aquellos que sufrieron tortura
durante la dictadura militar es lo que la Unión de Ex Prisioneros
Políticos de Chile (Unexpp) busca que el Gobierno chileno envíe al
Congreso.
Así
lo explicó el Vicepresidente de la organización, el abogado Víctor
Rosas a Biobio, quien agregó que dicha indemnización debiese estar
acorde al daño personal y familiar de los torturados, por lo que estimó
que en términos monetarios debiese alcanzar las 2 mil UF -sobre 45
millones de pesos chilenos.
Según el abogado, Chile está obligado por convenios y tratados internacionales sobre la tortura a cumplir con dicho mandato, así como a continuar con las causas judiciales que se han levantado al respecto y no declararlas prescritas, como ha pasado en más de 700 casos que buscan una indemnización para los torturados políticos.
En este sentido criticó la decisión de algunos jueces, que si bien consideran que los casos de lesa humanidad no pueden prescribir, a la hora de reparar los daños colaterales de la tortura dejan en el abandono a las víctimas.
De ahí que, para aquellos casos que han sido declarados prescritos por las cortes nacionales, se ha visto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la mejor opción para obtener justicia, instancia donde han sido despachadas más de 700 causas.
El abogado insistió en la necesidad de crear una legislación especial para reparar el daño efectivo a las víctimas de tortura, ante lo cual dijo que el gobierno de Sebastián Piñera se ha mostrado más abierto incluso que el de la Concertación cuando dirigió el Ejecutivo.
Según el abogado, Chile está obligado por convenios y tratados internacionales sobre la tortura a cumplir con dicho mandato, así como a continuar con las causas judiciales que se han levantado al respecto y no declararlas prescritas, como ha pasado en más de 700 casos que buscan una indemnización para los torturados políticos.
En este sentido criticó la decisión de algunos jueces, que si bien consideran que los casos de lesa humanidad no pueden prescribir, a la hora de reparar los daños colaterales de la tortura dejan en el abandono a las víctimas.
De ahí que, para aquellos casos que han sido declarados prescritos por las cortes nacionales, se ha visto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la mejor opción para obtener justicia, instancia donde han sido despachadas más de 700 causas.
El abogado insistió en la necesidad de crear una legislación especial para reparar el daño efectivo a las víctimas de tortura, ante lo cual dijo que el gobierno de Sebastián Piñera se ha mostrado más abierto incluso que el de la Concertación cuando dirigió el Ejecutivo.
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