Una
veintena de organizaciones ciudadanas llegará este miércoles, a las 11
hrs, hasta la Contraloría General de la República, para solicitar que
se fiscalice el incumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana en
la gestión municipal. Esto, luego de que un estudio realizado por Ciudad
Viva y Santiago Cómo Vamos, revelara que al menos 70 municipios del país, caen en la ilegalidad al no cumplir con la ley 20.500.
Las organizaciones solicitantes son: Ciudad Viva, Santiago Cómo
Vamos, Fundación Ciudadano Inteligente, Fundación Casa de la Paz,
Corporación Participa, Fundación Pro Bono, Fundación Pro Acceso, Red de
Territorios Ciudadanos, Nueva Región Cómo Vamos, Agrupación Eco-Región
Agenda Local 21, Nuestro Valparaíso, Cooperativa Territorio Sur, Chiloé
Cómo Vamos, Red Ciudadana de Cauquenes y Asesoría Ciudadana, entre
otras.
DECLARACIÓN PÚBLICA
GRAVE INCUMPLIMIENTO DE LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN MUNICIPIOS DEL PAÍS
Las organizaciones abajo firmantes, manifestamos nuestra preocupación por el masivo incumplimiento de la Ley de participación ciudadana 20.500, en los municipios del país, a más de un año y medio de la promulgación del nuevo cuerpo legal. Por lo mismo, hacemos un llamado a los Municipios y autoridades pertinentes, a velar por la pronta implementación de los nuevos mecanismos de participación que contempla esta ley. Al respecto, somos enfáticos en señalar que el alto índice de abstención registrado en las pasadas elecciones municipales, constituye un llamado de atención para todas las autoridades municipales, que están obligadas a acatar la ley 20.500 y a favorecer, de esta manera, la participación y la inclusión de la ciudadanía en el ámbito local. Dicho de otro modo, la altísima abstención, que llegó a un histórico 59%, es una señal clara de que amplios sectores de la ciudadanía no se sienten incluidos, ni convocados a participar siquiera, en el principal proceso democrático que define y legitima a las autoridades municipales.
Por este motivo, y ante la necesidad urgente de re-establecer la confianza hacia las autoridades e instituciones políticas, solicitamos a la Contraloría General de la República que fiscalice el incumplimiento de la ley 20.500 en todas las municipalidades del país, puesto que los antecedentes que tenemos nos permiten afirmar que un número significativo de municipios del país no ha mejorado sustancialmente la participación ciudadana desde la promulgación de la ley 20.500 en abril del 2011.
Para ilustrar la gravedad de la situación y facilitar la labor del Contralor General de la República, Sr. Ramiro Mendoza, este miércoles 14 de noviembre, concurriremos a la Contraloría y sustentaremos la solicitud de fiscalización de la ley 20.500 en un estudio realizado en el marco de la iniciativa Santiago Cómo Vamos. Según este estudio, denominado “Monitoreo a la implementación de la ley de participación en la gestión municipal”, de un universo de 147 municipios estudiados en todas las regiones del país, sólo el 2% presenta niveles altos de participación ciudadana. Además, los datos obtenidos permiten afirmar que el 50% de los municipios presenta niveles medios de participación, puesto que solo han implementado parcialmente los nuevos mecanismos de participación contemplados en la ley 20.500. Sin embargo, lo más grave, es que un 48% de los municipios, presentan niveles de participación bajos. Lo anterior implica que existen en el país, al menos 70 municipios que no están cumpliendo siquiera con los requisitos mínimos que establece la nueva ley
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GRAVE INCUMPLIMIENTO DE LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN MUNICIPIOS DEL PAÍS
Las organizaciones abajo firmantes, manifestamos nuestra preocupación por el masivo incumplimiento de la Ley de participación ciudadana 20.500, en los municipios del país, a más de un año y medio de la promulgación del nuevo cuerpo legal. Por lo mismo, hacemos un llamado a los Municipios y autoridades pertinentes, a velar por la pronta implementación de los nuevos mecanismos de participación que contempla esta ley. Al respecto, somos enfáticos en señalar que el alto índice de abstención registrado en las pasadas elecciones municipales, constituye un llamado de atención para todas las autoridades municipales, que están obligadas a acatar la ley 20.500 y a favorecer, de esta manera, la participación y la inclusión de la ciudadanía en el ámbito local. Dicho de otro modo, la altísima abstención, que llegó a un histórico 59%, es una señal clara de que amplios sectores de la ciudadanía no se sienten incluidos, ni convocados a participar siquiera, en el principal proceso democrático que define y legitima a las autoridades municipales.
Por este motivo, y ante la necesidad urgente de re-establecer la confianza hacia las autoridades e instituciones políticas, solicitamos a la Contraloría General de la República que fiscalice el incumplimiento de la ley 20.500 en todas las municipalidades del país, puesto que los antecedentes que tenemos nos permiten afirmar que un número significativo de municipios del país no ha mejorado sustancialmente la participación ciudadana desde la promulgación de la ley 20.500 en abril del 2011.
Para ilustrar la gravedad de la situación y facilitar la labor del Contralor General de la República, Sr. Ramiro Mendoza, este miércoles 14 de noviembre, concurriremos a la Contraloría y sustentaremos la solicitud de fiscalización de la ley 20.500 en un estudio realizado en el marco de la iniciativa Santiago Cómo Vamos. Según este estudio, denominado “Monitoreo a la implementación de la ley de participación en la gestión municipal”, de un universo de 147 municipios estudiados en todas las regiones del país, sólo el 2% presenta niveles altos de participación ciudadana. Además, los datos obtenidos permiten afirmar que el 50% de los municipios presenta niveles medios de participación, puesto que solo han implementado parcialmente los nuevos mecanismos de participación contemplados en la ley 20.500. Sin embargo, lo más grave, es que un 48% de los municipios, presentan niveles de participación bajos. Lo anterior implica que existen en el país, al menos 70 municipios que no están cumpliendo siquiera con los requisitos mínimos que establece la nueva ley
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