Foto: Gentileza Humanas

La Contraloría inició una investigación en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior –entidad continuadora de la Comisión Rettig- en contra de la titular, Rossy Lama. La decisión del organismo fiscalizador se adoptó luego que el diputado radical José Pérez presentara una serie de antecedentes referidos, entre otros puntos, al gasto de más de 5 millones de pesos en telefonía celular desde el 24 de agosto al 16 de septiembre, mientras Lama se encontraba de viaje en el extranjero realizando un curso en Estados Unidos. Lama concurrió a una capacitación sobre trata de personas, labor que desarrolló ampliamente como ex perseguidora penal en el norte del país, logrando en el año 2006 la primera condena por este delito en los tribunales de Iquique, luego de desbaratar una mafia que traía mujeres desde los países vecinos para trabajar ilegalmente y, en algunos casos, bajo condiciones de esclavitud y prostitución.
Los cuestionamientos a la profesional, según señala el oficio parlamentario, contempla la perdida de 7 teléfonos celulares, incumplimiento en sus horarios de trabajo y regalías ilegales a funcionarios de su confianza, como pago de vacaciones y permisos excesivos. Pérez indicó en el documento que la indagatoria es de la “mayor relevancia por cuanto este programa ha sido implementado para esclarecer la verdad y justicia de miles de detenidos desaparecidos en Chile y el esfuerzo económico que hace el Estado para esta labor requiere de funcionarios de la más alta probidad”.