Memoria Viva.
Rut : 185.863 San Bdo. / 7.405.775 Santiago
F.Nacim. : 27 10 53, 23 años a la fecha de la detención
Domicilio : Industrias 275, San Bernardo, Santiago
E.Civil : Soltera
Actividad : Estudiante enfermería Universidad Católica
C.Repres. : Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario F.Detenc. : 17 de octubre de 1977
Jenny del Carmen Barra Rosales, soltera, estudiante de Enfermería de la Universidad Católica, militante del MIR, fue detenida por primera vez el 17 de enero de 1974, a los 20 años de edad, por Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. En esa oportunidad permaneció por espacio aproximado de 6 meses recluida en Cerro Chena, recinto de Tejas Verdes, Casa Correccional y Campamento Tres Alamos en virtud de las normas por Estado de Sitio. En esa oportunidad se le acusaba de repartir panfletos y pertenecer al Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER).
Una vez recuperada su libertad, continuó con sus estudios en la carrera de Enfermería de la U. Católica de Santiago.
Posteriormente, el día 17 de octubre de 1977, según declara su madre "mi hija junto con una amiga llegaron a la casa de ésta. Al llegar allí le manifestaron a Yolanda Bastías, madre de la amiga, que notaron que habían sido seguidas desde Santiago, pero ella le restó importancia al hecho para tranquilizarlas. Más tarde mi hija regresó a su hogar distante 7 cuadras del de su amiga quedando de llamarla por teléfono a las 21:00 horas.
Yolanda Bastías declara que los hechos sucedieron el 17 de octubre, saliendo de su hogar a las 17:30 horas. "Recuerdo que ese día ella me dijo que su madre estaba preocupada porque había visto días antes a 3 sujetos bien vestidos, de lentes oscuros, que vigilaban su casa".
A su vez, Jacqueline Pezoa Barahona, amiga de ésta y quien declaró judicialmente en relación a Jenny, afirma que aproximadamente el 20 de octubre, estando ella en su trabajo, recibió un llamado telefónico de la víctima preguntando cómo estaba y agregando que ella estaba concurriendo a la Universidad y que estaba bien. Esto es contradictorio con la información de su ausencia de la Universidad a partir del 18 de octubre.
El día 17 de octubre, Jenny Barra concurrió al domicilio de Hernán Santos Pérez Alvarez, detenido desaparecido desde el día 19 de octubre y militante del MIR. En ese lugar almorzó con su esposa, Norma Ortega Villena, quien afirma que en esa oportunidad venía de clases y contaba sólo con algunos minutos para volver a ellas por lo que conversaron sólo cosas triviales.
Agrega que, días después y en circunstancias que presentaba un Recurso de Amparo por la desaparición de mi esposo, el día 19 de octubre me enteré de que Jenny también estaba desaparecida. En las averiguaciones tendientes a ubicar a mi cónyuge supe que Jenny se encontraba en un automóvil marca Peugeot 404 color gris, patente CH?800 de Renca, perteneciente a la ex Dina según me informé, en el momento en que mi esposo fue detenido y conducido contra su voluntad en dicho vehículo".
Por su parte Vicente Campillay Burgos declara que, cuando se dirigía a su trabajo, vio frente a su domicilio en la comuna de Pudahuel, un vehículo Peugeot 404 color celeste en el que habían varias personas. "Al pasar por el lado de este vehículo vi a una señorita que se cubría la cara con las manos, ya que al parecer lloraba. Supe que ese mismo día había desaparecido un señor cuyo nombre ignoro". Según agrega la madre, el vecino se acercó al vehículo intrigado por su larga permanencia en el lugar señalándole los civiles que "hacían una redada para aprehender drogadictos".
Por otro lado, el día 15 de octubre del mismo año fue detenido por agentes de civil José Miguel Tobar Quezada, domiciliado al igual que la víctima en San Bernardo. Fue conducido vendado a un lugar desconocido donde permaneció por espacio de 3 semanas. Allí fue torturado e interrogado sobre actividades políticas. Además se le exhibieron fotos de mujeres entre las cuales reconoció la de Jenny Barra, a la cual conocía por el hecho de vivir muy cerca de su domicilio. Bajo presión se vio obligado a señalar la foto que correspondía a la víctima. En ese lugar le inyectaron algún elemento que le producía somnolencia. Había una mesa de ping pong donde jugaban los agentes y el baño era muy pequeño. Existía una pieza a la cual se llegaba subiendo unos 3 escalones.
En su declaración afirma que "fui conducido a una pieza en que había una litera y allí permanecí durante gran parte del tiempo. Desde ese lugar sentí la conversación o interrogatorio que hacían a una mujer, pudiendo identificar la voz como perteneciente a Jenny Barra, dándome cuenta que también se encontraba detenida".
En una pieza contigua escuchó a 3 ó 4 hombres que se encontraban en la misma situación de detención. José Miguel Tobar fue detenido por civiles que se movilizaban en un vehículo Peugeot 404, patente CH 800, el mismo que practicó la detención de José Pérez Alvarez, y en el cual se habría visto una mujer que correspondería a la víctima.
En el proceso por secuestro, seguido en favor de Tobar Quezada ante el 11° Juzgado del Crimen de Santiago, se logró acreditar que dicha patente fue solicitada por la ex DINA a la Municipalidad de Renca, dando como domicilio el Edificio Diego Portales y como propietario al Ministerio de Defensa. Cabe señalar que la Dina había sido disuelta en agosto de 1977, creándose otro organismo de seguridad en su reemplazo, la Central Nacional de Informaciones (CNI). Desde esa fecha no se ha sabido más de la detenida desaparecida Jenny Barra Rosales y, a pesar de las múltiples acciones judiciales, no se logró ubicar su paradero.
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
Con fecha 4 de noviembre de 1977 su madre señora Laurisa del C. Rosales Nacarete interpuso un R. de Amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual roló con el N°591 77.
Se solicitó informes al Ministerio del Interior y al Prefecto de Investigaciones. Tanto el Prefecto Jefe del Area Metropolitana, Juan Salinas S., como el Ministro del Interior, General Raúl Benavides Escobar, informaron que no se registraban antecedentes de la amparada. El Ministerio del Interior agregó que "los únicos antecedentes que la amparada registra en los respectivos kardex de esta Secretaría de Estado son los que dicen relación con su arresto en virtud a lo ordenado en el D.E. N°2 del 3 de enero de 1974 y su posterior libertad dispuesta por Decreto N°202 del 9 de julio de ese mismo año". Este Oficio fue respondido con fecha 14 de noviembre de 1977.
Para mejor resolver, una sala de la Corte de Apelaciones ordenó citar a prestar declaración por intermedio de Investigaciones a Isabel Pezoa y Yolanda Bastías, con el fin que proporcionaran información sobre el caso denunciado.
Esta diligencia se cumplió con fecha 2 de diciembre, en que ambas comparecen a prestar declaración. Ese mimo día se rechazó el recurso de amparo y se ordenó remitir los antecedentes al Juez del Crimen correspondiente a fin que investigue los hechos relacionados con su posible desaparición.
El 9 de diciembre el juez de San Bernardo ordena instruir sumario dando orden amplia de investigar. Este proceso roló con el N°46576. En el mismo proceso, el 2 de enero de 1978 se acumuló la denuncia por secuestro interpuesta por la madre con fecha 30 de diciembre del mismo año, la cual roló con el N°46636.
El 18 de enero de 1978 Investigaciones devolvió orden de investigar, incorporando entrevistas a la madre de la víctima, Yolanda Bastías Henríquez, y diligencias en Universidad Católica, postas, hospitales, Instituto Médico Legal y Centro Nacional de Detenidos.
Asimismo declararon en el proceso Vicente Campillay Burgos y Norma Ortega Villena.
La parte denunciante solicita nuevas diligencias al Depto. de Extranjería, Prefectura de Investigaciones Juez Militar, Fiscalías Militares de Santiago, I. Médico Legal, Municipalidad de Renca por antecedentes del vehículo y otras encaminadas a esclarecer la suerte corrida por la víctima.
No habiéndose agotado la investigación y existiendo diligencias pendientes, con fecha 23 de Mayo de 1978 el juez que investigaba la causa declaró cerrado el sumario y sobreseyó definitivamente el proceso "teniendo presente que por Amnistía se ha extinguido la responsabilidad penal". Elevada en consulta la resolución, el Fiscal de la Corte de Apelaciones recomendó revocar la resolución con fecha 9 de Junio de 1978, debido a que "es menester que exista una imputación determinada en contra una persona también determinada, además se requiere que se agote la investigación para saber qué acción ilícita se ha perpetrado". De esta manera, la Corte ordenó reponer la causa al estado de sumario, prosiguiendo la investigación.
En el mes de junio de 1979, habiéndose recibido respuestas negativas de diferentes servicios, se declaró cerrado el sumario y se dicta el sobreseimiento temporal de la causa, lo cual fue en consulta a la Corte de Apelaciones, siendo éste aprobado por dicho Tribunal. Con fecha 20 de mayo de 1980 se interpone una nueva querella criminal por el delito de secuestro ante el 1er. Juzgado de Letras de San Bernardo, recibiéndose informes negativos del Ministerio del Interior y de la CNI, en cuanto a las detenciones.
En el mes de diciembre de 1980, fue cerrado el sumario y sobreseído temporalmente el proceso. Esta resolución fue confirmada por la Corte Presidente Aguirre Cerda en julio de 1981.
F.Nacim. : 27 10 53, 23 años a la fecha de la detención
Domicilio : Industrias 275, San Bernardo, Santiago
E.Civil : Soltera
Actividad : Estudiante enfermería Universidad Católica
C.Repres. : Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario F.Detenc. : 17 de octubre de 1977
Jenny del Carmen Barra Rosales, soltera, estudiante de Enfermería de la Universidad Católica, militante del MIR, fue detenida por primera vez el 17 de enero de 1974, a los 20 años de edad, por Militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. En esa oportunidad permaneció por espacio aproximado de 6 meses recluida en Cerro Chena, recinto de Tejas Verdes, Casa Correccional y Campamento Tres Alamos en virtud de las normas por Estado de Sitio. En esa oportunidad se le acusaba de repartir panfletos y pertenecer al Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER).
Una vez recuperada su libertad, continuó con sus estudios en la carrera de Enfermería de la U. Católica de Santiago.
Posteriormente, el día 17 de octubre de 1977, según declara su madre "mi hija junto con una amiga llegaron a la casa de ésta. Al llegar allí le manifestaron a Yolanda Bastías, madre de la amiga, que notaron que habían sido seguidas desde Santiago, pero ella le restó importancia al hecho para tranquilizarlas. Más tarde mi hija regresó a su hogar distante 7 cuadras del de su amiga quedando de llamarla por teléfono a las 21:00 horas.
Yolanda Bastías declara que los hechos sucedieron el 17 de octubre, saliendo de su hogar a las 17:30 horas. "Recuerdo que ese día ella me dijo que su madre estaba preocupada porque había visto días antes a 3 sujetos bien vestidos, de lentes oscuros, que vigilaban su casa".
A su vez, Jacqueline Pezoa Barahona, amiga de ésta y quien declaró judicialmente en relación a Jenny, afirma que aproximadamente el 20 de octubre, estando ella en su trabajo, recibió un llamado telefónico de la víctima preguntando cómo estaba y agregando que ella estaba concurriendo a la Universidad y que estaba bien. Esto es contradictorio con la información de su ausencia de la Universidad a partir del 18 de octubre.
El día 17 de octubre, Jenny Barra concurrió al domicilio de Hernán Santos Pérez Alvarez, detenido desaparecido desde el día 19 de octubre y militante del MIR. En ese lugar almorzó con su esposa, Norma Ortega Villena, quien afirma que en esa oportunidad venía de clases y contaba sólo con algunos minutos para volver a ellas por lo que conversaron sólo cosas triviales.
Agrega que, días después y en circunstancias que presentaba un Recurso de Amparo por la desaparición de mi esposo, el día 19 de octubre me enteré de que Jenny también estaba desaparecida. En las averiguaciones tendientes a ubicar a mi cónyuge supe que Jenny se encontraba en un automóvil marca Peugeot 404 color gris, patente CH?800 de Renca, perteneciente a la ex Dina según me informé, en el momento en que mi esposo fue detenido y conducido contra su voluntad en dicho vehículo".
Por su parte Vicente Campillay Burgos declara que, cuando se dirigía a su trabajo, vio frente a su domicilio en la comuna de Pudahuel, un vehículo Peugeot 404 color celeste en el que habían varias personas. "Al pasar por el lado de este vehículo vi a una señorita que se cubría la cara con las manos, ya que al parecer lloraba. Supe que ese mismo día había desaparecido un señor cuyo nombre ignoro". Según agrega la madre, el vecino se acercó al vehículo intrigado por su larga permanencia en el lugar señalándole los civiles que "hacían una redada para aprehender drogadictos".
Por otro lado, el día 15 de octubre del mismo año fue detenido por agentes de civil José Miguel Tobar Quezada, domiciliado al igual que la víctima en San Bernardo. Fue conducido vendado a un lugar desconocido donde permaneció por espacio de 3 semanas. Allí fue torturado e interrogado sobre actividades políticas. Además se le exhibieron fotos de mujeres entre las cuales reconoció la de Jenny Barra, a la cual conocía por el hecho de vivir muy cerca de su domicilio. Bajo presión se vio obligado a señalar la foto que correspondía a la víctima. En ese lugar le inyectaron algún elemento que le producía somnolencia. Había una mesa de ping pong donde jugaban los agentes y el baño era muy pequeño. Existía una pieza a la cual se llegaba subiendo unos 3 escalones.
En su declaración afirma que "fui conducido a una pieza en que había una litera y allí permanecí durante gran parte del tiempo. Desde ese lugar sentí la conversación o interrogatorio que hacían a una mujer, pudiendo identificar la voz como perteneciente a Jenny Barra, dándome cuenta que también se encontraba detenida".
En una pieza contigua escuchó a 3 ó 4 hombres que se encontraban en la misma situación de detención. José Miguel Tobar fue detenido por civiles que se movilizaban en un vehículo Peugeot 404, patente CH 800, el mismo que practicó la detención de José Pérez Alvarez, y en el cual se habría visto una mujer que correspondería a la víctima.
En el proceso por secuestro, seguido en favor de Tobar Quezada ante el 11° Juzgado del Crimen de Santiago, se logró acreditar que dicha patente fue solicitada por la ex DINA a la Municipalidad de Renca, dando como domicilio el Edificio Diego Portales y como propietario al Ministerio de Defensa. Cabe señalar que la Dina había sido disuelta en agosto de 1977, creándose otro organismo de seguridad en su reemplazo, la Central Nacional de Informaciones (CNI). Desde esa fecha no se ha sabido más de la detenida desaparecida Jenny Barra Rosales y, a pesar de las múltiples acciones judiciales, no se logró ubicar su paradero.
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
Con fecha 4 de noviembre de 1977 su madre señora Laurisa del C. Rosales Nacarete interpuso un R. de Amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual roló con el N°591 77.
Se solicitó informes al Ministerio del Interior y al Prefecto de Investigaciones. Tanto el Prefecto Jefe del Area Metropolitana, Juan Salinas S., como el Ministro del Interior, General Raúl Benavides Escobar, informaron que no se registraban antecedentes de la amparada. El Ministerio del Interior agregó que "los únicos antecedentes que la amparada registra en los respectivos kardex de esta Secretaría de Estado son los que dicen relación con su arresto en virtud a lo ordenado en el D.E. N°2 del 3 de enero de 1974 y su posterior libertad dispuesta por Decreto N°202 del 9 de julio de ese mismo año". Este Oficio fue respondido con fecha 14 de noviembre de 1977.
Para mejor resolver, una sala de la Corte de Apelaciones ordenó citar a prestar declaración por intermedio de Investigaciones a Isabel Pezoa y Yolanda Bastías, con el fin que proporcionaran información sobre el caso denunciado.
Esta diligencia se cumplió con fecha 2 de diciembre, en que ambas comparecen a prestar declaración. Ese mimo día se rechazó el recurso de amparo y se ordenó remitir los antecedentes al Juez del Crimen correspondiente a fin que investigue los hechos relacionados con su posible desaparición.
El 9 de diciembre el juez de San Bernardo ordena instruir sumario dando orden amplia de investigar. Este proceso roló con el N°46576. En el mismo proceso, el 2 de enero de 1978 se acumuló la denuncia por secuestro interpuesta por la madre con fecha 30 de diciembre del mismo año, la cual roló con el N°46636.
El 18 de enero de 1978 Investigaciones devolvió orden de investigar, incorporando entrevistas a la madre de la víctima, Yolanda Bastías Henríquez, y diligencias en Universidad Católica, postas, hospitales, Instituto Médico Legal y Centro Nacional de Detenidos.
Asimismo declararon en el proceso Vicente Campillay Burgos y Norma Ortega Villena.
La parte denunciante solicita nuevas diligencias al Depto. de Extranjería, Prefectura de Investigaciones Juez Militar, Fiscalías Militares de Santiago, I. Médico Legal, Municipalidad de Renca por antecedentes del vehículo y otras encaminadas a esclarecer la suerte corrida por la víctima.
No habiéndose agotado la investigación y existiendo diligencias pendientes, con fecha 23 de Mayo de 1978 el juez que investigaba la causa declaró cerrado el sumario y sobreseyó definitivamente el proceso "teniendo presente que por Amnistía se ha extinguido la responsabilidad penal". Elevada en consulta la resolución, el Fiscal de la Corte de Apelaciones recomendó revocar la resolución con fecha 9 de Junio de 1978, debido a que "es menester que exista una imputación determinada en contra una persona también determinada, además se requiere que se agote la investigación para saber qué acción ilícita se ha perpetrado". De esta manera, la Corte ordenó reponer la causa al estado de sumario, prosiguiendo la investigación.
En el mes de junio de 1979, habiéndose recibido respuestas negativas de diferentes servicios, se declaró cerrado el sumario y se dicta el sobreseimiento temporal de la causa, lo cual fue en consulta a la Corte de Apelaciones, siendo éste aprobado por dicho Tribunal. Con fecha 20 de mayo de 1980 se interpone una nueva querella criminal por el delito de secuestro ante el 1er. Juzgado de Letras de San Bernardo, recibiéndose informes negativos del Ministerio del Interior y de la CNI, en cuanto a las detenciones.
En el mes de diciembre de 1980, fue cerrado el sumario y sobreseído temporalmente el proceso. Esta resolución fue confirmada por la Corte Presidente Aguirre Cerda en julio de 1981.
Actualidad:
El Mostrador 20 de Octubre 2001Jueza acusa a Ejército de no cumplir acuerdos
La titular del Primer Juzgado del Crimen de San Bernardo, Cecilia Flores Sanhueza, envió un oficio a la Corte Suprema -con copia al Ministerio de Defensa y al Presidente, Ricardo Lagos- en el que se queja porque el Ejército no ha dado cumplimiento a los acuerdos de la Mesa de Diálogo.
La magistrada, una de los jueces especiales con dedicación exclusiva para investigar casos de derechos humanos, reclama que no ha podido tener acceso a la información que el Ejército debiera entregar para estos casos, a través de un departamento de coordinación que ha establecido la instutución castrense con ese fin.
El escrito de la jueza Flores fue visto hoy por el Pleno de la Corte Suprema, que resolvió pedir el expediente para saber a qué antecedentes se refería la jueza y cómo se había resuelto el tema.
Cuando el escrito ingresó al máximo tribunal, quedó constancia en el libro donde quedan anotadas las causas que ingresan la frase "Servicio de Inteligencia Militar".
De ello se puede deducir que los antecedentes que pediría la magistrada serían de carácter secreto para el Ejército, amparados en el artículo 144 del Código de Justicia Militar que protege informaciones delicadas para la seguridad nacional.
La magistrada tiene a su cargo cuatro casos con dedicación exclusiva, entre ellos el de Jenny Barra Rosales, estudiante y militante del MIR desaparecida en 1977.
Tercera 5 de Diciembre 2001 Jueza busca cuerpos de DD.DD. en terrenos del Ejército
La titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores, ingresará hoy hasta los terrenos del Ejército en el Cerro Chena para buscar restos de detenidos desaparecidos en el lugar, diligencia que será presenciada por abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. La magistrada, que tiene dedicación exclusiva para investigar cuatro causas radicadas en ese tribunal, pidió autorización para ingresar al recinto castrense donde se ubican instalaciones de la Escuela de Infantería de la ciudad y que ha sido sindicado como un posible sitio de inhumaciones ilegales por parte de las organizaciones de derechos humanos. El Ejército concedió autorización a la magistrada y a su comitiva, compuesta por peritos del Servicio Médico Legal y de la Policía de Investigaciones, para que ingresen al recinto y realicen excavaciones en la zona en la búsqueda de fosas donde podrían encontrarse campesinos de la zona de Paine y otros detenidos desaparecidos de lugares cercanos a San Bernardo. La jueza Flores investiga la desaparición de la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) Jenny Barra Rosales, detenida en 1977; la del reservista del Ejército Manuel Rojas Fuentes, desaparecido desde septiembre de 1973; la de Luis Fuentes González desde 1974 y una cuarta causa caratulada por varios NN que se encuentran desaparecidos en la zona.
El Mostrador 6 de Diciembre 2001 Buscan a desaparecida en Escuela de Infantería
Una pequeña pieza ósea que podría ser humana fue encontrada ayer en el recinto de la Escuela de Infantería en Cerro Chena, en el marco de las pesquisas para ubicar los restos de Jenny Barra Rosales, estudiante de enfermería desaparecida desde 1977. Jenny Barra estudiaba enfermería en la Universidad Católica y militaba en el MIR. Fue detenida por primera vez el 17 de enero de 1974 por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Permaneció seis meses en el cuartel de Cerro Chena y otros centros de detención. Fue dejada en libertad y continuó sus estudios, pero el 17 de octubre de 1977 su rastro se perdió después de insistentes seguimientos por desconocidos denunciados por su madre. Testimonios de otros detenidos indican que fue secuestrada por la CNI, que en esos meses había sucedido a la DINA dirigida por Manuel Contreras.
La jueza del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores Sanhueza, se constituyó ayer en el recinto de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Las indagaciones se centraron en el cuartel 2 del centro de formación militar. Familiares de víctimas del régimen militar se congregaron en la entrada del cuartel del Ejército. Sonia Burgos, dirigenta de la organización de familiares de desaparecidos en la zona del Maipo, precisó que las pesquisas pueden extenderse a otros casos, según un informe de Radio Cooperativa. Entre ellos podría contarse el caso del reservista del Ejército Manuel Rojas Fuentes, desaparecido en 1973. Anoche, en tanto, familiares de detenidos desaparecidos denunciaron que dentro del recinto militar se había observado la quema de elementos desconocidos, lo que les hizo temer que se tratara de algún intento de ocultar evidencia, según argumentaron.
Primera Linea 10 de Julio 2002Corte de Apelaciones reduciría los plazos
Pese a que la evaluacion es positiva, en tribunales se indica que la entrada en la fase final de las investigaciones es un factor que augura que no es necesario “tanto tiempo” para seguir adelante con su quehacer. Se indica que sólo cuatro de los cinco jueces exclusivos seguiría en este rango y se sumaría un nuevo magistrado al selecto grupo.
En la recta final de su investigación, los cinco jueces con dedicación exclusiva aguardan a que el próximo lunes 22 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel se pronuncien sobre la ampliación de los plazos para seguir adelante con sus procesos sobre derechos humanos, aunque en esta oportunidad se prevé que se acoten los períodos de trabajo.
Esta es la primera vez que los tribunales de alzada analizarán el estado de los jueces especiales, luego que la Corte Suprema delegará esta responsabilidad en los superiores directos de los magistrados de turno.
A la luz de los avances de los procesos, fuentes judiciales estiman que se mantendrían cuatro de los cinco magistrados. Seguirían en carrera la titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda; del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Ines Collin; la titular del Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz; y la titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores. Los pronósticos dicen que quedaría excluido del selecto grupo el magistrado del Décimo Juzgado del Crimen, Juan Antonio Poblete, el único del equipo que no ha procesado a nadie en sus causas y que -según las mismas fuentes- difícilmente avanzará en sus casos.
En cambio se supone que reingresará al grupo el titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza, quien ya solicitó a la Corte Suprema su cambio de preferente a exclusivo. Lo mismo hizo hace algunos días el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, cuyo director Luciano Fouillioux se entrevistó con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, solicitándole la incorporación de Carroza.
Pese al optimismo que ronda en torno a la evaluación de los magistrados, existe también la certeza que queda poco y nada por hacer en algunos procesos, antecedente que incidiría en que la prórroga sea más acotada y ya no de tres meses. La respuesta queda en manos del tribunal de alzada que fijará estos plazos en virtud al informe que entregan mensualmente los magistrados y que se profundiza al terminar su período con un documento más extenso. Se estima que de existir diligencias pendientes que sean practicables y que aporten a la investigación no habría obstáculos para la prórroga. En esa línea, cobra un rol gravitante el informe del ministro visitador de cada tribunal.
Los casos
Independiente de la resolución final de la Corte, los magistrados siguen avanzando en sus causas. Así el giro más importante es el adoptado por el Noveno Juzgado del Crimen en el denominado caso de la Academia de Guerra Aérea (AGA). La jueza Lermanda intenta desentrañar si es efectiva la versión de un ex conscripto de la Fach quien relató al Arzobispado que tres agentes trasladaron un cuerpo inerte, cubierto con bolsas, desde el subterráneo de la AGA hacia un helicóptero que lo llevo a un lugar no identificado. La información entregada en la Mesa de Diálogo indica que el destino final del cadáver habría sido el mar, y las pistas de la jueza Lermanda señalan que -preliminarmente- podría tratarse de José Luis Baeza, el único detenido desaparecido que aparece mencionado en el extenso proceso que ya totaliza las tres mil fojas. La tesis es manejada con absoluta cautela ante el temor que existan errores o se trate de otra persona.
En este caso se encuentran sometido a proceso por el homicidio de Alfonso Carreño y la desaparición de José Luis Baeza, ambos detenidos en julio de 1974, el teniente en retiro Franklin Bello Calderon, el coronel ® Ramón Cáceres Jorquera, el general ® y ex director del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (Sifa) Edgar Cevallos Jones y el ex funcionario de Gendarmería José Aladino Cerda Córdoba. Las pesquisas efectuadas por la magistrada también han contribuido al proceso paralelo referido a sobrevivientes de la AGA, que patrocina el Codepu en el mismo tribunal, y al recurso de revisión del general ® Alberto Bachelet que sigue pendiente en la Corte Suprema.
En paralelo la magistrada avanza en el final del proceso Víctor Olea Alegría detenido desaparecido en la Venda Sexy. En este caso fueron encargados reos la plana mayor de la Dina, incluido el brigadier ® Raúl Iturriaga Neumann, Gerardo Urrich y Alejandro Molina Cisternas, oficial de Carabineros en retiro.
En otro tribunal, el Cuarto de San Miguel, la magistrada María Teresa Díaz también tiene finiquitada la investigación sobre la desaparición de Cecilia Bojanic Abad, el 2 de octubre de 1974, cuando tenía tres meses de embarazo. En el caso fue procesado Orlando Manzo Gutiérrez, ex jefe del Campo de prisioneros de 4 Alamos
Por la desaparición de Alonso Gahona, la magistrada encausó a Eduardo Cartagena Maldonado, civil de la Fach; Manuel Agustín Muñoz Gamboa, Capitán Carabinero®; Luis Palma Ramírez Fach, civil; Otto Trujillo Miranda, Fach y Fernando Patricio Zúñiga Canales también civil de la Fach.
En el Octavo Juzgado la jueza Collin ha sido toda una sorpresa para la comunidad de derechos humanos. Desde un comienzo se vislumbró a la magistrada con un perfil renuente a estos procesos, sin embargo, con el paso del tiempo hubo un giro drástico al punto de establecer que tiene el 80% resuelto en los procesos que tramita. De hecho, el único punto en contra es el caso de Oscar Rojas Cuellar, proceso que no ha podido aclarar por falta de antecedentes y se presume que se dictará próximamente el sobreseimiento.
En otro tribunal, el juzgado de Letras de San Bernardo, la magistrada Cecilia Flores destaca con su rol en el caso del Cerro Chena, pero ha registrado también avances en el caso de Jenny Barra y traspaso uno de sus procesos sobre Comando Conjunto -la muerte del militante comunista David Edison Urrutia- a manos del magistrado Carroza.
El balance de los abogados querellantes en estos procesos resulta favorable, al punto de pensar que es inminente los cierres de sumario y el inicio del período de plenario
La titular del Primer Juzgado del Crimen de San Bernardo, Cecilia Flores Sanhueza, envió un oficio a la Corte Suprema -con copia al Ministerio de Defensa y al Presidente, Ricardo Lagos- en el que se queja porque el Ejército no ha dado cumplimiento a los acuerdos de la Mesa de Diálogo.
La magistrada, una de los jueces especiales con dedicación exclusiva para investigar casos de derechos humanos, reclama que no ha podido tener acceso a la información que el Ejército debiera entregar para estos casos, a través de un departamento de coordinación que ha establecido la instutución castrense con ese fin.
El escrito de la jueza Flores fue visto hoy por el Pleno de la Corte Suprema, que resolvió pedir el expediente para saber a qué antecedentes se refería la jueza y cómo se había resuelto el tema.
Cuando el escrito ingresó al máximo tribunal, quedó constancia en el libro donde quedan anotadas las causas que ingresan la frase "Servicio de Inteligencia Militar".
De ello se puede deducir que los antecedentes que pediría la magistrada serían de carácter secreto para el Ejército, amparados en el artículo 144 del Código de Justicia Militar que protege informaciones delicadas para la seguridad nacional.
La magistrada tiene a su cargo cuatro casos con dedicación exclusiva, entre ellos el de Jenny Barra Rosales, estudiante y militante del MIR desaparecida en 1977.
Tercera 5 de Diciembre 2001 Jueza busca cuerpos de DD.DD. en terrenos del Ejército
La titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores, ingresará hoy hasta los terrenos del Ejército en el Cerro Chena para buscar restos de detenidos desaparecidos en el lugar, diligencia que será presenciada por abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. La magistrada, que tiene dedicación exclusiva para investigar cuatro causas radicadas en ese tribunal, pidió autorización para ingresar al recinto castrense donde se ubican instalaciones de la Escuela de Infantería de la ciudad y que ha sido sindicado como un posible sitio de inhumaciones ilegales por parte de las organizaciones de derechos humanos. El Ejército concedió autorización a la magistrada y a su comitiva, compuesta por peritos del Servicio Médico Legal y de la Policía de Investigaciones, para que ingresen al recinto y realicen excavaciones en la zona en la búsqueda de fosas donde podrían encontrarse campesinos de la zona de Paine y otros detenidos desaparecidos de lugares cercanos a San Bernardo. La jueza Flores investiga la desaparición de la militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) Jenny Barra Rosales, detenida en 1977; la del reservista del Ejército Manuel Rojas Fuentes, desaparecido desde septiembre de 1973; la de Luis Fuentes González desde 1974 y una cuarta causa caratulada por varios NN que se encuentran desaparecidos en la zona.
El Mostrador 6 de Diciembre 2001 Buscan a desaparecida en Escuela de Infantería
Una pequeña pieza ósea que podría ser humana fue encontrada ayer en el recinto de la Escuela de Infantería en Cerro Chena, en el marco de las pesquisas para ubicar los restos de Jenny Barra Rosales, estudiante de enfermería desaparecida desde 1977. Jenny Barra estudiaba enfermería en la Universidad Católica y militaba en el MIR. Fue detenida por primera vez el 17 de enero de 1974 por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Permaneció seis meses en el cuartel de Cerro Chena y otros centros de detención. Fue dejada en libertad y continuó sus estudios, pero el 17 de octubre de 1977 su rastro se perdió después de insistentes seguimientos por desconocidos denunciados por su madre. Testimonios de otros detenidos indican que fue secuestrada por la CNI, que en esos meses había sucedido a la DINA dirigida por Manuel Contreras.
La jueza del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores Sanhueza, se constituyó ayer en el recinto de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Las indagaciones se centraron en el cuartel 2 del centro de formación militar. Familiares de víctimas del régimen militar se congregaron en la entrada del cuartel del Ejército. Sonia Burgos, dirigenta de la organización de familiares de desaparecidos en la zona del Maipo, precisó que las pesquisas pueden extenderse a otros casos, según un informe de Radio Cooperativa. Entre ellos podría contarse el caso del reservista del Ejército Manuel Rojas Fuentes, desaparecido en 1973. Anoche, en tanto, familiares de detenidos desaparecidos denunciaron que dentro del recinto militar se había observado la quema de elementos desconocidos, lo que les hizo temer que se tratara de algún intento de ocultar evidencia, según argumentaron.
Primera Linea 10 de Julio 2002Corte de Apelaciones reduciría los plazos
Pese a que la evaluacion es positiva, en tribunales se indica que la entrada en la fase final de las investigaciones es un factor que augura que no es necesario “tanto tiempo” para seguir adelante con su quehacer. Se indica que sólo cuatro de los cinco jueces exclusivos seguiría en este rango y se sumaría un nuevo magistrado al selecto grupo.
En la recta final de su investigación, los cinco jueces con dedicación exclusiva aguardan a que el próximo lunes 22 de julio la Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel se pronuncien sobre la ampliación de los plazos para seguir adelante con sus procesos sobre derechos humanos, aunque en esta oportunidad se prevé que se acoten los períodos de trabajo.
Esta es la primera vez que los tribunales de alzada analizarán el estado de los jueces especiales, luego que la Corte Suprema delegará esta responsabilidad en los superiores directos de los magistrados de turno.
A la luz de los avances de los procesos, fuentes judiciales estiman que se mantendrían cuatro de los cinco magistrados. Seguirían en carrera la titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda; del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Ines Collin; la titular del Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz; y la titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores. Los pronósticos dicen que quedaría excluido del selecto grupo el magistrado del Décimo Juzgado del Crimen, Juan Antonio Poblete, el único del equipo que no ha procesado a nadie en sus causas y que -según las mismas fuentes- difícilmente avanzará en sus casos.
En cambio se supone que reingresará al grupo el titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza, quien ya solicitó a la Corte Suprema su cambio de preferente a exclusivo. Lo mismo hizo hace algunos días el Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, cuyo director Luciano Fouillioux se entrevistó con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, solicitándole la incorporación de Carroza.
Pese al optimismo que ronda en torno a la evaluación de los magistrados, existe también la certeza que queda poco y nada por hacer en algunos procesos, antecedente que incidiría en que la prórroga sea más acotada y ya no de tres meses. La respuesta queda en manos del tribunal de alzada que fijará estos plazos en virtud al informe que entregan mensualmente los magistrados y que se profundiza al terminar su período con un documento más extenso. Se estima que de existir diligencias pendientes que sean practicables y que aporten a la investigación no habría obstáculos para la prórroga. En esa línea, cobra un rol gravitante el informe del ministro visitador de cada tribunal.
Los casos
Independiente de la resolución final de la Corte, los magistrados siguen avanzando en sus causas. Así el giro más importante es el adoptado por el Noveno Juzgado del Crimen en el denominado caso de la Academia de Guerra Aérea (AGA). La jueza Lermanda intenta desentrañar si es efectiva la versión de un ex conscripto de la Fach quien relató al Arzobispado que tres agentes trasladaron un cuerpo inerte, cubierto con bolsas, desde el subterráneo de la AGA hacia un helicóptero que lo llevo a un lugar no identificado. La información entregada en la Mesa de Diálogo indica que el destino final del cadáver habría sido el mar, y las pistas de la jueza Lermanda señalan que -preliminarmente- podría tratarse de José Luis Baeza, el único detenido desaparecido que aparece mencionado en el extenso proceso que ya totaliza las tres mil fojas. La tesis es manejada con absoluta cautela ante el temor que existan errores o se trate de otra persona.
En este caso se encuentran sometido a proceso por el homicidio de Alfonso Carreño y la desaparición de José Luis Baeza, ambos detenidos en julio de 1974, el teniente en retiro Franklin Bello Calderon, el coronel ® Ramón Cáceres Jorquera, el general ® y ex director del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (Sifa) Edgar Cevallos Jones y el ex funcionario de Gendarmería José Aladino Cerda Córdoba. Las pesquisas efectuadas por la magistrada también han contribuido al proceso paralelo referido a sobrevivientes de la AGA, que patrocina el Codepu en el mismo tribunal, y al recurso de revisión del general ® Alberto Bachelet que sigue pendiente en la Corte Suprema.
En paralelo la magistrada avanza en el final del proceso Víctor Olea Alegría detenido desaparecido en la Venda Sexy. En este caso fueron encargados reos la plana mayor de la Dina, incluido el brigadier ® Raúl Iturriaga Neumann, Gerardo Urrich y Alejandro Molina Cisternas, oficial de Carabineros en retiro.
En otro tribunal, el Cuarto de San Miguel, la magistrada María Teresa Díaz también tiene finiquitada la investigación sobre la desaparición de Cecilia Bojanic Abad, el 2 de octubre de 1974, cuando tenía tres meses de embarazo. En el caso fue procesado Orlando Manzo Gutiérrez, ex jefe del Campo de prisioneros de 4 Alamos
Por la desaparición de Alonso Gahona, la magistrada encausó a Eduardo Cartagena Maldonado, civil de la Fach; Manuel Agustín Muñoz Gamboa, Capitán Carabinero®; Luis Palma Ramírez Fach, civil; Otto Trujillo Miranda, Fach y Fernando Patricio Zúñiga Canales también civil de la Fach.
En el Octavo Juzgado la jueza Collin ha sido toda una sorpresa para la comunidad de derechos humanos. Desde un comienzo se vislumbró a la magistrada con un perfil renuente a estos procesos, sin embargo, con el paso del tiempo hubo un giro drástico al punto de establecer que tiene el 80% resuelto en los procesos que tramita. De hecho, el único punto en contra es el caso de Oscar Rojas Cuellar, proceso que no ha podido aclarar por falta de antecedentes y se presume que se dictará próximamente el sobreseimiento.
En otro tribunal, el juzgado de Letras de San Bernardo, la magistrada Cecilia Flores destaca con su rol en el caso del Cerro Chena, pero ha registrado también avances en el caso de Jenny Barra y traspaso uno de sus procesos sobre Comando Conjunto -la muerte del militante comunista David Edison Urrutia- a manos del magistrado Carroza.
El balance de los abogados querellantes en estos procesos resulta favorable, al punto de pensar que es inminente los cierres de sumario y el inicio del período de plenario
De:Departamento Comunicaciones
Enviado el: lunes, 22 de octubre de 2012 18:12
Asunto: PRIMERA MUJER CHILENA DESAPARECIDA IDENTIFICADA POR SML
COMUNICADO DE PRENSA
ERA ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA DE LA UC:
PRIMERA MUJER CHILENA DESAPARECIDA IDENTIFICADA POR SML
Esta tarde la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Soledad Espina, junto al director nacional del SML, Dr. Patricio Bustos Streeter, dieron a conocer a los familiares la identificación de Jenny Barra Rosales, estudiante de enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desaparecida en 1977.
Su identidad fue determinada mediante el trabajo multidisciplinario del Servicio Médico Legal y los análisis genéticos realizados por el laboratorio del Institute of Legal Medicine, Innsbruck Medical University (GMI), de Austria, a fragmentos óseos hallados en Cuesta Barriga.
De acuerdo a la información oficial consignada en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el día 17 de octubre de 1977 fue secuestrada por agentes de organismos represivos en las cercanías de su domicilio en la comuna de San Bernardo, y trasladada a un centro clandestino de detención y tortura desde donde desapareció.
Los restos óseos identificados con un 99,999% de probabilidad, corresponden a fragmentos encontrados en Cuesta Barriga que subsistieron a la Operación Retiro de Televisores, consistente en la remoción de los cuerpos de detenidos desaparecidos inhumados de forma clandestina con el objeto de ocultarlos definitivamente.
En Chile, según cifras oficiales, un total de 4.979 mujeres estuvieron en prisión durante la dictadura. Además, 75 fueron detenidas y ejecutadas políticas. De ellas, 11 estaban embarazadas.
CONTACTO: FabiolaOropesa, jefa del Área de Comunicaciones y RR.PP. del SML: 9.9496399.
Enviado el: lunes, 22 de octubre de 2012 18:12
Asunto: PRIMERA MUJER CHILENA DESAPARECIDA IDENTIFICADA POR SML
COMUNICADO DE PRENSA
ERA ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA DE LA UC:
PRIMERA MUJER CHILENA DESAPARECIDA IDENTIFICADA POR SML
Esta tarde la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Soledad Espina, junto al director nacional del SML, Dr. Patricio Bustos Streeter, dieron a conocer a los familiares la identificación de Jenny Barra Rosales, estudiante de enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desaparecida en 1977.
Su identidad fue determinada mediante el trabajo multidisciplinario del Servicio Médico Legal y los análisis genéticos realizados por el laboratorio del Institute of Legal Medicine, Innsbruck Medical University (GMI), de Austria, a fragmentos óseos hallados en Cuesta Barriga.
De acuerdo a la información oficial consignada en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el día 17 de octubre de 1977 fue secuestrada por agentes de organismos represivos en las cercanías de su domicilio en la comuna de San Bernardo, y trasladada a un centro clandestino de detención y tortura desde donde desapareció.
Los restos óseos identificados con un 99,999% de probabilidad, corresponden a fragmentos encontrados en Cuesta Barriga que subsistieron a la Operación Retiro de Televisores, consistente en la remoción de los cuerpos de detenidos desaparecidos inhumados de forma clandestina con el objeto de ocultarlos definitivamente.
En Chile, según cifras oficiales, un total de 4.979 mujeres estuvieron en prisión durante la dictadura. Además, 75 fueron detenidas y ejecutadas políticas. De ellas, 11 estaban embarazadas.
CONTACTO: FabiolaOropesa, jefa del Área de Comunicaciones y RR.PP. del SML: 9.9496399.
Ha vuelto Jenny Barra
Textos Ignacio VidaurrázagaFotografías: Luis Arellano y Colectivo Memoria PUC.
30 octubre, 2012
Es la primera mujer detenida-desaparecida en ser reconocida hasta el momento.
“Yo pensaba que a mi hija la iba a encontrar viva pasado 20 años…ahora ya sé que me la mataron…”
dice su madre la señora Laurisa de 80 años, que la ha buscado durante
35 años, sin aún saber que sucedió con su hija desde ese día de octubre
de 1977 en que no retornó a la casa familiar de San Bernardo. Sitio
donde vivió junto a su madre y su padre, un obrero panificador, a sus
hermanos Sergio, Enrique, Modesto y Ricardo y también junto a su hermana
conchito: Susana.
Todos los hermanos reunidos, al centro Jenny
Hace
pocos días el Servicio Médico Legal les ha dicho que por fin, a partir
de unos pocos huesitos ha sido posible el milagro de identificar a
Jenny, la estudiante de enfermería de la Pontificia Universidad
Católica, la militante clandestina del MIR…la dirigente estudiantil del
Liceo de Niñas de San Bernardo.
Ahora
vendrá por fin el hacer los rituales de despedida a esta joven que el
sábado 26 de octubre hubiese cumplido 59 años. Su velatorio, se
efectuará desde las 16:00 horas el próximo viernes 9 de noviembre en la
casa familiar de calle Industria 1675, entre Enrique Madrid Osorio y
Eucaliptus en San Bernardo. Al día siguiente, el sábado 10 el cortejo
saldrá desde ese sitio para arribar con los restos de Jenny al Memorial a
los detenidos desaparecidos y ejecutados del Cementerio General a las
12:00 horas, acompañados por la AFDD, quién en todo momento ha estado
junto a la familia Barra Rosales.
Muy
seguramente en torno a la próxima despedida de los restos de Jenny
Barra, la familia y sus amigos recopilaran nuevos trozos de historia
acontecidos durante esos primeros años de dictadura, particularmente en
su actividad como resistente clandestina en San Bernardo y en la
entonces comuna de Barrancas.
LA MEMORIA EN SAN BERNARDO
Es
sábado 26 de octubre y en la Plaza Guarello junto al Memorial por las
víctimas de la dictadura que lleva el nombre de Jenny Barra, desde muy
temprano comienzan a juntarse hombres y mujeres para homenajear y
recordar a esta estudiante sanbernardina. Convoca la “Agrupación Jenny Barra”
(AJB), la misma que surgiera luego de la Mesa de diálogo del 2001 y que
se convocara por la Verdad del Cerro Chena. En ese propósito fuera de
la AJB, estuvo la AFEP, el Colectivo Memoria Viva y la Radio Canelo 149
AM.
Hoy en esta plaza donde hay un Memorial realizado con durmientes están profesoras y estudiantes de la generación de Jenny.
Del
Liceo de Niñas de San Bernardo, donde hace pocos días la han recordado
sus profesoras, entre ellas Emilia Leytón quien la rememora egresando
del 4to E en 1972 y como posteriormente quedó en la Universidad Católica
en Enfermería. También, hoy hace recuerdos su amiga Marta Romero, a la
que le decían “la Gaby”, mientras Jenny para sus amistades de adolescencia era “la Pepona”.
Han llegado profesores de ella en la Católica y los compañeros del
Colectivo Memoria PUC, que han realizado un trabajo tesonero por
recordar a los profesores y estudiantes caídos en dictadura.
Pintores
muralistas estampan a trazos la memoria de Jenny, vienen cantos y
testimonios, todo parece preparar esa despedida que muchos en San
Bernardo harán el 9 y 10 de noviembre a esa niña que vieron crecer y
comprometerse con los sueños de justicia social de su tiempo.
Dice un folleto “Por la verdad del cerro Chena” “los
testimonios recogidos señalan a varios de los oficiales y civiles que
participaron en las detenciones, torturas y fusilamientos…el general
Leonel Köning quien se suicidaría en 1975, otro general llamado Pedro
Montalva, un capitán en ese entonces Luis Cortes Villa (directivo
Fundación Augusto Pinochet) conocido también como “El Ángel Negro” y
otro oficial llamado Germán Stagmaier. Entre los civiles destacan tres
empresarios: Francisco Luxoro, Darío González y Héctor Carrasco. Ellos
saben que sucedió con los trabajadores de la maestranza y quizás también
sobre Jenny Barra. Saben, pero aún callan…”
SALUDO DESDE VILLA GRIMALDI
Margarita
Romero, presidenta de la Corporación Parque Villa Grimaldi asiste al
acto en plaza Guarello y leerá unas palabras, la acompaña Marcelo Agost,
también integrante del directorio. “Es un honor para mí y nuestra
institución, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi compartir
hoy con todos ustedes el recuerdo de Jenny, quisiera saludar
especialmente y expresar todo nuestro cariño a la familia de Jenny, a
sus padres Laurisa y Sergio a sus hermanos y hermana, Sergio, Enrique,
Modesto, Ricardo y Susana, y a sus amigos y compañeros representados en
Patricia e Isabel”.
Más adelante agrega. “Su
compromiso social y político, llevo a Jenny a permanecer en Chile tras
su primera detención, a continuar luchando por recuperar la libertad de
los chilenos, a continuar militando en tareas difíciles y peligrosas en
un contexto de lucha clandestina, como la participación en la confección
del Rebelde, órgano difusor del MIR, de vital importancia para
comunicar y transmitir las tareas de la resistencia”. Para finalizar su
intervención diciendo: “En el Parque por la Paz Villa Grimaldi, desde
hace años Jenny es parte del Jardín de las Rosas, creado para homenajear
a las mujeres desaparecidas o asesinadas durante la dictadura. Junto a
cerca de 200 otras mujeres representadas cada una por un rosal, Jenny
tiene un lugar en la memoria”.
LA MEMORIA EN LA FAMILIA
Su madre Laurisa afirma con voz suave pero firme… “yo no me voy a conformar con que me hayan entregado unos huesitos…nunca se ha sabido quienes fueron…”. También
rememora cuando Jenny le regalo un corte de género para que se hiciera
un traje, para el día en que se titulaba, poco antes de su segunda
detención. “Esa mañana salió, a ella le tocaba estudiar y al otro día no llego…”. Después sabrían que la seguía un auto blanco…
Laurisa, al costado izquierdo, marchando con la AFDD
Su
hermana Susana tenía 11 años cuando Jenny desapareció y dice que Jenny
la obligó que hiciera algo más, que estudiara guitarra porque era muy
buena para ver tele. “Yo era muy regalona de ella, aprendí a leer en
la casa, porque me aburría en el colegio. Recuerdo que mi primer libro
fue Papelucho y me lo regalo Jenny…”
Los
dolores para esta familia no se detuvieron con la perdida y búsqueda de
Jenny. El 2010 y a consecuencia del maremoto, mientras vacacionaban
frente a Pelluhue, perdieron al pequeño Alonso de 8 años… sus restos los
pudieron recuperar transcurridos cinco días. En la casa familiar hay
dos altares de memoria: uno para Jenny u otro para el pequeño Alonsito,
rodeado de calas blancas cultivadas por su abuela.
Susana, madre del pequeño dice: ¿cuándo será el día que militares y marinos asuman lo que han hecho…? Juntando ambos dolores…
En la familia ya hay una sobrina que se llama Jenny Barra y que tiene 30 años, mientras siguen creciendo nietas y nietos.
Nos
vamos despidiendo, Laurisa nos muestra sus fotos de lucha con sus
compañeras de la AFDD en los días de dictadura, allí va por la calle y
portando un lienzo con el retrato de su hija alfilerado al pecho…porque
nuevamente han sido los familiares los tesoneros.
Ahora se cierra un capítulo y como dice la madre de Jenny comienza otro…el de la verdad y la justicia.
Acto de homenaje a Jenny en Plaza Guarello de San Bernardo
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